ERC cerró definitivamente este lunes la puerta a negociar con el Govern del PSC los presupuestos de la Generalitat de Catalunya de 2025. La decisión de los republicanos, que exigen avances significativos en la financiación singular y en el traspaso de Rodalies antes de abordar nuevos acuerdos con los socialistas, supone que el ejecutivo presidido por Salvador Illa tendrá que funcionar con las cuentas del 2023 prorrogadas, puesto que las del año pasado tampoco se aprobaron.

De hecho, uno de los grandes cambios en la política catalana de la última década es que la aprobación de los presupuestos del Govern ha dejado de ser la norma. En este periodo solo han tirado adelante en cuatro ocasiones: los de los años 2017, 2020, 2022 y 2023. En los seis años restantes las cuentas no se han aprobado, ya sea porque las ha tumbado el Parlamento o porque, directamente, no se han llegado a presentar en la cámara, como será el caso de este 2025.

La situación contrasta absolutamente con la que se daba previamente, puesto que hasta 2013 el Govern había conseguido que la cámara diera el visto bueno a todas las cuentas. La racha se rompió aquel año, ya con el procés independentista en marcha, cuando el ejecutivo encabezado por Artur Mas renunció a llevar los presupuestos al Parlament.

Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla pudieron aprobar todas las cuentas de sus respectivos ejecutivos. Un hecho que se explica porque disponían de mayorías absolutas en el Parlament –ya fuera en solitario, caso de CiU; o con el conjunto de formaciones integradas en el Govern, caso de los tripartitos–, o con alianzas más o menos sólidas que les permitían superar el filtro del legislativo. La creciente atomización electoral que vive la política catalana desde la segunda década de este siglo ha cambiado este paradigma y los ejecutivos autonómicos han perdido solidez parlamentaria y esto se ha traducido en que muchas cuentas no han salido adelante.

El "no" del Parlament a las cuentas de Puigdemont y Aragonès

Durante sus cinco años de presidencia (2010-2015), Artur Mas consiguió que el Parlament aprobara cuatro de sus cuentas, las de 2011 y 2012 gracias al apoyo –vía abstención– del PP y las de 2014 y 2015 gracias a ERC. Las de 2013, en cambio, ni siquiera llegarían al Parlament, una decisión que el entonces líder de CiU asumió en julio de aquel año.

A pesar de que la etapa de Mas ya supuso acabar con la tradición que el Parlament siempre aprobaba los presupuestos de la Generalitat, visto con perspectiva en su mandato dominaron las cuentas que tiraban adelante, una situación que no se ha repetido en la última década. Desde entonces, las prórrogas presupuestarias han sido la nueva normalidad.

Carles Puigdemont, sucesor de Mas al frente del Govern, sería el primer presidente que vería como el Parlament tumbaba las cuentas de la Generalitat. Fue en 2016, cuando la CUP se alineó con el conjunto de la oposición contra los presupuestos del Govern de Junts pel Sí. Como consecuencia de la negativa, Puigdemont decidió someterse a una cuestión de confianza, que superaría. Y en 2017 sí que lograría el apoyo de la CUP para validar en marzo unas cuentas vinculadas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, que se materializaría el 1 de octubre.

Con una Generalitat intervenida por el Estado a raíz de la aplicación del artículo 155, el nuevo Govern no se formalizaría hasta junio de 2018, con la investidura de Quim Torra, que optaría por prorrogar las cuentas de 2017. Tampoco avanzaría con las negociaciones de los presupuestos de 2019 y el Govern de Junts y ERC decidió directamente no presentarlos al Parlament. Finalmente, ya en plena pandemia de Covid-19, en abril de 2020 el Parlament aprobó los únicos presupuestos de la presidencia de Torra, que ponían punto y final a más de tres años sin nuevas cuentas.

En 2021 volvería a imponerse la opción de la prórroga presupuestaria, después de que en septiembre de 2020 fuera inhabilitado Quim Torra como presidente y finalizara anticipadamente la legislatura. Hasta el mayo siguiente no sería investido su sucesor,

Pere Aragonès (ERC), que optaría por fijarse como objetivo que la Generalitat sí que tuviera presupuestos en 2022. Lo conseguiría con el apoyo de Junts –todavía dentro del Govern– y la abstención de los Comunes. Por primera vez desde 2010, las cuentas se aprobaron antes del 1 de enero, es decir, sin la necesidad de ninguna prórroga técnica para entrar en vigor.

Aragonès también lograría aprobar los presupuestos del 2023. Ya con Junts fuera del ejecutivo, ERC optaría por un cambio de alianzas y los pudo validar en marzo gracias a los votos de PSC y Comuns. Un año después, la negativa de los Comuns a validar las cuentas de 2024 –con el Hard Rock como principal argumento público–, desencadenaría la decisión de Aragonès de finalizar la legislatura y convocar elecciones anticipadas. Fue la segunda ocasión en la que la cámara tumbó las cuentas, después de la de 2016.

Los comicios avanzados se celebrarían en mayo y los republicanos se hundirían –cosa que también pasaría con la CUP y los Comuns–, mientras que el PSC reforzaría su victoria al subir de 33 a 42 diputados. Finalmente, en agosto Salvador Illa logró la presidencia de la Generalitat, tras cerrar acuerdos de investidura con ERC y Comuns.

Ahora bien, los 42 diputados socialistas quedan muy por debajo de la mayoría absoluta del Parlament, que se sitúa en 68, y lo ha podido comprobar en el intento de aprobar sus primeras cuentas. Illa, por lo tanto, tendrá que gobernar este 2025 con los presupuestos de 2023 prorrogados por segunda vez. Consecuencias de la actual realidad de la política catalana, que ya hace más de una década que ha dejado atrás una estabilidad parlamentaria propia de un pasado marcado por el antiguo bipartidismo.