La lista de vocales que ocuparán los puestos para juristas de reconocido prestigio en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vio la luz a última hora de la tarde de este lunes, in extremis; en ella aparecen los cuatro juristas propuestos por PSOE y PP en el Congreso de los Diputados, así como los cuatro designados en el Senado. Y, de los tres elegidos por el partido de Pablo Casado, dos de ellos son parlamentarios del PP, ni más ni menos. 

José Miguel Castillo y Manuel Guillermo Altava son diputado y senador del PP, respectivamente.

A ellos se unirán los 12 jueces o magistrados que han recogido avales o se han visto arropados por las distintas asociaciones de la magistratura; 50 de ellos presentaron sus candidaturas hasta septiembre, cuando se cerró el plazo, y serán las cámaras las que, en virtud del acuerdo PSOE-PP, los catapulten hasta el Consejo, en el que previsiblemente tomará las riendas el magistrado Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

El mandato de este órgano dura cinco años, y el que está en vigor arrancó su andadura en 2013. A partir de diciembre, cuando cumple el mandato de su presidente, Carlos Lesmes, y los 20 vocales del actual CGPJ (11 hombres y 9 mujeres), Congreso y Senado deben elegir por mayoría de 3/5 a sus sucesores.

A continuación, una lista de los 8 nombres que ya están oficialmente confirmados, y un repaso a los que ya han aparecido en distintas informaciones. Los nombres confirmados acceden a estos puestos por la vía reservada a los juristas y, como establece el artículo 122.3 de la Constitución, todos ellos deben probar su "reconocida competencia" y contar "con más de quince años de ejercicio en su profesión".

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Cuatro vocales por el Congreso de los Diputados

José Ricardo de Prada Solaesa (progresista): Es el magistrado considerado responsable de las frases más contundentes de la sentencia que condenó al PP como partícipe a título lucrativo por la trama corrupta Gürtel, y que sentó las bases de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa. De Prada llegó a la Audiencia Nacional en 1990. Quedó en minoría frente a sus cuatro compañeros de la Sección Segunda de la Audiencia cuando respaldó la excarcelación de los dirigentes de asociaciones culturales independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que llevan un año y un mes en prisión provisional.

Pese a ser juez, finalmente llegará al Consejo por la vía de los juristas de reconocido prestigio, ya que no pudo transitar el camino reservado a los magistrados, al no encontrarse en activo.

Carmen Sáez Lara (progresista): Catedrática de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba, Sáez de Lara ejerció como consejera del Consejo Consultivo de Andalucía entre 2005 y 2013. De 1995 a 2000 fue letrada del Tribunal Constitucional

Entre los doce vocales de extracción judicial del sector progresista previsiblemente estarán Fernández Seijo, Esther Erice, Victoria Rosell; Ángel Arozamena y José María del Riego

Luis Martín Contreras (progresista): exsecretario de Gobierno de la Audiencia Nacional, reemplazado por el Ejecutivo de Rajoy en 2010, tras 5 años en el cargo. Martín es autor de varios libros y ha desarrollado su carrera docente en las Universidades Autonóma, UNED y Carlos III de Madrid. Es letrado de la Administración de Justicia en el Supremo, y fundador de la Unión Progresista dentro de ese cuerpo de funcionarios.

José Miguel Castillo Calvín (conservador): Abogado y exdiputado del PP en la X Legislatura (2011-2016), es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid). Ejerció como portavoz en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, y fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort por el exministro de Justicia de Mariano Rajoy, Rafael Catalá.

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Otros cuatro por el Senado

Manuel Guillermo Altava Lavall (conservador): Altava es aún senador en activo por Castellón, además de presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. Es doctor en Derecho, ha ejercido como magistrado titular del Juzgado número 3 de Castellón, y también es profesor de Derecho público y Derecho procesal en la Universidad Jaume I En febrero de 2010, el Tribunal Supremo archivó la causa abierta contra Altava por un presunto delito de realización arbitraria del propio derecho. Su expareja formalizó una denuncia, pero la Sala de lo Penal del Alto Tribunal determinó que los hechos no eran constitutivos de delito.

María Rosa Rubio Ramos (conservadora): Integrante de la Asociación de Fiscales, Rubio, fiscal decana de Las Palmas, fue elegida vocal del Consejo Fiscal Estatal este mismo año. Hasta 2008, fue directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, en el Gobierno canario de Paulino Rivero (Coalición Canaria). Anteriormente fue delegada de Violencia de Género en la Fiscalía de Las Palmas.

Pilar Fernández Pérez (progresista): La fiscal Fernández Pérez es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Bernardo Fernández Pérez (progresista): es profesor asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo. Fue consejero de Presidencia en Asturias con el PSOE.

Además, y como suplentes, PSOE y PP han propuesto para ser designados por el Congreso a Ana Pérez Cepeda, Juan Antonio García Jabaloy y Blas Jesús Imbroda Ortiz. En el Senado, los suplentes son Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, Francisco Javier Lara Peláez y Natalia Reus Martínez.

Por otro lado, y como recoge EFE, fuentes cercanas a la negociación apuntan que entre los doce vocales de extracción judicial propuestos por el sector progresista estarán José María Fernández Seijo, Esther Erice, Victoria Rosell, los magistrados del Supremo Ángel Arozamena y José María del Riego, y la expresidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán .

Además, entre los propuestos por el Partido Popular estaría Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial, esposa del juez Pablo Llarena y candidata que más avales logró de sus compañeros de cara a este proceso; y María Tardón, recientemente elegida magistrada de la Audiencia Nacional y avalada por la asociación Francisco de Vitoria.