Pacto de rentas frente a los precios y permiso remunerado de 10 semanas: este es el programa de Sumar

Sumar ha presentado este jueves su programa electoral de cara a los comicios del 23 de julio. En el documento se incluyen numerosas medidas en materias como el trabajo y la jornada laboral, la fiscalidad, los derechos sociales, la transición energética o la vivienda.

Una de las principales medidas en materia económica es el despliegue de un pacto de rentas frente al crecimiento desmedido de los precios que tendrá como objetivo "acordar un reparto adecuado de las implicaciones del encarecimiento de los precios de importación y cortar los efectos de segunda ronda. Existe margen suficiente para que los salarios recuperen el poder adquisitivo perdido en 2022 sin afectar los precios finales", reza el texto.

El pacto de rentas ha sido una de las cuestiones que han centralizado el debate de la última parte de la legislatura, cuando se desbocó la inflación y Rusia invadió Ucrania. Algunas voces, especialmente la derecha y las patronales, pidieron un pacto a modo de los Pactos de La Moncloa, de contención de los salarios.

Desde la izquierda y desde los sindicatos se abogó por un pacto de reparto de los costes de la inflación en el que también se involucraran las empresas con beneficios para proteger las rentas salariales y el poder adquisitivo de los trabajadores. Esta es la posición que Sumar lleva a grandes rasgos en el programa.

Otra de las medidas es la implementación de un permiso parental remunerado de 10 semanas hasta los 12 años. Se trata de una ampliación del permiso que recientemente se aprobó en el Consejo de Ministros y que estaba incluido en la denominada ley de familias; en este caso, el actual permiso parental no está remunerado y es de ocho semanas hasta los ocho años.

Intervenir mercados cuando haya prácticas desleales

Se propone garantizar "los instrumentos necesarios para intervenir directamente en mercados afectados por prácticas desleales o no competitivas que pongan en peligro los suministros o provoquen inflación y sobrecostes para los hogares y para otras empresas"; estos mercados serían el de la vivienda, el crédito, la luz, el agua, o el de los alimentos (la denominada cesta básica), entre otros.

Se recupera también una medida que planteó Podemos en anteriores programas: la creación de una empresa pública de energía que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas. Una de las medidas más importantes del programa es la ampliación en dos millones de viviendas sociales en 10 años, invirtiendo para ello el 1% del PIB.

Según el equipo de Sumar, esta inversión se llevará a cabo a través de la construcción, la compra, la movilización y la rehabilitación de vivienda para "crear un verdadero parque de alquiler protegido". El objetivo es el de aumentar este parque en 200.000 viviendas al año.

En materia fiscal el programa electoral de Sumar propone hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas, alcanzando el 4% en el caso de las fortunas más elevadas; también fijar un mínimo no bonificable por las comunidades autónomas del impuesto de sucesiones y donaciones.

Ley de listas de espera en la sanidad pública

En este apartado fiscal se incluye una reforma del IRPF para hacerlo más progresivo y cuatro grandes impuestos verdes para favorecer e impulsar la transición energética: gravámenes a los beneficios extraordinarios de la industria fósil; un impuesto a los bienes y servicios de lujo que generan emisiones (vehículos de lujo, aviones privados, grandes yates y vuelos frecuentes peninsulares o en clase business); una tasa al plástico y un impuesto general a las grandes empresas contaminantes.

En materia de Estado del bienestar destaca la propuesta para crear una ley de listas de espera en la sanidad pública "que establezca tiempos máximos de espera y garantice un registro homogéneo, transparente y fiable de las listas de espera en todo el país".

Sobre bienestar animal Sumar propone la derogación de la ley de protección cultural y patrimonial de la tauromaquia; también la protección de menores limitando su participación "en espectáculos crueles con animales", así como la "supresión de la financiación pública de los espectáculos taurinos con muerte del animal".