El juicio a Baltar revive las prácticas corruptas del PP en Ourense en los tiempos de Feijóo en la Xunta

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha señalado para este lunes la vista oral contra el senador del PP Manuel Baltar, acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir su Volkswagen Passat oficial a 215 kilómetros por hora en abril de 2023.

El juicio revive las prácticas corruptas del PP en Ourense, que Baltar y su familia dominaron durantetres décadas, incluidos los trece años que Alberto Núñez Feijóo estuvo al mando de la Xunta y del partido en Galicia.

El entonces presidente de la Deputación Provincial fue cazado por un radar el 23 de abril de 2023 circulando en la A-52 a la altura de Zamora 95 kilómetros por hora por encima del límite legal. Los agentes de la Dirección General de Tráfico lo pararon, lo identificaron y lo denunciaron. Unos 50 minutos antes, a unos kilómetros de allí y en la misma vía, otro cinemómetro había detectado al mismo coche a 173 km/h.

El juez señaló juicio rápido inmediatamente, pero Baltar le dio plantón por dos veces. De hecho, logró eludir la vista cuando Feijóo y su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, decidieron que fuera nombrado senador por designación autonómica pocos meses después a cambio de que renunciara a la Deputación.

Aforado gracias a Rueda y Feijóo

De esa forma, Baltar logró la condición de aforado y el correspondiente traslado de su causa al Tribunal Supremo, que tuvo que solicitar al Senado un suplicatorio para, finalmente, y a diferencia de lo que le hubiera ocurrido a cualquier ciudadano, proceder a juzgarle casi dos años después de la infracción.

La Deputación Provincial, que ahora dirige su compañero de partido Luis Menor, ha seguido pagando otras sanciones por exceso de velocidad correspondientes al mismo coche, al triple de su cuantía inicial, tras negarse la institución a identificarlo como su conductor.

También ha intentado modificar la relación de puestos de trabajo del organismo para nombrar jefe del parque móvil al exchófer de Baltar, y ha presupuestado sobresueldos para el personal de confianza de éste, que ya les abonó 55.000 euros poco antes de dejar su cargo.

Baltar heredó la Deputación y la presidencia del PP provincial de su padre, José Luis, que acaba de cumplir una condena de nueve años de inhabilitación por enchufar en la institución que presidía a más de 100 militantes, simpatizantes y familiares de personas vinculadas al partido.

Un Rolls Royce por una plaza de funcionario

Durante años, Baltar padre habría vendido puestos de trabajo en la Deputación que presidía a cambio de dinero y de onerosos regalos en metálico, como un Rolls Royce para su colección particular de vehículos clásicos, según los audios que Público desveló en la primavera de 2024.

Su hijo también dejó la presidencia del organismo en medio de numerosos escándalos derivados de informaciones desveladas por este diario, como que el lujoso parque móvil del que dotó a la Deputación acumulaba decenas de sanciones por exceso de velocidad, de muchas de las cuales se responsabilizó a familiares de empleados públicos. Una de ellas, la hija de su entonces conductor personal, obtuvo una plaza de funcionaria pocas semanas después de que ella y su madre asumieran una de esas sanciones.

Además, este diario publicó los gastos que ese chófer pagó con dinero de la Deputación para regalos personales, dulces y enseres varios, incluido un balón de balonmano, además de comidas y cenas del presidente fuera del ejercicio de su cargo. Público también desveló los audios en los que su hermano admitía que ambos cobraban mordidas a los constructores adjudicatarios de obras de la institución.

El PP no ha informado de las medidas que adoptará si Baltar resulta condenado por un delito contra la seguridad vial, por el que el fiscal le pide un año y un día de privación del derecho a conducir y una multa de 1.800 euros.

Los estatutos del partido consideran infracción muy grave de sus cargos y afiliados la condena por un delito "que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos" de sus militantes, susceptible de ser castigado con suspensión de entre cuatro y seis años e inhabilitación para desempeñar cargos orgánicos o de representación por el mismo período.