El PP lleva el choque institucional entre Senado y Congreso al límite en su batalla contra la amnistía

Alberto Núñez Feijóo avanzó en enero que usaría el Senado como trinchera ante el envite legislativo de la mayoría progresista del Congreso y dos meses después, en su cruzada contra la amnistía, ha pulsado el botón de activar en un choque institucional inédito entre las dos Cámaras del Parlamento. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado este martes, tal y como adelantó El Español, que el grupo del PP en el Senado planteará un conflicto de atribuciones contra el Congreso por considerar que la ley de amnistía supone "una reforma encubierta de la Constitución". El PP cumple así con una de las exigencias que le viene haciendo Vox en los últimos meses.

Para ello, los populares forzarán un pleno en el Senado para aprobar requerir formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley de amnistía y a partir de ahí el Congreso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. Si no lo hace o su respuesta es negativa —algo que es más que previsible— el PP llevará al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia.

La ley de amnistía está en el tejado de la mayoría absoluta con la que el PP controla el Senado desde la semana pasada y, aunque no podrá frenar su tramitación, sí pueden convertir su entrada en vigor en un vía crucis para el Gobierno. Y por eso llevan meses orquestando desde Génova una carrera de obstáculos. Así, absolutamente triunfales, se hacían eco este martes de las conclusiones del informe de los letrados del Senado —solicitado por el PP en el mes de enero— sobre la amnistía: el texto incurre en una "clara inconstitucionalidad" y "materialmente debiera ser una reforma de la Constitución", exponen.

Pero, además de refrendar todos los argumentos del PP contra la amnistía, los juristas de la Cámara Alta le mostraron una nueva vía a los de Feijóo, que tardaron horas en caminar en esa dirección. "Tras la entrada de la iniciativa en el Senado, y para la defensa de las atribuciones constitucionales de la Cámara Alta se podría plantear un conflicto entre órganos constitucionales en su dos fases, una previa mediante la celebración de un Pleno, para requerir formalmente la retirada de la proposición de ley orgánica, y otra posterior ante el Tribunal Constitucional, con posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo en el Senado", dice el informe en su último párrafo.

Además, los letrados también abren la puerta a un recurso de amparo por vulneración del derecho de representación política, en tanto que ven en la ley de amnistía una reforma constitucional encubierta. En el PP nadie mira hacia esta vía por el momento.

El entorno de Armengol, "tranquilo"

La presidencia del Congreso no quiere oír hablar de guerras, aunque las fuentes consultadas se reconocen sorprendidas por la "celeridad" con la que han aparecido los informes de los letrados del Senado. El entorno de Armengol se declara "tranquilo" y asegura que los letrados del Congreso, a quienes han consultado tras la publicación de los informes, descartan que haya que preocuparse por la argumentación de los juristas del Senado sobre la constitucionalidad de la amnistía.

La idea que quiere transmitir el entorno de la presidenta—y que, de acuerdo con las fuentes consultadas, sostiene la secretaría general del Congreso— es que "lo que está claro es que, cuando pasen dos meses, si el Senado no ha tramitado la ley, se dará por aprobada". También apuntan, en la línea con lo que ha dicho Patxi López, portavoz del PSOE, que es el Tribunal Constitucional el que ha de decidir sobre la constitucionalidad de la amnistía "y nadie más", en palabras de López.

Vox retó al PP para que no se tramitara la amnistía

Son dos los informes de los letrados del Senado que se han conocido en las últimas horas. Uno es el referente a la constitucionalidad de la ley. El otro, en cambio, tiene que ver con la obligación que tiene la Cámara Alta de tramitarla. Este último lo pidió al PP empujado por la insistencia de Vox con que la Mesa del Senado eludiera ejercer su función de tramitación de las iniciativas que le llegan del Congreso. En ambos, los letrados del Senado dan la razón al PP.

El primero, al determinar que la amnistía no es constitucional. El cuerpo de juristas —en plena discrepancia con la opinión de los letrados del Congreso—, también considera que la proposición de ley de amnistía que sacó adelante la mayoría de la Cámara Baja "menoscaba la atribución constitucional del Senado", por lo que recomienda a las instancias de la Cámara activar los mecanismos para que el Congreso rectifique y, si no, elevar el caso al TC.

El segundo le da la razón al considerar que la Mesa debía tramitar la ley, como ha hecho durante la tarde de este martes, en cumplimiento con su función. El PP sostuvo, también cuando Vox apretó para que el órgano rector de la Cámara cometiera esa dejación de funciones, que la tramitación de la amnistía era ineludible. De todas formas, pidió el informe para cubrirse las espaldas tanto ante la extrema derecha, como ante su propio electorado. 

La admisión a trámite, eso sí, se ha hecho en base a una propuesta que el PSOE ha considerado intolerable. El documento que ha presentado el PP en la votación incluye un apartado en el que se especifica que la amnistía "constituye una reforma constitucional encubierta". Los miembros socialistas de la Mesa, en desacuerdo con ese punto y con otros se han abstenido en la votación, que ha salido adelante por la mayoría popular en la Cámara Alta.