El Gobierno arranca la negociación de los Presupuestos con llamadas a sus aliados parlamentarios

El Gobierno ya ha levantado el teléfono para sondear a algunos de sus aliados parlamentarios acerca de los Presupuestos Generales de 2026. Según ha podido saber Público, desde el Ejecutivo ya se han puesto en contacto con ERC, EH Bildu, PNV o BNG para empezar agendar reuniones de cara a las próximas semanas o para tantear los ánimos. Por supuesto, también con Sumar existen conversaciones e incluso con un grado más alto de profundidad. Por su parte, el Ministerio de Hacienda está haciendo los deberes y desliza que el techo de gasto y la senda fiscal podrían llegar al Consejo de Ministros en septiembre.

Ese será, precisamente, el primer elemento de negociación. Tras su aprobación en Consejo de Ministros, el techo fiscal y la senda de déficit tendrán que ir al Congreso como un primer paso para avanzar hacia los Presupuestos. Hoy por hoy, varias de las fuentes consultadas reconocen que pensar en unas cuentas aprobadas, dada la aritmética y el punto en el que se encuentran las relaciones entre el Ejecutivo y algunos de sus socios, es prácticamente ciencia ficción. De todos modos, la piedra de toque será la negociación de la senda de déficit, que decide el límite de gasto de las autonomías. 

Pero por el momento lo que hay son contactos incipientes con grupos parlamentarios que pocos días atrás reconocían que todavía no había sonado el teléfono. Algo se está moviendo.

Las primeras conversaciones, como suele ser habitual, se comenzaron a dar entre los dos socios del Gobierno, el PSOE y Sumar. Desde que se conformó la primera coalición, en 2020, el modus operandi consiste en que los partidos del Ejecutivo cierran en primer lugar un acuerdo que posteriormente someten al escrutinio y a la negociación con el resto de aliados parlamentarios. 

En este sentido, fuentes de Sumar confirman que desde hace algún tiempo existen conversaciones con los socialistas sobre los PGE, aunque todavía no se estaría entrando en detalles muy concretos. Los de Yolanda Díaz se han puesto dos objetivos en las dos iniciativas presupuestarias que deberá votar el Congreso: la senda de déficit y el proyecto de Presupuestos Generales.

Respecto a la primera, su intención es la de convencer al PSOE de la necesidad de elaborar un techo de gasto expansivo que permita seguir manteniendo niveles altos de inversión en políticas sociales. "Venimos de resolver la crisis económica de la pandemia del coronavirus con políticas expansivas y de protección a las familias, los trabajadores y las empresas del país. Ese es el camino, el contrario a los recortes de Mariano Rajoy, que no sólo causaron mucho daño, sino que además se demostraron del todo ineficientes desde el punto de vista económico", explican fuentes de este espacio.

Respecto al proyecto de Presupuestos, en Sumar llevan meses insistiendo en la necesidad de presentarlos y advirtiendo al PSOE de que no hacerlo por miedo a una derrota parlamentaria es contraproducente. "La ciudadanía necesita conocer cuál es el proyecto del Gobierno, qué es lo que el Gobierno tiene que aportar y qué ha entendido el Gobierno del mandato del 23J, y la política presupuestaria es el mejor reflejo que puede haber", aseguran fuentes de la coalición de los partidos de la izquierda alternativa.

En este sentido, los de Díaz (además de formaciones como Izquierda Unida) creen que el principal elemento político de los Presupuestos debe ser la vivienda. "Es el principal problema del país y es el principal problema a resolver por parte de las instituciones", trasladan voces de la coalición. A su juicio, es necesario que los socialistas acepten incluir medidas de calado (que incluyan la intervención del mercado del alquiler) que "manden un mensaje inequívoco a la ciudadanía de que este Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para resolver la grave situación que existe a día de hoy".

En la negociación de las anteriores cuentas (que el PSOE decidió no presentar tras constatar la falta de apoyo y tras caer el techo de gasto propuesto por el Ejecutivo), Sumar instó a los socialistas a condicionar los fondos públicos en materia de vivienda para las comunidades autónomas a la obligación de aplicar la ley de vivienda, que permite limitar los precios de las denominadas zonas de mercado tensionado.

Es decir, que aquellas comunidades que se negaran a aplicar la norma (como sucede con las del PP, que se corresponden con la gran mayoría de los territorios), no recibirían fondos públicos en materia de vivienda (a través de un sistema finalista de reparto de fondos similar al que opera para las políticas activas de empleo).

La reforma fiscal es otra de las grandes cuestiones que Sumar planteará a los socialistas durante la negociación, aunque en otras ocasiones los de Díaz se han dado de bruces contra el muro de Hacienda y, también, contra la mayoría parlamentaria del Congreso. En concreto, este espacio plantea revertir la carga fiscal para reducir la presión impositiva existente sobre las rentas del trabajo (que soportan buena parte de las contribuciones) y depositar buena parte de este peso sobre las rentas del capital (donde entrarían, entre otros, los impuestos patrimoniales).

