El Grupo Parlamentario Popular ha recusado a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) propuestos por el Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez, para apartarlos de ocho recursos al considerar que por sus anteriores trabajos como ministro de Justicia y alto cargo de Moncloa podrían haber participado "directa o indirectamente" en los mismos, así como por "amistad o enemistad manifiesta" con cualquiera de las partes. 

Según ha informado el PP en un comunicado, pide apartar a Campo y Díez de los recursos de inconstitucionalidad contra la normativa catalana sobre proyectos lingüísticos y uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria; la ley de la eutanasia; la ley 'Rider', sobre los repartidores; la ley de educación o ley Celaá; y el decreto-ley de 4 de mayo de 2021 sobre el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. 

Les recusa además para el recurso contra la reforma legal que prohibió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones hacer nombramientos  en la cúpula judicial, una de las cuestiones más delicadas para el TC pues de declararse inconstitucional podría aliviar la complicada situación en el Supremo por falta de relevos de los magistrados que se van jubilando, por ejemplo. 

El PP quiere que Campo y Díez no participen en el recurso por el Decreto Ley de 19 de enero de 2021, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, sobre la polémica por las okupaciones; ni en el de la Ley de Presupuestos de 2021, que restableció el Impuesto de Patrimonio. 

A Campo le recusa además en el recurso de amparo presentado por el PP contra las enmiendas sobre la reforma de las leyes orgánicas del TC y del CGPJ, respecto al que el TC decidió suspender la votación en el Senado, admitiendo la medida cautelarísima solicitada por los de Feijóo. En dicho recurso consta la impugnación por el acuerdo de la Mesa del Congreso presidida por Meritxell Batet, pareja de Campo; motivo por el que él mismo se ha abstenido en el recurso del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.

El PP invoca la legislación respecto a esta y al resto de recusaciones. "Entre las causas de recusación incluidas en dicha normativa figura la amistad
íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes; haber ocupado
cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los
cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito
o causa o en otro relacionado con el mismo; o haber ocupado cargo público,
desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya
participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o
en otro relacionado con el mismo". 

Respecto a Laura Díez, se ha abstenido ya de los asuntos relacionados contra la ley catalana que elimina el 25% del castellano en las aulas debido a que el pasado verano firmó dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya, en calidad de vicepresidenta, a favor de no imponer dicho porcentaje en las clases de la comunidad autónoma.