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Dos policías absueltos en el 'caso Cursach', a juicio por complicidad con los 'Ángeles del Infierno'

Los policías locales de Palma de Mallorca fueron dos de los procesados por cuya inocencia lloró el fiscal Tomás Herranz en el juicio por la presunta corrupción en torno a los negocios del magnate mallorquín Cursach. En unos días, estos agentes se sientan en la Audiencia Nacional por colaborar con la banda motera en presuntos delitos de blanqueo y prostitución.

Agentes de la Policía Local de Palma, en la Plaza Mayor de la capital balear. | EUROPA PRESS
Agentes de la Policía Local de Palma, en la Plaza Mayor de la capital balear. | EUROPA PRESS.

La supuesta mafia en el seno de la Policía Local de Palma de Mallorca llega a la Audiencia Nacional, después de haber pasado durante años por diversos juzgados de la isla y recientemente por la Audiencia Provincial, en el desinflado juicio por la presunta trama corrupta en torno a los negocios del magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach, en el que la veintena de procesados resultaron absueltos por un insólito viraje de la Fiscalía Anticorrupción.

Entre los acusados y después exonerados figuran dos policías locales de Palma, entre una docena de agentes que fueron juzgados en el caso Cursach, que la próxima semana repiten experiencia judicial y por delitos también muy graves. Son Carlos Vallecillo y Nicanor Góngora, procesados por la Audiencia Nacional por complicidad con la banda criminal Ángeles del Infierno. El juicio arranca el 23 de enero y se prolongará una docena de sesiones. 

Un total de 47 personas se sientan en el banquillo, acusadas de presuntos delitos de organización criminal, blanqueo, prostitución, coacciones, amenazas, tráfico de drogas, detención ilegal, falsedad, tenencia ilícita de armas y extorsión, entre un total de 29 delitos que habrían cometido los acusados, pertenecientes a la filial mallorquina-- o 'capítulo' en el argot de la banda-- de la organización internacional que gira en torno al club de moteros Ángeles del Infierno, entre 2009 y 2011. La Policía Nacional y la Guardia Civil desarticularon la trama en el verano de 2013, con la colaboración de Interpol y de varios países europeos.

Carlos Vallecillo, de 43 años, estuvo destinado en el Grupo de Actuación Preventiva (G.A.P.) de la Policía Local de Palma, dedicado a tareas de seguridad ciudadana en zonas conflictivas, como El Arenal. La Fiscalía le acusa de un delito de omisión del deber de perseguir delitos y pide un año y seis meses de inhabilitación para ejercer empleo público. 

Este policía está acusado de "parar una denuncia" por una agresión con arma blanca en la Playa de Palma protagonizada por un miembro de los Ángeles del Infierno. Años atrás Vallecillo fue condenado por las torturas cometidas en calabozos contra un detenido, esposado a un banco, y fue quien se acercó a la cámara de vigilancia y la apartó de un manotazo para que no filmara las agresiones delictivas de los agentes. Después fue rehabilitado en el cuerpo gracias a que el Ayuntamiento de Palma dio carpetazo a toda la investigación sobre corrupción policial.

Para Nicanor Góngora, alias 'Nica', de 55 años, la petición es de tres años de prisión por un delito de organización criminal y otros cuatro y medio por un delito de cohecho. La Fiscalía le sitúa como un colaborador muy cercano de la cúpula de la banda internacional Ángeles del Infierno. Su destino era el área de Policía Judicial, "por lo tanto, contaba con acceso directo y diario a una gran cantidad de información de interés policial sobre personas, objetos e investigaciones, que se hallaban depositadas en las distintas bases de datos policiales", según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía. 

Un sargento de la Guardia Civil, también procesado

Además de estos dos agentes, la Audiencia Nacional juzga también en la misma causa al sargento de la Guardia Civil de Mallorca José Francisco Valenzuela, para el que la Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, cohecho, violación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. Además el fiscal solicita tres años y medio de inhabilitación para empleo público. 

Este guardia civil "con ocasión del ejercicio de sus funciones y los conocimientos en materia fiscal y administrativa, así como la posibilidad de acceso a las bases de datos propias de la Guardia Civil, realizó actividades al margen de sus obligaciones profesionales, sirviendo como intermediario en negocios y actividades, realización de favores personales y gestiones de diversa índole. Sirve a los propósitos de algunos de los acusados, como sería el caso de
Michael Fritz, Rolando Torres, Frank Haupt y Nicanor Góngora", consta en el escrito de la Fiscalía. 

Policías al servicio de una organización criminal

El sargento Valenzuela presuntamente se habría encargado de conseguir una licencia para un local en Ibiza de uno de los miembros de la organización a cambio de una cantidad de dinero. Además, según el Ministerio Público, en mayo de 2012, un miembro de la banda le pidió que realizara funciones de vigilancia y seguridad para una cita con distintas personalidades para lo cual el sargento desplegó un dispositivo oficial. 

