El PP tiene un plan: dificultar la relación entre el PSOE y Unidas Podemos. Intentó hacerlo con el apoyo a la OTAN, con la nueva ley del aborto o con la ley Trans. Busca una grieta y se mete. Por eso Génova se ha lanzado a dar la batalla contra la okupación. Tanto es así que la gira de convenciones por España que ha organizado el PP para elaborar el programa electoral de 2023 llevará este viernes a Feijóo a Barcelona para hablar de okupación. Será su primera parada. Además, el grupo popular en el Congreso presentó una moción el pasado 6 de octubre para forzar una votación y retar al PSOE a apoyar los desalojos a okupas en un plazo máximo de un día.

Según el último CIS, publicado este lunes, solo el 0,4% de los españoles están preocupados por "la ocupación de viviendas". Pero el PP sostiene que es uno de "los principales problemas de los españoles" y que "parece que ahora si te ocupan tu casa no se puede hacer nada", dijo su coordinador general Elías Bendodo. La Fiscalía General del Estado los desmiente. En su última memoria anual el Ministerio Fiscal señala una "tendencia de estabilización" en cuanto al número de incoaciones por el delito de usurpación, lo que suele denominarse informalmente ocupación. 

Sus datos dicen que en 2021 se abrieron en España 9.739 procedimientos judiciales, solo nueve más que en 2020. En 2019 y 2018, las diligencias previas iniciadas por este delito no superaron las 9.700 en todo el país, lo que supuso un aumento de apenas el 1% respecto a años anteriores. La alarma social promovida por la derecha y la ultraderecha, aireada a través de programas de televisión, no se sostiene en datos y ha sido desmentida por activistas, organizaciones e incluso jueces. Aún así, el PP de Feijóo insiste.

En realidad fuentes populares reconocen en conversación con este periódico que la ofensiva parlamentaria en este asunto busca arrastrar al PSOE a otra bronca con Unidas Podemos. El PP presentó una moción en el Congreso sobre okupación precisamente una semana después de que una propuesta vía enmienda a la reforma de la Ley de Enjuicimiento Criminal de los socialistas para cambiar la ley y ejecutar los desalojos "en el plazo máximo de 48 horas desde la petición del propietario" enfrentase a los socios del Gobierno.

Yolanda Díaz e Irene Montero acusaron al PSOE de asumir los marcos de PP, Vox y Ciudadanos. "Cuando compramos la agenda de la derecha, gana la derecha", dijo Montero. También los aliados del bloque de la investidura, como ERC o EH Bildu, le reprocharon a los socialistas que dieran "alas al falso relato" sobre la okupación. 

Desalojo en 24 horas y anular el padrón de los okupas

El PP vio la grieta y actuó en consecuencia registrando una moción, consecuencia de una interpelación a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para forzar una votación en el Congreso y poner al PSOE contra las cuerdas. El texto, al que ha tenido acceso Público, propone, entre otras cosas, el desalojo de los 'okupas' en un plazo máximo de 24 horas, frente a los dos días que defienden los socialistas, y que los jurados populares dejen de encargase de los casos de allanamiento de morada. Este punto es compartido por el PSOE, que lo incluyó en su enmienda.

Además, los de Feijóo pretenden anular la inscripción de los 'okupas' en el padrón municipal y  prohibir que un inmueble ocupado pueda tener la consideración de morada o domicilio, así como que se devuelvan a los propietarios las cantidades del Impuesto de Bienes Inmuebles(IBI) que hayan pagado durante el tiempo que durase la ocupación.

El texto se debatirá y se votará en el primer ordinario de noviembre, teniendo en cuenta que la próxima semana se celebrará el debate de totalidad de los Presupuestos. Según confirman fuentes parlamentarias, el PP pedirá que se vote cada punto de la iniciativa por separado para forzar a los grupos a pronunciarse sobre cada propuesta concreta. Es un reto al PSOE: "Que se posicione sobre los desalojos en 24 horas", dicen desde las filas populares.