Primeros contactos con ERC, EH Bildu, PNV y BNG

Fuentes de ERC reconocen que ya se les ha "intentado contactar" para hablar de unas eventuales cuentas, pero tanto en declaraciones públicas como privadas se esmeran en dejar claro que lo primero es cumplir con los pactos previos. Evidentemente, en esa categoría se incluye la financiación singular para Catalunya, empezando por la recaudación del IRPF.

Desde Esquerra deslizan que el hecho de que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, sea también la candidata a las elecciones andaluzas no ayuda a avanzar en la cesión del IRPF a Catalunya porque —creen— no es una medida popular en Andalucía. Pero insisten en ello como una condición indispensable para que sus conversaciones presupuestarias con el Gobierno fructifiquen. Existe en el entorno parlamentario de ERC el convencimiento de que el partido no puede permitirse otra cosa que no sea que el PSOE cumpla cien por cien con lo acordado en el marco de la investidura de Salvador Illa.

También los dos partidos vascos de la cámara, EH Bildu y PNV, confirman a este medio que han existido ya contactos con el Gobierno. Las negociaciones empezarán próximamente. La portavoz de PNV, Maribel Vaquero, ha dicho desde los pasillos del Congreso que el diálogo empezará entre "estos días y esta semana". Fuentes abertzales apuntan en conversación con Público que ellos tienen previsto comenzar "a finales de mes".

También el BNG ha tenido ya algún contacto. No, en cambio, Coalición Canaria ni Podemos, según confirman ambas formaciones. Tampoco la diputada de Compromís, Àgueda Micó, que se salió del Grupo Plurinacional Sumar y cuyo voto no depende ahora de la disciplina de los de Yolanda Díaz. 

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Podemos no ha recibido la llamada

Los de Ione Belarra aseguran que hasta el momento nadie del Ejecutivo les ha contactado para hablar de los Presupuestos Generales del Estado, aunque la negociación con la formación morada se antoja bastante complicada. Para comenzar a negociar, Podemos exige dos medidas muy concretas: la ruptura total de relaciones con Israel y la intervención del mercado del alquiler para rebajar los precios un 40% por ley.

Incluso si el Ejecutivo aceptara estas dos condiciones, las relaciones entre los de Pedro Sánchez y los de Ione Belarra pasan por su peor momento. Este mismo miércoles Podemos denunciaba ante los tribunales al Ministerio de Economí, Comercio y Empresa por prevaricación administrativa al entender que "estaba obligado a detener el comercio y el tránsito de armas a Israel y no lo hizo".

La formación morada ha criticado de manera dura al Ejecutivo por el incremento del gasto militar, por su papel durante el genocidio del pueblo palestino y por entender que la acción del Gobierno, "sin aprobar ni una sola medida de izquierdas", está allanando el camino a La Moncloa al PP y a Vox.

Todo termina pasando por las manos de Nogueras

Tampoco con Junts se ha abierto la carpeta de las nuevas cuentas públicas según trasciende de fuentes posconvergentes, que se esmeran siempre en aclarar que las negociaciones que comparten con el Gobierno no son vasos comunicantes, sino que se desarrollan por separado y de forma independiente. 

En la misma línea que Esquerra Republicana, eso sí, los de Míriam Nogueras repiten una y otra vez que no pondrán ninguna facilidad para avanzar en el diálogo presupuestario si el Gobierno no cumple con los pactos previos. La cesión de competencias en migración, la culminación de la ley de amnistía y el catalán en la UE son hoy por hoy las prioridades de Junts.

El problema para el PSOE es que ninguna de esas tres exigencias depende únicamente del Gobierno. La admisión a trámite de la cesión de competencias en migración a Catalunya —una proposición de ley conjunta de PSOE y los posconvergentes— se votará el próximo martes y dependerá de los votos del resto de partidos del hemiciclo. Con la oposición segura de PP, Vox, UPN y Podemos —175 votos—, será necesario un solo voto contrario más para dar al traste con la iniciativa. La aplicación de la ley de amnistía, por su parte, está ya en manos del Tribunal Constitucional. Y tampoco la oficialidad del catalán en la Unión Europea está en manos únicamente de Pedro Sánchez.

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Con todo, reina en el Congreso la sensación de que la negociación presupuestaria empieza con las cartas marcadas y de que la alineación de los astros suficientes como para sacar las cuentas adelante es casi imposible. No obstante, los primeros pasos se han dado ya y el Gobierno está decidido a llevar la votación al Congreso, algo a lo que obliga la Constitución.