Operación KitchenInterior no halla rastro en sus archivos de ninguna 'operación Kitchen' para espiar a Bárcenas

El Ministerio del Interior no ha encontrado en sus archivos o en la documentación de fondos reservados ningún pago que haga referencia a una operación policial denominada 'Kitchen', el operativo que investiga la Audiencia Nacional supuestamente puesto en marcha en 2013 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Así consta en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, de la Secretaría de Estado de Seguridad remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, quien le había solicitado que aportara "cualquier documentación archivada en este Departamento referente con las investigaciones seguidas" por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en referencia a la pieza 7 del conocido como 'caso Villarejo' o 'caso Tándem'.

"Revisada la documentación obrante en este Centro Gestor de fondos reservados de los Servicios Centrales del Ministerio del Interior, y correspondiente a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional para los años 2013 a 2015, no consta ninguna correspondiente o que haga referencia a una operación policial denominada 'Kitchen', 'Cocinero', 'Cocina' o 'K'", explica el oficio, de fecha 15 de noviembre de 2019.

En la pieza 7 se investiga el despliegue en el que habría participado el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo para, con fondos reservados, pagar a Sergio Ríos, que era el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, a fin de que sustrajera documentación sensible sobre el partido que obraba en su poder. Aquel presunto operativo policial se habría desarrollado sin control judicial a partir del año 2013.

Fue el anterior magistrado instructor quien pidió a Interior la desclasificación de los detalles del operativo y las identidades de quienes hubiesen participado en él para "acreditar la presunta comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y otros".

Lo hizo en una exposición razonada, de noviembre de 2018, en la que explicaba que los investigadores encontraron diversos archivos de audio "que vendrían a demostrar que dicho operativo excedería del marco legalmente previsto y que se dirigía sin habilitación legal o con exceso manifiesto de la que inicialmente podría haber tenido" a localizar documentos y archivos "que resultarían comprometedores para determinados dirigentes del Partido Popular".

"Dicho operativo, habría tenido un resultado positivo", dijo entonces el juez, que añadió que del examen del dispositivo se halló documentación "que reflejaría" que en dicha supuesta operación "se habrían empleado fondos reservados" con carácter "formalmente oficial, pero de contenido manifiestamente ilícito", lo que conllevaría a una "desviación de los recursos estatales para la consecución de finalidades espurias".

En el curso de la instrucción de esta pieza, de la que se ha levantado el secreto de sumario de forma parcial, el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño, que se encuentra también imputado en esta macrocausa, declaró que hizo entrega de material extraído del móvil de Bárcenas al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.