El trabajo del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid sigue generando polémicas y es que se le ha abierto un nuevo frente: la secretaría del Estado de Interior.

Según El País, dicha secretaría le ha abierto una investigación contra el coronel por despedir a un sargento de la Guardia Civil de forma arbitraria tras tener este problemas personales con su sobrino político, que también forma parte del cuerpo ocupando el puesto de teniente.

En diciembre de 2018, Pérez de los Cobos hizo pública la concesión al sargento S., cuya plaza había sido obtenida por el acceso a través de una oposición a diferencia de la del coronel, y a otros tres agentes de su comandancia de la Cruz de Plata de la Guardia Civil, una de las más altas condecoraciones del cuerpo.

Bien valorado en el cuerpo

El sargento S., al que Pérez de los Cobos no conocía personalmente, había recibido 15 cruces de la Guardia Civil y 18 felicitaciones, además de tener en sus evaluaciones anuales las máximas calificaciones. 

El  sargento había recibido 15 cruces de la Guardia Civil y 18 felicitaciones, además de tener las máximas calificaciones

En abril de 2019, cuatro meses después de la condecoración, Pérez de los Cobos firmó un informe que recomendaba el cese del sargento S. porque "no reúne las condiciones necesarias de idoneidad" y por "la falta de confianza de sus mandos inmediatos".

Según dicho informe, la actitud del sargento no había ido empeorado poco a poco, sino que habría tenido "problemas de adaptación" desde que se incorporó a la unidad, en 2014. 

La justificación de Pérez de los Cobos para echarlo se basó en un escrito copiado literalmente de otros informes anteriores sin detallar ningún argumento justificativo contra el sargento y entre esos informes no figura el de su jefe directo, pero sí el del teniente A., sobrino político del coronel, que fue superior suyo durante siete meses.

Problemas con el teniente A.

El teniente A. ocultó que había tenido un conflicto con el sargento S. cuando en octubre de 2018, el sargento le recriminó su decisión de cesar arbitrariamente a un guardia. Entonces, según el suboficial, el superior le advirtió de las consecuencias de enfrentarse a él pero el guardia cesado denunció al teniente ante la justicia militar, que abrió diligencias por abuso autoridad.

La Secretaría de Estado de Interior ha anulado el cese y ha ordenado que el expediente se instruya de nuevo

En marzo de 2019, el sargento S. testificó ante el juez a favor de su compañero y en contra del teniente y cinco días más tarde se le abrió el expediente.

La existencia de un "conflicto de intereses" entre el sargento, el teniente y el coronel ha llevado a la Secretaría de Estado de Interior a anular el cese y a ordenar que el expediente se instruya de nuevo.

El coronel podría ser sancionado

Según recoge el Manual Básico del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos no tendría que haber intervenido con la motivación de la enemistad personal y si hay vínculos familiares entre los implicados, aunque sean relaciones de parentesco con uno de los afectados.

Si la sanción sigue su curso, el coronel se enfrenta a penas que pueden ir desde la separación del servicio por completo, la suspensión de trabajo desde los tres meses a los seis años, hasta multas más leves como la pérdida de sueldo de uno a cuatro días.

Las maniobras de Cobos

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cesaba en mayo a Pérez de los Cobos "por pérdida de confianza" en su relación con la elaboración de los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de la covid-19. El coronel presentaba en su defensa un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior contra su cese que aún está por resolverse.

A principios de junio salía también a la luz que Diego Pérez de los Cobos ordenó a agentes de la Guardia Civil que instasen a un supermercado a que conservara un vídeo en el que aparecía el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, haciendo la compra sin mascarilla. Así, los guardias civiles, sin orden judicial ni denuncia, exigieron al autoservicio ubicado en Galapagar (Madrid) no borrar dichas imágenes de sus cámaras de seguridad.