El PP aviva el choque institucional contra el Gobierno para tapar su gestión de los incendios

Las competencias en la prevención y extinción de los incendios recaen, principalmente, en las comunidades autónomas, pero el PP intenta darle la vuelta al relato y señalar al Gobierno central por la tragedia medioambiental que este agosto ya ha quemado 350.000 hectáreas forestales. Ya sucedió con la catástrofe de la DANA en el País Valencià, cuando para tapar la pésima gestión del Govern de Carlos Mazón las derechas política y mediática desviaron el foco hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

"El Gobierno es caos", esta es una de las ideas-fuerza que resume la estrategia político-comunicativa que el PP desarrolla en los últimos meses con la vista puesta en el desgaste del Gobierno y agilizar el fin de la legislatura. Las derechas usaron este leimotiv en el apagón eléctrico generalizado en todo el país que tuvo lugar el 28 de abril de este año o con las sucesivas incidencias en la red ferroviaria de los últimos meses. Hoy, el fuego esquilma importantes áreas de Extremadura, Castilla y León y Galicia, tres autonomías gobernadas por el PP (por María Guardiola, Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda, respectivamente), pero la respuesta coordinada de los distintos ejecutivos autonómicos muestra la mano de Génova para desgastar, en este caso también, a Sánchez, Moncloa y Ferraz. Desde Moncloa, incluso, se han lanzado a destapar "bulos" de los populares de estos días sobre los incendios y las labores de extinción. 

Con este fin, el PP no duda en usar las instituciones en las que gobierna o goza de gran influencia para lanzarlas al choque contra otras instituciones del Estado. Así, son constantes los embistes de la Cámara Alta (en el Senado tiene mayoría absoluta el PP) contra la Baja (en el órgano de gobierno del Congreso hay mayoría progresista); los rifirrafes entre el Tribunal Supremo (de perfil conservador) y el Constitucional (con aires progresistas)...    

Esta semana, el PP ha avivado el choque institucional entre los gobiernos regionales afectados por los fuegos y el Ejecutivo de Sánchez. Desde este miércoles, también ha usado su mayoría absoluta en el Senado para señalar a ministros por la gestión de los incendios de este verano y desviar el foco de las gestiones autonómicas. De esta manera, la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, anunciaba la habilitación del mes de agosto en el Senado para las comparecencias urgentes de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en España, Sara Aagesen, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y la de Defensa, Margarita Robles. "Vamos a sacarlos de su retiro vacacional”, exclamaba la portavoz en la rueda de prensa en la que hacía este anuncio.

"Políticas dogmáticas medioambientales"

García, en su comparecencia, ha achacado a Aagesen "sus políticas dogmáticas y radicales en materia medioambiental", tomando prestado el lenguaje de Vox sobre cuestiones ecológicas. La portavoz del PP en el Senado considera que "el Gobierno no ha estado a la altura ante una catástrofe de estas dimensiones". "Por ello, desde el Senado, vamos a exigir todas las respuestas", asegura. Palabras más gruesas guardaba para el presidente Sánchez, de quien asegura que "ha sido incapaz de abandonar la primera línea de playa para ponerse en primera línea de fuego". Sin hacer mención a las gestiones de los ejecutivos autonómicos de los incendios, García aseguraba sobre el Ejecutivo central que "por no tener Presupuestos, recorta en aeronaves y no invierte los fondos europeos como es debido".

El coro de críticas del PP al Gobierno se oía, este miércoles, más allá de Madrid. Así, reaparecía el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla. El andaluz, que no acudió al incendio de Tarifa (Cádiz) extinguido el pasado 16 de agosto tras seis días de actividad, ha criticado la reacción "tardía" del Gobierno central y que no se haya "cumplido con los medios que el Estado iba a poner a disposición de las comunidades".  

También comparecía Mañueco. Una de las polémicas políticas de la jornada tuvo que ver con el conocimiento de que mientras Castilla y León reclamaba más medios estatales contra los incendios declarados en Zamora y León, la comunidad que preside mantenía sin usar recursos desplegados por el ejército. Prueba de ello, era la situación de los militares desplegados en las localidades leonesas de Bembibre y Cistierna, donde montaron el pasado lunes dos bases logísticas para atender a 180 integrantes del operativo de extinción de incendios, pero estas instalaciones no se habían utilizado desde entonces. El propio presidente autonómico reconocía que habían podido producirse "algún tipo de incidencias".     

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Enfado del Gobierno

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