La mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados tiene la ventaja de que el Gobierno y su grupo parlamentario pueden legislar a sus anchas. Pero corren el riego de hacerlo en solitario. Y además, ser acusados de caciques. Es lo que ha ocurrido hoy en la Diputación permanente, el órgano de la Cámara baja que toma decisiones fuera de los períodos ordinarios de sesiones como es el mes de julio. La bronca en esta instancia parlamentaria se ha producido por el deseo del Gobierno de introducir en el orden del día del pleno extraordinario que empieza esta misma tarde- cosa que corresponde establecer a la Diputación permanente - el real-decreto ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministro en el que se introducen medinas para liberalizar varios sectores económicos.

Esta iniciativa gubernamental modifica, en 200 páginas de texto, hasta 25 leyes: desde la privatización de Aena hasta la regularización del sector energético, además de modificar las haciendas locales e introducir reformas laborales para propiciar la contratación de jóvenes. El caso es que toda la oposición en conjunto, alegando una vulneración de los trámites reglamentarios, se ha opuesto a la pretensión del Gobierno. "Es una cacicada", ha clamado la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, tanto dentro de la sala de los debates como fuera ante los periodistas. La representante del principal grupo de la oposición, además, ha anunciado la voluntad de los socialistas de recurrir ante el Tribunal Constitucional tanto el contenido del real decreto-ley como el procedimiento decidido unilateralmente por los populares con el fin de introducirlo en el orden del día del pleno extraordinario.

El resto de portavoces, principalmente el representante del grupo La Izquierda Plural, José Luis Centella, ha lanzado duras críticas incluso al propio presidente de la Cámara baja, el popular Jesús Posada, por permitir lo que ha calificado como "alteración de los procedimientos democráticos más elementales". Y ha anunciado que su grupo no mantendrá ningún contacto con el Gobierno ni con el PP para negociar ninguna iniciativa relacionada con la regeneración democrática que anuncia el Ejecutivo.

En similares términos se han expresado el resto de portavoces de la oposición. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha calificado lo sucedido como "la muerte del parlamentarismo". La indignación de la oposición, al margen de la interpretación partidista del reglamento realizada por el PP, estriba en el hecho de que con tan escaso margen de tiempo "es imposible estudiar un texto tan complejo para poder enmendarlo y, sobre todo, debatirlo. No creo que el Gobierno traiga a la cámara hasta nueve ministros que son los afectados", ha dicho Soraya Rodríguez.

La mayoría absoluta del grupo parlamentario popular ha permitido, con la oposición del resto de los grupos de la cámara, la inclusión de esta iniciativa en el orden del día, como pretendía el Gobierno. Su portavoz, Alfonso Alonso, ha dicho que "en momentos difíciles económicamente lo menos que se puede pedir a todo el mundo es responsabilidad. Hoy no se ha puesto de manifiesto aquí argumentando aspectos formales y prisas. El tren de la recuperación solo pasa una vez. El Gobierno, en su lucha para superar la crisis, ha propuesto numerosas medidas para favorecer la recuperación. Nuestra obligación es apoyar estas iniciativas positivas".

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