Las tres causas penales abiertas (y otras dos pendientes) que acorralan a Alvise en su corta vida política
El líder de Se acabó la fiesta está encausado en el Tribunal Supremo por financiación ilegal de su partido, por difundir un falso test de covid de Illa y por sus ataques a una fiscal.
Alvise admitió este viernes que cobró 100.000 euros en efectivo de un empresario, pero negó que usara el dinero para financiar a su partido.

Madrid-
Luis Pérez Fernández (Alvise Pérez) irrumpió en la política con su partido ultraderechista Se acabó la fiesta en las elecciones europeas del 9 de junio de 2024, cuando consiguió tres eurodiputados. Poco más de un año lleva el sevillano, de 35 años, en la política de altos vuelos, aunque ya había hecho sus pinitos, en una vida anterior, en Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Ciudadanos. Pero su primer año en el Parlamento Europeo no está siendo nada fácil. Podría definirse más bien como turbulento tanto por el desplante de sus dos compañeros como por el via crucis judicial que está atravesando.
Actualmente, Alvise tiene tres causas abiertas por presuntos delitos en el Tribunal Supremo y algunas denuncias que todavía están en trámite y siendo evaluadas. La más importante de esas causas que tiene abiertas el ultraderechista es la que tiene que ver con la presunta financiación ilegal de su partido. Precisamente en el marco de esa causa declaró este viernes.
Causa número 1: presunta financiación irregular
Alvise Pérez ha reconocido este viernes en el Tribunal Supremo que recibió 100.000 euros en efectivo de parte del empresario Álvaro Romillo, también conocido como CryptoSpain, pero que fueron un pago por una charla sobre "libertad financiera" y no para financiar la campaña de Se acabó la fiesta de cara a las elecciones europeas. El propio Alvise ha detallado que el dinero se lo entregaron dos trabajadores de Romillo en sus instalaciones de Centinel, concretamente en un maletín negro con diez fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100 euros.
Si no fue para financiar la campaña de Se acabó la fiesta, ¿para qué usó Alvise todo ese dinero? Según ha declarado él mismo, la campaña electoral le habría costado unos 30.000 euros y habría usado los 100.000 en cuestión para gastos personales, como viajes, y aún tiene aproximadamente la mitad a su disposición. Sin embargo, se trata de una versión que contradice Romillo, quien también ha comparecido en el Supremo y ha asegurado que "en todas las conversaciones" se evidenciaba que el dinero era "para el uso de la campaña" y no para "ningún evento ni ningún pago".
Tal y como explican fuentes del Tribunal Supremo a Público, la causa que le abrió el juez Julián Sánchez Melgar incluye delito electoral, además de financiación irregular. También estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. Alvise ha acudido a declarar de forma voluntaria, toda vez que es aforado, evitando así que se le abra un suplicatorio con el que sería obligado a acudir a la declaración.
Causa número 2: el test COVID de Salvador Illa
Otra causa abierta en el Supremo que incumbe a Alvise es la que tiene que ver con la difusión de una prueba positiva de PCR falsa del ex ministro de Sanidad Salvador Illa, actualmente president de la Generalitat de Catalunya. El eurodiputado ultraderechista ya acudió al alto tribunal a declarar por ello.
En este caso, fue la Fiscalía de Barcelona la que presentó una denuncia por falsificación de documento privado y calumnias. La PCR falsificada simulaba ser una prueba relizada en la clínica Quirón, pero el centro hospitalario lo desmintió. La Fiscalía considera que Alvise emitió ese bulo para dañar la imagen de Illa.
Causa número 3: el caso de Susana Gisbert
La tercera causa que tiene abierta el eurodiputado en el alto tribunal tiene que ver con Susana Gisbert, la fiscal delegada de delitos y discriminación de València, que presuntamente habría podido ser víctima de un delito de injurias a funcionario público, odio a través de redes sociales y coacciones. Alvise difundió mensajes sobre ella a través de Telegram, uno de los principales campos de operaciones del ultraderechista.
El Supremo acordó abrir la investigación al considerar stalking la "llamada" a "un grupo cercano a los 40.000 seguidores" para expresar y desarrollar "animadversión hacia la denunciante".
Por otra parte, tal y como recuerdan fuentes del Tribunal Supremo, el alto tribunal archivó otras dos causas al no encontrar indicios de delito en la actuación de Alvise. Una de ellas se trata de una denuncia de la Policía Nacional por desórdenes públicos en las inmediaciones de la sede socialista de Ferraz durante las protestas contra la Ley de Amnistía. La segunda fue una querella de Santiago Abascal y Vox por calumnias e injurias. Ambas quedaron en nada.
Denuncias que el Supremo sigue evaluando
Fuentes del Supremo informan a Público de que al menos hay otras dos cuestiones que se están evaluando en el alto tribunal para valorar si terminan convirtiéndose también en causas abiertas contra el eurodiputado Alvise Pérez.
Una de ellas es una exposición razonada que llega desde el Juzgado de Instrucción número 4 de León por una denuncia del diputado socialista Javier Alfonso Cendón por un presunto delito de calumnias al establecer una vinculación entre el propio diputado y el caso del Tito Berni (conocido también como caso Mediador), que consistía en dar ventajas en la contratación pública a empresarios a cambio de sobornos y también en extorsionarlos a cambio de favores en inspecciones y ayudas de la Unión Europea. Todo ello, entremezclado con una historia de prostitución, alcohol y drogas.
Por otro lado, una jueza solicitó al Supremo investigar a Alvise por un presunto delito de revelación de secretos, que habría cometido por difundir también a través de Telegram conversaciones en tiempos de la operación Kitchen entre el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y un periodista. Fuentes del Tribunal Supremo confirman a Público que se trata de un caso, proveniente del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que se sigue evaluando.
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