Podría ser un tremending topic, pero no es una situación ficticia y ocurre en los juzgados y tribunales de España.

La falta de recursos humanos y de medios materiales es denunciada por las asociaciones de jueces, fiscales, abogados... Y en las redes sociales, donde los ciudadanos y los juristas denuncian con imágenes situaciones que rozarían la hilaridad de no afectar a los derechos de las personas, como es el derecho a la tutela judicial en un tiempo razonable.

Aquí va una muestra. La imagen más reciente es la de un socorrido váter-archivo descubierto en los juzgados de Torrent. También hay juristas, como Verónica del Carpio, que se preocupan por recopilar ejemplos de una realidad absurda donde convive el trabajo de personas especializadas con medios propios del siglo pasado, como los carritos de supermercado para transportar sumarios.

Varias asociaciones denuncian que la Justicia funciona mal, porque no se quiere que tenga los mismo medios de los que dispone, por ejemplo, la Administración Tributaria.

Hay señalamientos de juicios laborales para 2017, cuando hasta hace poco el tiempo medio de resolución de un asunto en la jurisdicción social era de poco más de cuatro meses; archivos de documentos en lugares insospechados, humedades, edificios que no superarían una inspección laboral y hasta alguna recogida de dinero entre los jueces, funcionarios y profesionales jurídicos para afrontar un recurso que la autonomía dilata en el tiempo su aportación.

Desde que comenzó la crisis económica, los juzgados afrontan unas cifras nunca vistas en la historia en cuanto al número de litigios que tienen que resolver y que afecta a problemas económicos, laborales, deudas, embargos, ejecuciones, impagos de administraciones públicas, querellas, y los más de 1.700 casos de corrupción que se instruyen en los juzgados, contando sólo de alcaldes para arriba.

En ocasiones, los jueces reflejan en sus resoluciones este estado, para explicar la razón de la dilación a la hora de dictarlo. Como el reciente caso de un juzgado de Canarias, que lleva dos años esperando un escáner para escanear 80.000 documentos incautados en un caso de corrupción política.

El Gobierno del PP congeló la creación de nuevos juzgados y, al mismo tiempo, despidió a los 1.500 jueces sustitutos que trabajaban allí donde hacía falta un refuerzo.

Más de nueve millones de asuntos entran cada año en los juzgados y tribunales. Y poca gente sabe que en un juzgado confluyen tres administraciones: el Gobierno central, que pone los secretarios judiciales; los gobiernos autonómicos, que aportan los funcionarios y los recursos materiales, y el Consejo General del Poder Judicial, que nombra a los jueces, los disciplina e inspecciona los juzgados.

Así las cosas, la competencia en materia de Justicia se transfirió de tal manera que, hoy por hoy, hay seis sistemas informáticos en España para tramitar los asuntos, que no son compatibles entre sí más allá de la convergencia que ha logrado el CGPJ hasta que el nuevo Gobierno le ha quitado la competencia.

Pasen y vean.