El Parlament muestra a Illa presionado por ERC y Comuns y a Sánchez amenazado por Junts
Los socios de investidura han presionado al Govern del PSC tumbando su propuesta de vivienda y sin comprometerse con los presupuestos, pero los socialistas cierran filas con la financiación de Esquerra.
Barcelona--Actualizado a
El debate de política general celebrado en el Parlament de Catalunya ha cerrado sus tres sesiones con la votación de las propuestas de resolución presentadas por todos los grupos parlamentarios. En una cámara fragmentada y sin una mayoría de Gobierno, las votaciones de las resoluciones siempre son un buen termómetro de cuál es la capacidad del Ejecutivo catalán, en este caso liderado por el socialista Salvador Illa, para conseguir negociar y realizar transacción en los diversos temas. Y captar cuál es la posición de los distintos partidos, junto con el discurso y el tono del debate parlamentario de estos tres días.
La conclusión sería que el debate de política general ha dejado a Salvador Illa en medio de dos presiones. Por un lado, la que han ejercido sus socios de investidura. Tanto ERC como los Comuns han levantado el tono y las advertencias respecto a los incumplimientos de los acuerdos establecidos con el PSC para hacer a Illa president de la Generalitat. Los republicanos poniendo el acento especialmente en la financiación, mientras los Comuns apuntan a compromisos concretos en materia de vivienda por el momento insatisfechos. Y todo ello con los primeros presupuestos de Illa en el otro plato de la balanza.
ERC insistió en la nueva financiación con sus resoluciones y también presentó propuestas sobre la resolución del conflicto político que han sido aprobadas. Otros asuntos que los republicanos han puesto sobre la mesa se refieren a temas de infancia, educación, lengua, vivienda y justicia. El grupo parlamentario de ERC ha pedido la gratuidad para todas las actividades extraescolares y para el comedor escolar en la escuela pública y en la concertada. Por su parte, los Comuns reclamaron que el Govern prohíba la compra especulativa de vivienda, políticas que centraron un grueso importante de sus propuestas de resolución.
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El PSC cierra filas con ERC para la financiación
Salvador Illa ha tratado de diluir las críticas de los socios de ERC y Comuns, haciendo que el PSC haya asumido buena parte de las propuestas de resolución de ambos partidos y tratando de mostrar una imagen de cohesión del tripartito. También situando la vivienda como objetivo prioritario en este debate de política general, con el compromiso de un "acuerdo de país" para la construcción de 214.000 viviendas, entre el 40 y el 50% de protección oficial. Pero el Govern ha recibido un toque de atención respecto a su planteamiento en materia de vivienda. Y es que el Parlament ha rechazado ese "acuerdo de país" propuesto por Illa para activar "de forma inminente" todos los planeamientos de todo el país para construir más vivienda asequible. El PSC se ha quedado solo votando a favor, y con los votos en contra de Junts, PPC, Vox y la CUP, y la abstención de ERC, Comuns y Aliança, la cámara ha tumbado el punto de la propuesta de resolución del PSC que insta al Govern a poner todos los recursos para activar estos solares hasta el 2030.
El otro punto clave en la relación d el tripartito de izquierdas ha sido el nuevo sistema de financiación. Aquí, el PSC ha apoyado la financiación singular en una negociación bilateral con el Estado tal y como proponía ERC. Por el momento, el Parlament se ha vuelto a posicionar a favor de una nueva financiación singular que respete el principio de ordinalidad, cuestión que el Gobierno estatal todavía no ha aceptado. La cámara ha aprobado las propuestas de resolución de PSC, ERC y Comuns sobre esta cuestión.
También se ha aprobado, a propuesta de ERC, manifestar la necesidad de que el Congreso impulse "antes de finalizar el año" las iniciativas legislativas necesarias para que la Generalitat recaude todo el IRPF. En este caso, han votado a favor todos los grupos menos PPC, Vox y Aliança, que han votado en contra. En cambio, el Parlament volvió a tumbar la propuesta de Junts que apuesta por un sistema de financiación "en forma de concierto económico" fuera del marco de la LOFCA. Solo han votado a favor Junts y ERC. Por su parte, el texto aprobado a iniciativa del PSC establece que el modelo de financiación debe potenciar la relación bilateral con el Estado "compatible con la participación de los órganos multilaterales".
Pero según la portavoz de los republicanos, Ester Capella, "nada que no pase por el cumplimiento de los acuerdos establecidos puede hacer que negociemos otras cuestiones como los presupuestos. Y esto en financiación pasa por el nuevo modelo singular para Catalunya, con la recaudación íntegra de los impuestos de los catalanes y las catalanas por parte de la Agència Tributària Catalana, y las cuotas definidas que permitan mantener el principio de ordinalidad". Por su parte, los Comuns aseguran que "el límite del PSC" es su "nula predisposición a tocar los intereses que deben tocarse para que la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado".
