Illa afronta su segundo debate de política general con la presión al alza de ERC y Comuns

Salvador Illa afronta su segundo debate de política general (DPG) como presidente de la Generalitat con la necesidad de poder ofrecer concreciones a sus socios de investidura —ERC y Comuns— si en las próximas semanas quiere tener opciones de abrir las negociaciones de los presupuestos. El año pasado, el DPG se celebró apenas dos meses después de su llegada a la presidencia, de modo que casi se convirtió en una reválida de lo ya expuesto en el debate de investidura. 

En esta ocasión, Illa es consciente de que ERC y los Comuns han aumentado la presión en torno a cuestiones clave de la legislatura, como la nueva financiación y la vivienda, y que sin avances tangibles a corto plazo puede verse obligado a volver a prorrogar las cuentas. Una opción que, si bien no implica un final anticipado de su mandato, sí puede poner en duda su solidez y, de paso, enfriar las relaciones con republicanos y Comuns. 

El debate, que sirve para orientar el curso político, arranca este martes por la tarde, a las 16.30 horas, con un discurso inicial de Illa sin límite de tiempo, mientras que el miércoles se dedicará la jornada a las intervenciones del resto de grupos parlamentarios y a las réplicas del presidente, y el jueves se votarán las propuestas de resolución. Más allá de la vivienda y la financiación, otras cuestiones muy presentes en el debate serán los servicios públicos —en especial, educación y sanidad—, la seguridad —Illa quiere poner énfasis en esta área, para contraponer los discursos de la extrema derecha— y la lengua catalana. Sin olvidar el genocidio en Gaza, un tema muy presente en la sociedad catalana, que el sábado se manifestó masivamente en solidaridad con Palestina, y en el que el conjunto de la izquierda actúa como bloque para denunciar la actuación del gobierno de Netanyahu. 

Aunque Illa ha reiterado en múltiples ocasiones su voluntad de cumplir lo acordado en los pactos de investidura con ERC y los Comuns, las sesiones de esta semana en el Parlament volverán a poner de manifiesto hasta qué punto la política catalana depende ahora mismo de lo que suceda en el Estado. Dicho de otro modo, no basta con que el Govern defienda la nueva financiación y haya asumido la propuesta de ERC; sobre todo, es necesario que el Ejecutivo estatal se muestre favorable a ella y, posteriormente, consiga los apoyos necesarios para aprobar los cambios normativos en el Congreso. Lo que, en la práctica, limita el margen de actuación de Illa para lograr los avances que le reclaman y que le permitirían negociar los presupuestos de 2026. 

También Junts pretende conectar de manera estrecha la realidad del Parlament de Catalunya con la de las Cortes estatales, a diferencia de lo ocurrido en los últimos años. A través de las propuestas de resolución que quieren presentar, los de Puigdemont buscan que el PSC se comprometa con lo estipulado en el llamado Acuerdo de Bruselas, a partir del cual en 2023 decidieron votar "sí" a la investidura de Pedro Sánchez. En plena fuga de votos hacia la extrema derecha de Aliança Catalana, el partido también marcará perfil de derechas en materia económica, con peticiones de nuevas rebajas fiscales y la práctica supresión del impuesto de sucesiones, de marcado carácter redistributivo. 

Las demandas de los Comuns 

El año pasado, la vivienda, el compromiso con la nueva financiación y la apuesta por la mejora de los servicios públicos marcaron la intervención inicial de Illa, que aprovechó en el debate para anunciar la voluntad de construir 50.000 pisos públicos hasta 2030. 12 meses después, estos asuntos siguen siendo fundamentales para el Ejecutivo y volverán a tener un peso significativo tanto en el discurso del presidente como, en algunos casos, en las propuestas de la oposición. 

En este sentido, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, adelantó en una entrevista en Catalunya Ràdio que Illa anunciará medidas en materia de vivienda "de aplicación inmediata", apelando a la colaboración público-privada. "La administración pública debe hacer una parte importante con más vivienda de protección, pero también tenemos que generar más oferta de vivienda libre de compra y alquiler", comentó este lunes. Dalmau admitió que la previsión es hablar "mucho" de vivienda en un debate de política general que servirá para "determinar el momento en que se encuentra el país y fijar las prioridades". 

