En la pieza BBVA del caso Tándem se indaga en los más de diez millones de euros (IVA incluido) que, como mínimo, el comisario jubilado José Manuel Villarejo facturó (y cobró) al BBVA desde 2004 hasta el momento de su detención, el 3 de noviembre de 2017. Los justificó con al menos ocho contratos, el primero firmado el 2 de diciembre de 2004 y el último, una iguala mensual de 50.000 euros más IVA por dos años, firmada el 1 junio de 2016.

En la contratación de Villarejo por BBVA jugó un papel esencial Julio Corrochano, ex jefe de Seguridad del banco de 2003 a 2018 y su principal interlocutor en la entidad financiera, junto a Antonio Béjar, el director de Recuperaciones, también imputado en la pieza BBVA junto a otros directivos de departamentos y el propio expresidente de la entidad Francisco González.

En el escrito que el propio BBVA envía al juzgado el 24 de junio de 2019 adjuntando la relación de contratos suscritos con Villarejo, de cantidades contratadas y pagadas, así como de las personas que para cada contrato "verifican la prestación del servicio" y "autorizan los pagos de las facturas" (emitidas por empresas de Villarejo), Corrochano aparece como supervisor de los servicios o autorizante de pagos en todos los contratos, salvo del primero, en el que figura como responsable el directivo Ángel Cano.

Sin embargo, en su último escrito enviado al juzgado el pasado octubre, que deberá ratificar en persona en sede judicial en los próximos días, Corrochano atribuye la contratación del comisario en última instancia al entonces presidente, Francisco González, y a Ángel Cano, al tiempo que destaca la intervención de varios departamentos de la entidad. El ex jefe de Seguridad admite haber sido él quien seleccionó a Villarejo, si bien alega que fue por "descarte" entre otras firmas disponibles en el mercado. En su escrito no menciona que ese "descarte" le reportó el 5% de comisión de las cantidades que Villarejo recibía del BBVA y que éste le entregaba, en dinero o en forma de regalos.

El perfil de Corrochano es parecido al de otros cargos homólogos en distintas empresas que contrataron al policía jubilado: expolicía de alto rango (comisario general de Policía Judicial) antes de entrar en la entidad financiera y perteneciente al círculo de confianza de Villarejo, como él mismo reconoce. Su relación es anterior a la excedencia de Villarejo en 1983 y continúa tras la vuelta del comisario al servicio activo en 1993, cuando ambos coinciden en la Comisaría General de Información. Como todos los demás contratantes del comisario, Corrochano ha declarado (como imputado, y por tanto con derecho a faltar a la verdad) que no sabía que Villarejo estuviera en activo tanto ni cuando le selecciona, en 2004, ni en fechas posteriores.

"KOL -> 5%"

En el sumario hay indicios sólidos de al menos dos trabajos de Villarejo para BBVA por los que Corrochano se llevó un 5% de comisión: el tercer contrato, llamado "Proyecto Summer", firmado en 2010; y el octavo, "Proyecto Seguridad y Entorno", rubricado el 1 de junio de 2016. 

En el "Proyecto Summer", el pago de dicha comisión es mencionado por la propia unidad policial asignada al Caso Villarejo en un oficio de 55 páginas enviado al juzgado el 3 de julio de 2019. En dicho documento, los investigadores parten de un gráfico (incluido en el oficio) que figura en la página 61 de uno de los cuadernos de trabajo incautados al comisario cuando es detenido en noviembre de 2017.

Como puede comprobarse en la imagen inferior, el gráfico de Villarejo es bien ilustrativo: indica expresamente un 5% para "KOL" (apodo que da siempre Villarejo a Julio Corrochano), la base sobre la que este porcentaje se aplica (base imponible de la factura 13/14, 2.131.299 euros), el importe resultante (106.514 euros = 5% de 2.131.299 euros), así como el fraccionamiento de su pago a Corrochano en dos tandas (49.613 + 56.900) y la forma en la que una parte de los 56.900 euros es abonada (24.500 euros en muebles).

Sin embargo, el cobro de un porcentaje del 5% por esta factura solo es mencionado una vez en todo el extenso oficio, a pesar de la relevancia de este dato para delimitar la implicación de Corrochano en la contratación del comisario. Por contra, el documento da todo el protagonismo al pago de los 24.500 euros en forma de muebles y aparatos audiovisuales. Así, la unidad investigadora dedica el texto y sus diligencias de investigación a la verificación, junto con el proveedor de los enseres, del pedido, de su pago por una empresa de Villarejo y de su envío al domicilio de Corrochano.

Una omisión sorprendente que se suma a otra en el mismo oficio, esta última correspondiente a otro 5% sobre las cantidades mensuales cobradas por Villarejo en virtud del octavo y último contrato firmado con BBVA el 1 de junio de 2016, el contrato Seguridad y Entorno.