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Junts amenaza la estabilidad del Gobierno
Si la presión de los socios de investidura ha sido uno de los flancos que Salvador Illa ha tenido que proteger para no dar sensación de aislamiento en minoría, el otro punto de presión no menor lo ha ejercido Junts. Aunque en este caso, el partido de Carles Puigdemont no tiene compromisos establecidos con el Govern del PSC, y en Catalunya actúa como puntal de la oposición, Junts ha vinculado sus propuestas en el debate de política general del Parlament de Catalunya con su papel determinante en el Congreso para la gobernabilidad del Estado. Y ha planteado resoluciones relativas al reconocimiento del conflicto político entre Catalunya y el Estado en la línea del Acuerdo de Bruselas que permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Con el objetivo de marcar el camino en las próximas semanas de hasta dónde llega la relación de Junts con el PSOE de cara a la estabilidad de la legislatura.
El voto contrario del PSC ha hecho inviable, dado que el independentismo carece de mayoría, una propuesta de resolución sobre la necesidad de negociar un referéndum de autodeterminación en las reuniones entre el PSOE y Junts en Suiza y reconocer el conflicto político entre Catalunya y el Estado. Y éste puede ser el detonante para poner en marcha una posible ruptura de Junts con los socialistas en Madrid.
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Así, el Parlament ha rechazado que se negocie un referéndum de autodeterminación sobre el futuro de Catalunya tal y como pedía Junts. La iniciativa no ha podido prosperar porque ha tenido los votos en contra de PSC, PPC, Vox y Aliança, mientras que Junts, ERC, Comuns y CUP han votado a favor. Concretamente, el texto de la propuesta reclamaba plantear "en el espacio de negociación habilitado a tal efecto" la celebración del referéndum. Según Junts, este espacio hace referencia a la mesa de negociación en Suiza pactada entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Y la portavoz del grupo parlamentario, Mònica Sales, ha advertido "de las consecuencias" de lo que consideran un voto de los socialistas en contra de lo establecido en el Acuerdo de Bruselas. Sin concretarlo, pero en clara referencia a la posible ruptura de relaciones con el PSOE.
Sin embargo, cabe decir que el acuerdo que se suscribió en ese momento en Bruselas para la investidura de Pedro Sánchez difiere del redactado de la propuesta de resolución planteada por Junts. En aquella ocasión se precisaba que era Junts quien "propondría" la celebración del referéndum, mientras que el PSOE "defendería" el despliegue del Estatut del 2006.
Junts también ha reclamado que el Govern reforme el reglamento de extranjería para que la "población inmigrante" tenga que "demostrar el conocimiento de la lengua catalana" para "regularizar su situación administrativa". Y el requisito de 10 años de empadronamiento para acceder a vivienda pública, en una línea clara de competencia con la extrema derecha de Aliança Catalana.
Un debate más allá de la política catalana
De esta forma, el debate de política general del Parlament de Catalunya ha tenido, en esta segunda edición con Salvador Illa como president de la Generalitat, una extensión que va más allá de la política catalana. Con ERC rechazando aprobar presupuestos en Catalunya si no se cumple con una reforma de la financiación pactada con el PSC pero que debe sacar adelante el Gobierno estatal, con la vicepresidenta Maria Jesús Montero al frente. Y que debe ratificarse en el Congreso sin una mayoría clara que la puede hacer naufragar. Y que, además, comporta también el rechazo de los republicanos a aprobar los presupuestos generales.
Y por parte de Junts utilizando el debate de política general para envolver las decisiones que el presidente del partido, Carles Puigdemont, ya anunció que se tomarían "este otoño" respecto a su relación con el PSOE y el Gobierno central. Habrá que esperar a ver qué ocurre en los próximos días o semanas, pero el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, fue tajante durante el debate dirigiéndose a Illa: "President, o hay normalidad o hay conflicto político pendiente de resolver. Ambas cosas a la vez no pueden ser. O una cosa u otra. No podemos tolerar una doble vara de medir. No se puede destruir en Catalunya lo que se construye en Ginebra. No se puede bloquear votando con el PP y VOX en el Parlament los acuerdos a que hemos llegado con el PSOE. Es necesario un punto de inflexión porque así no se puede continuar”.
"Esperamos que sean conscientes de que se juegan muchas cosas", insistió Batet. Advirtiendo que "si el camino de la negociación llega a su fin, nosotros buscaremos otra vía. Cuando nos han querido anestesiar, nos hemos levantado". Habrá que esperar a las próximas decisiones de Junts para concretar cuál es la nueva vía, y si el partido de Puigdemont acaba rompiendo definitivamente las relaciones con el Gobierno del PSOE y Sumar. Pero queda claro que el debate de política general de Catalunya ha sido una pista de despegue para poner en marcha la nueva estrategia que puede condicionar totalmente el resto de la legislatura en el Estado.
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