El anuncio de nuevas medidas en vivienda debe servir para acercar posiciones con los Comuns, que la semana pasada advirtieron al Govern que "no se daban las condiciones para negociar los presupuestos", precisamente porque consideran que no se han producido suficientes avances en torno a la emergencia habitacional. Entre otras medidas, los Comuns reclaman la creación de una unidad antidesahucios y la aplicación efectiva del régimen sancionador cuando los propietarios incumplan la ley de vivienda. 

Además, durante el debate la formación de izquierdas quiere aprovechar sus propuestas de resolución para pedir al Govern que haga los cambios legales necesarios para "prohibir las compras especulativas de vivienda" y exigir que la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones esté aprobada antes de diciembre. Compromisos, en principio, asumibles para el Ejecutivo, que, a pesar del tirón de orejas de los Comuns, ve factible atender en gran parte sus demandas en materia de vivienda y, por tanto, poder abordar a posteriori la negociación de los presupuestos. 

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En cambio, será más complicado hacerlo con ERC, cuyos votos son decisivos para que Illa pueda aspirar a aprobar los primeros presupuestos de la legislatura —los últimos que se aprobaron fueron los de 2023, con Pere Aragonès en la presidencia—. Y es que la clave para modificar la negativa actual de ERC a hablar de las cuentas la tiene el Gobierno español, no el autonómico. 

Oriol Junqueras necesita hacer valer el acuerdo de investidura con el PSC y no puede permitirse rebajas en la financiación, y ya hace semanas que advierte tanto a Illa como a Pedro Sánchez que no negociará los presupuestos ni en Barcelona ni en Madrid si no hay avances significativos en este asunto. Ahora mismo, sin embargo, aspectos clave del nuevo modelo, como garantizar el cumplimiento del principio de ordinalidad o la cesión íntegra del IRPF a Catalunya, no son aceptados por el Ejecutivo estatal. 

Una posición de la que los republicanos responsabilizan a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien consideran que prioriza sus intereses como futura candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. Por el momento, el Govern de Illa mantiene su defensa firme del modelo pactado con ERC, haciendo equilibrios entre la presión de los republicanos y su relación de complicidad con el Ejecutivo estatal, con la duda de si, llegado el momento, la nueva financiación puede abrir una brecha entre el PSC y el PSOE, tras años de relaciones plácidas. 

Aunque ERC no se plantea una ruptura de relaciones ni con el PSC ni con el PSOE, si mantiene su negativa a negociar los presupuestos, Illa verá reducida la fortaleza de su Govern. Durante 2025 ha podido ampliar los recursos para ejecutar sus políticas gracias a tres suplementos de crédito aprobados en el Parlament tras intensas negociaciones con republicanos y Comuns, un escenario que podría repetirse el año próximo si no hay un giro de guion. Pero con una mayor debilidad por parte de Illa, que por ahora tampoco logra mejorar en las encuestas, que le pronostican como mucho mantener los actuales 42 diputados, pero con una ligera tendencia a la baja. Y, sobre todo, en ningún caso garantizan que pueda repetirse la mayoría de investidura que formó el año pasado con ERC y Comuns. 

En sus propuestas, los republicanos también pedirán medidas para mejorar la situación de la lengua catalana, un ámbito que abordarán además Junts y la CUP, mientras que los de Puigdemont insistirán de nuevo en la financiación, apostando por un modelo en la línea del concierto económico vasco, que los socialistas no aceptan. Además, cuestiones como la seguridad y la inmigración también aparecerán en el debate, en gran parte por la intención de todo el bloque de derechas y extrema derecha —desde Junts y PP hasta Vox y Aliança— de poner el foco en ellas, mientras que Illa planteará su propia receta en materia de seguridad y, sobre todo, defenderá una Catalunya integradora que se aleje de los postulados racistas y excluyentes de los ultras.