La comisión de investigación sobre la Kitchen ha echado a andar en el Congreso casi tres meses después de que la mayoría del Pleno aprobara su creación. Este órgano comprometerá al PP de Pablo Casado, pues tiene por objeto indagar sobre la presunta utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, durante los mandatos de Gobierno de Mariano Rajoy, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción.

En la sesión constitutiva, los grupos políticos han elegido a la mesa que dirigirá los trabajos de investigación. En este sentido, tal y como estaba previsto, la socialista Isaura Leal estará al frente del órgano rector al ser elegida en votación a mano alzada mediante voto ponderado por mayoría simple. La también presidenta de la comisión de Justicia se ha impuesto por 168 votos a favor frente a los 88 obtenidos por el diputado popular Carlos Rojas.

El portavoz de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ocupará la vicepresidencia primera de la comisión, por delante de Carlos Rojas, designado como vicepresidente segundo. La socialista Andrea Fernández, portavoz adjunta en la Comisión de Justicia, será la secretaria primera. La elección de la diputada conservadora Ana Belén Blázquez como secretaria segunda completa la mesa de la comisión parlamentaria, que cuenta, como en casi todas las comisiones del Congreso, con mayoría de los partidos que sostienen al Gobierno, tres votos frente a los dos del PP.

"Quiero desear a todos los miembros de esta comisión suerte y empeño en estas funciones", ha señalado la presidenta de la Mesa del Congreso, Meritxell Batet, encargada de inaugurar la comisión. "Agradecemos la confianza depositada en todos nosotros. En las próximas semanas se reunirá la mesa para ordenar el plan de trabajo de la misma", ha expresado Leal tras ser elegida presidenta del órgano rector. De este modo, la Mesa acordará la organización de las tareas y la lista de comparecientes en enero. Para que los trabajos sigan su curso, el Congreso habilitará el mes de enero, que suele estar fuera del periodo de sesiones, tras la petición del PSOE, Unidas Podemos y los socios del Gobierno.

De acuerdo con el texto, los grupos solicitan la celebración de las sesiones extraordinarias necesarias para el desarrollo de los trabajos de dicha comisión, por lo que a finales de enero y principios de febrero tendrían lugar las primeras comparecencias. Así, mientras que el PSOE y Unidas Podemos, grupos impulsores de la iniciativa, se ponen de acuerdo para elegir a las personas que llamarán a declarar, como el actual líder del PP Pablo Casado y el excomisario José Manuel Villarejo, todo apunta a que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy acudirá a la sala Constitucional para dar explicaciones sobre la operación Kitchen, la trama que se fraguó presuntamente durante su mandato y que ahora investiga la Audiencia Nacional. 

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exministro Jorge Fernández Díaz y quien fuera su número dos en Interior, Francisco Martínez, estos dos últimos imputados en la pieza siete de la macrocausa judicial Tándem, tienen muchas papeletas para ser llamados a declarar. Y es que, la investigación abierta en la Audiencia Nacional trata de arrojar luz sobre el dispositivo policial presuntamente ideado por el PP, organizado por el Ministerio de Interior, ejecutado por Villarejo y pagado con fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre el partido.

El portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, ha señalado a la entrada de la sala Constitucional que el Congreso "levantará la tapa de esa cloaca para ver hasta dónde llega la infección mafiosa del PP en el Ministerio de Interior, la utilización de lo público para hacerle la guerra sucia a los adversarios del PP y destruir pruebas de su corrupción". En este sentido, ha añadido: "Pensamos que Cospedal, Rajoy, Villarejo y Casado deberían comparecer"

Ante este hecho "tan grave" y que apunta a prácticas "censurables", los grupos políticos han escogido a sus principales portavoces como vocales de la comisión parlamentaria para poner contra las cuerdas a la formación conservadora. De esta forma, el portavoz adjunto del grupo socialista Felipe Sicilia y su homólogo en la comisión de Interior, David Serrada, completarán la representación del PSOE en la comisión. Unidas Podemos ha designado a Echenique y a su portavoz adjunta, Sofía Fernández Castañón.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, representará a su grupo junto a la diputada Pilar Vallugera. Íñigo Errejón (Más País) y Miriam Nogueras (Junts) harán lo propio por el Grupo Plural; el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, representará a su grupo; Mikel Legarda lo hará por el PNV; Oskar Matute, por EH Bildu, y Carlos García Adanero, de UPN, será el representante del Grupo Mixto.

Por su parte, el PP lleva a al portavoz de la comisión de Justicia, Luis Santamaría, mientras que la formación de extrema derecha está representada por la secretaria general del grupo, Macarena Olona, y los diputados Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo.

A pesar de los intentos de la actual dirección del PP de alejarse de los casos de corrupción que sobrevuelan Génova, el "fantasma que siempre vuelve", los trabajos de la comisión que incomoda a la formación de Pablo Casado coincidirán con la campaña y celebración de las elecciones catalanas, una cita prevista para el 14 de febrero.

Y, mientras el PP confía en mejorar sus resultados en Catalunya -cuentan con tan solo cuatro diputados en el Parlament-, el partido también tendrá que lidiar con el calendario judicial para 2021, que acoge varias citas relacionadas con la presunta corrupción del PP, como el desarrollo de la investigación sobre la operación Kicthen y el inicio del juicio por el caso Bárcenas, cuya causa investiga el presunto pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la caja B del PP.