Valenzuela habría participado presuntamente en una operación para blanquear  300 millones de euros que varios miembros de los Ángeles del Infierno pretendían realizar desde Turquía hasta Suiza. El guardia civil procesado trató de desbloquear los millones intervenidos en una aduana en Madrid, según la Fiscalía. 

Cita con Alemania con el líder de los Ángeles del Infierno

En cuanto al policía Nicanor Góngora, los investigadores detectaron reuniones de este con la cúpula de los Ángeles del Infierno a finales de 2012. Uno de ellos había sufrido el robo en su casa de varios lingotes de oro y relojes de lujo y quería saber quién estaba detrás para vengarse. Para ello, la banda contaba con la colaboración policial de Góngora a cambio de dinero, según la Fiscalía. 

Los vínculos de este agente con la banda se estrecharon tanto que los jefes le propusieron entrar a formar parte de sus negocios. Para ello Góngora llegó a acompañar a Khalil Youssafi, número dos de la organización en Mallorca, a Alemania para reunirse con el líder de los Ángeles del Infierno, Frank Hanebuth, según el relato de la Fiscalía.

Tras el viaje a Alemania, Khalil Youssafi, en una conversación telefónica intervenida, le dijo a su interlocutor que "no tiene que preocuparse ante un posible control policial en el prostíbulo Red Palace de Palma", en relación a la colaboración del policía Nicanor Góngora. 

Absuelto tras acusar al juez y al fiscal de presionarle

Precisamente Nicanor Góngora fue uno de los policías procesados en el caso Cursach que con más vehemencia atacó al juez instructor de la causa, Manuel Penalba, y al fiscal Subirán, durante su declaración en el juicio. Entonces se desdijo de sus declaraciones iniciales, culpando al juez y al fiscal de haber forzado su declaración en la que reconocía los hechos e inculpaba a varios compañeros de la Policía Local de Palma de trabajar a las órdenes de Cursach para perjudicar a la competencia en los negocios de la noche. 

Góngora, que se enfrentaba a seis años y medio de prisión en el caso Cursach, estaba acusado, entre otras cosas, de extorsionar a varios empresarios de Mallorca para que le pagaran a cambio de que la Policía no inspeccionara sus locales. Su defensa consistió en imitar la estrategia del resto de procesados y culpar a Penalba y subirán de una mala instrucción. Ambos están acusados por el Ministerio Fiscal de una docena de detenciones ilegales y de filtraciones a la prensa

En este sentido, el policía Carlos Vallecillo figura imputado por el juez Morell en la pieza sobre corrupción en la Policía Local. "Carlos Vallecillo de acuerdo con otros policías de investigados en la presentes actuaciones, participaba en la realización de inspecciones policiales en establecimientos de ocio nocturno y en la confección de actas de infracción falsas con el fin de perjudicar a determinados empresarios para que éstos accedan a pagar tasas o contratar servicios de seguridad o de otro tipo en los establecimientos y, en caso de negarse, sufrir un acoso continuo consistente en inspecciones constantes e injustificadas en horario de máxima influencia de público", figura en el auto del juez Morell al que ha tenido acceso Público. 

Las lágrimas del fiscal Herranz

Memorable fue la actuación del fiscal Tomás Herranz en la última jornada del juicio del caso Cursach, el 30 de noviembre pasadocuando con lágrimas en los ojos invocó la inocencia de los procesados por liderar una mafia policial y empresarial relacionada con los negocios de la noche mallorquina. Los 24 acusados han sido absueltos, incluido el magnate Cursach y los policías Góngora y Vallecillo. Fuentes jurídicas consultadas por este diario opinan que los agentes probablemente invocarán dicha absolución para intentar echar por tierra las pruebas contra ellos en la causa de los Ángeles del Infierno.

Red de prostíbulos en Mallorca

Según la Fiscalía, una de las vías de ingreso de los Ángeles del Infierno en Mallorca era la explotación sexual de mujeres de distintas nacionalidades, llevadas a la isla con engaños desde países como Rumania. No sólo se las prostituía contra su voluntad sino que servían de testaferros de los delincuentes, que ponían a su nombre coches y propiedades para ocultar a Hacienda su verdadero patrimonio, logrado con fondos procedentes del tráfico de drogas y las extorsiones. 

La Fiscalía considera que los Hells Angels (Ángeles del  Infierno) se afincaron en Mallorca sobre el mes de noviembre de 2009, donde constituyeron un 'Capítulo', con miembros de pleno derecho de otros 'Capítulos' europeos, principalmente del 'Capítulo Nomads' de Turquía. La filial de Mallorca se disolvió por causas internas sobre el mes de enero de 2011, permaneciendo en Mallorca los hermanos Khalil y Abdelghani Youssafi, ambos pertenecientes al "Capítulo Nomads" de Luxemburgo, participando en delitos relativos a la prostitución y al tráfico de drogas. 

La implantación de los Ángeles del Infierno en Baleares fue consecuencia de la estrategia de la banda a nivel europeo, motivada por su situación geográfica, existencia de negocios de alterne, posibilidad de blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, y la presencia de población residente extranjera, que facilitaba las prácticas de extorsión, dice la Fiscalía.

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