La batalla electoral de 2023 no solo tendrá lugar entre partidos, sino también entre bloques. Aunque las distintas formaciones y espacios se presentan por separado a los comicios, de fondo se dará una batalla de bloques ideológicos entre la izquierda y la derecha por decantar los distintos gobiernos que saldrán de las urnas en municipales, autonómicas y generales.

Uno de los bloques es el del Gobierno de coalición, formado por el PSOE y Unidas Podemos; y el otro, el de PP y Vox, que ya comparten ejecutivos autonómicos como el de Castilla y León, y que se necesitan (según apuntan todas las encuestas) para conformar un gobierno estatal.

En este escenario, en el bloque de la izquierda parecen existir algunas discrepancias sobre cuál debe ser la estrategia a seguir para encarar el final de la legislatura y para tratar de derrotar a las derechas en las urnas. Las diferencias radican en torno a los objetivos (el fondo) y los discursos (las formas) con los que se debe afrontar esta batalla, y los actores discordantes son el PSOE y Podemos.

Con la mayor parte de la legislatura agotada y un último año que va a estar completamente definido por los distintos procesos electorales, los socialistas serían más partidarios de una estrategia que pasa por tratar de bajar el nivel de confrontación política y por exhibir la buena marcha de una economía y de un mercado de trabajo que resisten pese a la incertidumbre global.

El de los "decibelios" es un debate que se lleva dando desde que se conformó el Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos (que la derecha tildó de ilegítimo), pero que ha vuelto a coger fuerza después de la escenificación de broncos debates en instituciones como el Congreso o el Senado. Uno de los más polémicos se dio a finales del pasado año, cuando una diputada de Vox insultó a la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, en una sesión plenaria del Congreso. 

Con todo, en Podemos consideran que la estrategia que defienden los de Pedro Sánchez no es efectiva para confrontar a unas derechas que, además, están aupadas en las encuestas de los últimos meses. Comparten que es necesario poner en valor la buena marcha de la economía y la eficacia de las medidas de protección social desplegadas durante la legislatura, pero creen que se debe ir más allá.

Movilizar al votante de izquierdas

En concreto, la formación morada apuesta por confrontar directamente a PP y Vox a través de varias vías. La primera es un refuerzo de las posiciones ideológicas que ponga de relieve las diferencias entre el proyecto que debería defender, a su juicio, el Gobierno de coalición (de corte social, progresista, con medidas "valientes" de redistribución de la riqueza y de reducción de las desigualdades) y el proyecto (o ausencia del mismo) de la derecha.

Para Podemos, el discurso de la "bajada de decibelios" instala un marco en el que todas las formaciones son iguales a ojos del electorado y de la ciudadanía en un contexto en el que el votante de izquierdas es mucho más difícil de movilizar que el de derechas. Mientras que reforzar las posiciones ideológicas y confrontar visiones con el PP y Vox traslada la imagen de un proyecto definido y reconocible que puede despertar a ese electorado progresista que es más difícil de movilizar.

La segunda vía es la de fijar prioridades en materia social y de profundización democrática. Esto es, terminar la legislatura con el impulso a leyes importantes en su dimensión social que pueden tener un impacto muy positivo para la mayoría de la ciudadanía. Los hitos legislativos serían, principalmente, dos: la ley de vivienda y la derogación de la ley mordaza, aunque también habría otras normas que para Podemos tendrían esta capacidad, como la de protección y derechos de los animales.

PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han desbloqueado la tramitación de la ley de vivienda en el Congreso y parece que podría cerrarse un acuerdo en enero o febrero para aprobar la norma antes de que se termine la legislatura. La derogación de la ley mordaza parece algo más enquistada, y en Podemos han trasladado a los socialistas su urgencia con esta reforma para cumplir ya con uno de los principales compromisos del acuerdo de coalición en materia de derechos y libertades.

Otro de los hitos en materia de profundización democrática es el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Los de Ione Belarra seguirán insistiendo, pese a las resistencias de su socio en el Ejecutivo, en la necesidad de rebajar las mayorías necesarias para renovar un órgano constitucional que lleva años paralizado por voluntad del Partido Popular.

Para Podemos sería una situación bastante grave que la legislatura finalice sin que tenga lugar esta renovación, ya que la composición actual del CGPJ es la misma que había cuando el PP tenía mayoría absoluta, un escenario político que está muy lejos y difiere mucho del actual. 

Las discrepancias estratégicas en el Gobierno de coalición para afrontar 2023 son una realidad y habrá que esperar para ver cuál es la visión que finalmente se impone.