El PP recurrirá al Tribunal Constitucional por invasión de la autonomía local el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que permite a los ayuntamientos usar sus remanentes y habilita para ellos 5.000 millones de los presupuestos generales del Estado a fondo perdido.

Lo ha anunciado este martes en una reunión con alcaldes en Murcia el vicesecretario nacional de Política Territorial de ese partido, Antonio González Terol, que ha avanzado que pedirá la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso, informa el PP en un comunicado.

Tras calificar de "apropiación, confiscación o robo" lo ocurrido este lunes en la FEMP, ha avanzado también que presentará mociones en contra de esa medida en todos los ayuntamientos y diputaciones en los que tiene representación, entre estas, las de Alicante y Almería, cuyas respectivas vicepresidentas, Ana Serna y Ángeles Martínez, han participado en el encuentro de este martes.

Ha explicado que el texto firmado este martes por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el de la FEMP, Abel Caballero, "contribuye a la despoblación porque excluye al mundo rural" y "solo ayuda a los ayuntamientos que tengan remanentes y a los más de 3.000 que tienen déficit los dejan en la estacada".

El alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, ha reiterado que con ese acuerdo se "crean ciudades de primera y de segunda" por decisión del PSOE. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha considerado que "confiscar el superávit de los ayuntamientos es el nuevo atraco del Gobierno de Pedro Sánchez a los ciudadanos".

El convenio, al que se ha llegado tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP, ofrece 5.000 millones de euros a los ayuntamientos siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado. En principio, los ayuntamientos dispondrían de 2.000 millones este año y 3.000 millones en 2021.

El resto del dinero de las remanentes se devolvería al 100% en un plazo de diez años, a partir de 2022, lo que salva la restricción absoluta para usar el superávit y la limitación del margen de maniobra presupuestaria que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy, según Montero.

La titular de Hacienda recordó este lunes que este mecanismo voluntario permitirá a los ayuntamientos tener más recursos, elevar su gasto en cuidados de proximidad, movilidad y agenda urbana y cultura sin generar más déficit y cumpliendo con la Constitución, que impide que los consistorios registren un saldo fiscal negativo.