La exhumación de 4.000 fusilados por Franco en Córdoba vuelve a ser presa de la incertidumbre. Todo indica que los trabajos de recuperación de las víctimas no comenzarán antes de las elecciones municipales del 28M, que podrían catapultar a Vox al nuevo equipo de gobierno local si el PP no logra la mayoría absoluta. Una resolución del Tribunal de Recursos Contractuales acaba de anular la licitación de los servicios de exhumación e identificación de las víctimas al estimar la impugnación de una empresa de Cuenca contra la adjudicación en un solo lote de los dos cementerios de Córdoba.

La resolución establece que se debieron de licitar las dos fosas comunes por separado y anula todo el procedimiento. La suspensión obliga a rehacer el expediente de nuevo, lo que ocasionará un retraso de varias semanas, justo al límite de los comicios municipales. Las asociaciones memorialistas han acogido con un indisimulado malestar este nuevo aplazamiento a pocas semanas de que el Gobierno local cumpla su mandato legal.

"Es una negligencia más", protesta Mar Téllez, presidenta del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, que lleva largos años trabajando por la reparación de las miles de víctimas fusiladas en Córdoba tras el golpe militar de 1936. "Es un despropósito porque no se ponen con la urgencia que requiere este tipo de procedimientos. No dan pie con bola y estamos ojo avizor, tanto si ha sido realmente por un error administrativo o por otras cuestiones que no sabemos".

En teoría, el procedimiento administrativo seguirá su curso más allá de la eventualidad de un cambio de gobierno local, tal como ha subrayado el concejal de Gestión, Antonio Álvarez. Las asociaciones memorialistas, sin embargo, no lo ven tan claro. "Este retraso significa que hay que esperar a que haya un nuevo cambio de gobierno y posiblemente otra persona que esté al frente de esa responsabilidad", argumenta Téllez. "Y no sabemos si esa persona le va a dar una patada al expediente o lo va a retrasar todavía más. Este retraso supone un bloqueo total y absoluto".

El Ayuntamiento de Córdoba está gobernado actualmente en coalición entre PP y Ciudadanos. Las encuestas auguran el hundimiento de la formación naranja y colocan al PP al borde de la mayoría absoluta. Si no la consigue, es muy probable que necesite el apoyo de Vox, cuya oposición frontal a la Ley de Memoria Democrática es clara y sin fisuras. Si el servicio de exhumaciones no se adjudica antes de las elecciones, tal como había comprometido el Gobierno local, todo el procedimiento podría estar en peligro.

"Es lamentable", asegura Antonio Deza, presidente de la asociación memorialista Dejadnos Llorar. "Este nuevo retraso se une a otros anteriores y todo esto no tiene mucha justificación". Deza se reunió el pasado noviembre con responsables del Ayuntamiento y el equipo técnico, y ya entonces existían serias dudas sobre la conveniencia de licitar los dos cementerios en un solo pliego o hacer lotes distintos. "El alcalde [José María Bellido] resolvió las dudas pidiendo que se licitara el cementerio de la Salud antes de diciembre y luego, ya más tranquilamente, que se sacara el de San Rafael. Lamentablemente, cuando se ha publicado el pliego de licitación van los dos cementerios en el mismo lote".

Los técnicos barajan que el camposanto de la Salud alberga más de un millar de cuerpos en varias fosas comunes, mientras que el de San Rafael aloja el doble. Del primero se dispone de información muy detallada, en un dosier de más de 500 páginas, tras haberse practicado varias catas arqueológicas. "Aquí hay datos suficientes para hacer una licitación con fundamento", sostiene Antonio Deza. La información disponible de la necrópolis de San Rafael, en cambio, es mucho más imprecisa y, por lo tanto, complicará las labores de exhumación. Solo se ejecutó una cata en octubre del año pasado en una zona ajardinada donde hay evidencias de la existencia de una fosa, aunque se desconoce aún sus dimensiones.

Si se confirman las estimaciones iniciales, cuantificadas en 4.000 víctimas, estaríamos probablemente ante la fosa de fusilados mayor de toda España, por encima de Sevilla y Málaga. "Es muy difícil poner la mano en el fuego por una cifra concreta", aduce el historiador Antonio Barragán, uno de los investigadores más activos en el estudio de la sublevación y represión militar franquista en Córdoba. "Podríamos estar ante la gran fosa de la Guerra Civil española", afirma. Un exhaustivo trabajo ejecutado hace ya una década por el Archivo Municipal identificó a 2.303 víctimas cruzando los libros de enterramientos y la documentación de las prisiones. Todos sus nombres están homenajeados en un muro de la memoria levantado en el cementerio de San Rafael. Las víctimas totales, sin embargo, podrían superar de largo esa cifra.

Barragán lamenta el insuficiente empeño que ha puesto el Ayuntamiento de Córdoba en sacar adelante el proceso de exhumaciones, pese a que el protocolo acordado por las cuatro administraciones públicas fue firmado en diciembre de 2020. Entonces, el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación provincial y el Consistorio firmaron un protocolo y se comprometieron a aportar un total de 1,6 millones de euros para acometer los trabajos de recuperación e identificación de los restos humanos.

"Yo no quiero pensar que hay una intencionalidad política en este retraso", asegura el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba. "Quiero pensar que ha sido la impericia de quienes están tirando de las riendas del procedimiento. Este retraso va a suponer que lleguemos a las elecciones municipales sin saber si la nueva corporación va a asumir todo este trabajo ya realizado", indica Barragán, que espera, sin embargo, que los trámites administrativos puestos ya en marcha sean "difíciles de frenar".

El concejal Antonio Álvarez, responsable político de las exhumaciones, se ha comprometido ante las asociaciones memorialistas a acelerar el expediente y sacar el nuevo pliego de condiciones a la mayor brevedad posible. "A nosotros nos dijo que el procedimiento iba a seguir su curso y que las elecciones municipales no tienen por qué pararlo", explica el responsable de la asociación Dejadnos Llorar. Una vez licitado el servicio de exhumaciones, el plazo de ejecución es difícil de calcular, aunque algunas fuentes estiman que se prolongará al menos un año y medio.

Las asociaciones memorialistas están ya fatigadas de la larga espera y la cascada de imprevistos. Dejadnos Llorar presentó formalmente su petición ante la Junta de Andalucía el 22 de mayo de 2017, hace ya casi seis años. Muchos familiares son personas mayores y sienten urgencia por recuperar a sus seres queridos lo antes posible. "Esto es una vergüenza para Córdoba", afirma sin rodeos Antonio Deza. "¿Cómo puede esta ciudad enfrentar su futuro teniendo una de las fosas más grandes del mundo?", se pregunta. "Por justicia, tenemos derecho a la verdad", concluye.