"KOL: Firma contrato 2 años. 50 mensualidades"

Este último consiste en una iguala mensual de 50.000 euros al mes más IVA durante dos años (en total, 1.200.000 euros más IVA) por "proporcionar al área de Seguridad Corporativa un servicio de inteligencia, vigilancia y desarrollos operativos en los países en los que el Grupo BBVA tiene presencia". Tan ambiciosa misión se tradujo en la práctica en la entrega de un mero clipping mensual (listado con breve descripción) de noticias sobre seguridad en dichos países, un trabajo asumible por muchas otras firmas especializadas a un coste infinitamente inferior.

De los apuntes referidos a "KOL" incluidos en las tres agendas del comisario jubilado que le son incautadas el día que es detenido (y que recogen sus anotaciones entre el 9 de mayo de 2016 y el 2 de noviembre de 2017), se desprende sin mayor esfuerzo que el comisario paga a Corrochano la cantidad de 2.500 euros al mes, presumiblemente en negro y en mano. Así, y como puede comprobarse en la imagen inferior, Villarejo consigna entregas mensuales a "KOL" , bien con la expresión "entrega 2.5" u "OK 2.5", coincidiendo con días en los que ambos quedan para verse en persona. Se trata de una cifra que se corresponde exactamente con el 5% de la base imponible (50.000 euros) de la iguala mensual que el comisario está percibiendo en esas mismas fechas. La serie de anotaciones comienza precisamente al día siguiente de la firma del contrato: "KOL: Firma contrato 2 años. 50 mensualidades. Comida día 9".

Todos estos apuntes de la imagen superior sobre el contrato de iguala y las menciones a "entregas 2.5" son también incluidos en el oficio antes mencionado, pero de forma inexplicable no aparece ni un comentario sobre los mismos. Como resultado, el oficio no alerta sobre estas anotaciones de "2.5", ni por tanto sobre su vinculación al contrato de iguala en vigor, que tampoco se menciona. 

En suma, el texto del oficio policial obvia la existencia de indicios de un patrón de cobro de comisiones por parte de Corrochano sobre las cantidades percibidas del BBVA por Villarejo a lo largo de los años, y como resultado ha quedado fuera de los escritos de los fiscales y de los autos del juez en los que se soporta su imputación y eventual procesamiento.

Fuentes jurídicas consultadas por Público explican a este diario que esta omisión redunda en favor de la estrategia de defensa del ex jefe de Seguridad de BBVA, en el sentido en que le facilita el camino para desmarcarse de la decisión de contratación de Villarejo por parte del banco y para alegar que los muebles que el comisario le paga son un regalo puntual en el marco de una larga y sabida amistad. No es la primera vez que Público detecta indicios, por acción u omisión, de ayudas a los policías imputados en el caso. 

Trece años de relación muy rentable con BBVA 

El 2 de diciembre de 2004, al año y pocos meses de entrar Corrochano en el banco, el BBVA firma con Villarejo el primer contrato, el del llamado "proyecto Trapa". A este siguieron al menos otros siete. El último, el de la iguala mensual de los 50.000 euros más IVA, estaba todavía en vigor el día que el policía es detenido (llega a cobrar la última factura emitida a la entidad financiera estando en prisión provisional). A estos contratos hay que sumar, además, la participación del comisario en algunas de las seis operaciones de compraventa inmobiliarias que Francisco González analizó en beneficio personal sirviéndose de recursos al servicio del banco que presidía.

Las misiones reales del comisario, y por las que ingresó esas exorbitantes cantidades, nada tenían que ver con lo plasmado en los folios al peso que entregaba para dar un soporte documental al dinero cobrado; una suerte de "parapetos" del encargo real, palabra con la que Francisco Menéndez, el contratante del primer encargo analizado en la instrucción del Caso Villarejo, el "Proyecto King", definió los "informes" de Villarejo ante los fiscales.

Nadie paga por nada (por "parapetos") y mucho menos un banco. Y, en efecto, nada en el universo Villarejo es lo que parece. Como analizó en exclusiva Público, el primer "proyecto Trapa" no iba de "defender al BBVA de una OPA de Sacyr apoyada por el Gobierno de entonces", sino de una ocurrente jugada mediática-bursátil redonda para el entonces presidente del BBVA, Francisco González, para el supuesto "asaltante perjudicado" (Sacyr y los accionistas de la constructora) y para todos los que conocían lo que se cocía y que tuvieran en las manos opciones sobre acciones del banco en febrero de 2005.

Lo mismo ocurre con el misterioso segundo encargo para BBVA (una iguala mensual de 34.800 euros IVA incluido), firmado en 2005, donde el concepto que aparece en las facturas es el de "vigilancia ordinaria"; aunque en realidad se trata del "proyecto Antojo", según se desprende de la documentación incautada al comisario, que apunta a otra millonaria operación mediática-bursátil, y además con derivada internacional. A su vez, el galimatías del tercer contrato, "Summer", en realidad giraba sobre triquiñuelas financieras para recobrar deudas por la puerta de atrás cuando el banco estimaba que los deudores se encontraban en situación inminente de concurso de acreedores. Así, hasta al menos ocho encargos que dibujan una relación constante y con resultados satisfactorios para todas las partes.