El Partido Popular no tiene prisa en renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que decide los nombramientos y ascensos de la carrera judicial. Las fuentes consultadas por Público en las filas populares apuntan a que será "difícil" cerrar el acuerdo antes de las elecciones catalanas debido a que "el PSOE no parece dispuesto a ceder" a las tres condiciones planteadas por el PP. Asimismo, señalan que los plazos en el Congreso son muy ajustados, ya que el mes de enero es inhábil, y los candidatos deben de pasar por la comisión de nombramientos antes de votarse en el pleno.

Tanto el presidente como los vocales se eligen cada cinco años, el actual Consejo se conformó el 4 de diciembre de 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy ostentaba una holgada mayoría absoluta. Este mes de diciembre se cumplen dos años desde que el órgano está en funciones. El líder de los populares, Pablo Casado, sigue negándose a renovar dicho órgano. Su colaboración es -de momento- imprescindible puesto que se necesitan 210 votos, una mayoría de tres quintos del Congreso, para hacerlo.

Después de dos amagos de acuerdo -de los que el PP finalmente se descolgó- el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció el pasado martes que lo único que quedaba pendiente era "hacerlo público". "Es poco lo que nos separa y mucho lo que nos une", señaló. En paralelo, el PP lo negaba. "No es verdad lo que ha dicho el ministro de Justicia", aseguró la portavoz de los conservadores en la Cámara Baja, Cuca Gamarra. "No existe un acuerdo de renovación", confirmó Enrique López, consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid, él es la persona encargada de negociar esta renovación con Campo.

Desde el Ejecutivo aseguran que están dispuestos a esperar todavía "un tiempo prudencial" para que los populares tomen la decisión política de hacer público dicho pacto, pero previsiblemente esto no ocurrirá hasta después de los comicios catalanes, previstos para el 14 de febrero. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, "descartó absolutamente" el martes que la renovación se vaya a producir antes de final de año. Ambas formaciones también tienen pendientes la renovación de otros organismos como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el consejo de administración de RTVE.

Pero hay otros motivos por los que Génova quiere esperar. Con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) apunto de aprobarse en el Congreso, una voz de la dirección del PP reconoce a este diario que el PP "no puede permitirse" que el Gobierno de coalición se apunte "otro tanto" con la renovación del Poder Judicial y del resto de organismos. Además, de esta manera los populares evitan que tanto Ciudadanos como Vox utilicen este acuerdo para desgastarles de cara a la campaña catalana. "Aunque eso no nos preocupa demasiado", señalan. 

"Los nombres ya están decididos"

En lo que insisten públicamente los dirigentes populares para no hacer pública la renovación es el incumplimiento de las tres condiciones que impuso Casado: la retirada de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría necesaria para renovar el órgano, que la formación de Pablo Iglesias no forme parte de la negociación, y buscar fórmulas para garantizar la independencia del Poder Judicial. "Hay tres condiciones, cuando el PSOE las cumpla se renovará", apuntan fuentes de Génova a Público.

"Nadie de Podemos participa en la negociación, deben retirar la ley infame que han presentado, y se debe aprobar la ley propuesta por el PP para que ningún político pueda ser fiscal general del Estado", señaló García Egea en La Sexta. "Prefiero que el Consejo General del Poder Judicial siga como está a hacer una mala negociación en la que dirigentes de Podemos entren en las instituciones que desprecian", expuso.

Sin embargo, y a diferencia de lo que plantea el secretario general del PP, las fuentes consultadas en el Gobierno aseguran que los nombres que han propuesto lo dos partidos para el nuevo CGPJ ya están decididos, sin vetos cruzados, y con un consenso prácticamente cerrado. En este aspecto, las citadas fuentes indican que el problema no está en los nombres, sino en la decisión política que tiene que tomar el Partido Popular, informa Manuel Sánchez.

PSOE y Unidas Podemos registran una nueva reforma

Los grupos del PSOE y Unidas Podemos en la Cámara Baja han registrado este miércoles una proposición de ley que busca acelerar una de las medidas contenidas en la reforma del Poder Judicial registrada en octubre, y que el PP pide que se retire para hacer pública la renovación. En concreto, ambas formaciones buscan que el Pleno de la Cámara Baja debata antes de final de año una propuesta para limitar las atribuciones y competencias del CGPJ cuando su mandato esté caducado y se encuentre en funciones, como ocurre ahora.

Con esta iniciativa, los partidos que conforman el Gobierno tratan de añadir presión sobre el PP tras los nombramientos de la actual mayoría conservadora. Hasta ahora, el órgano ha permitido que, en este tiempo de interinidad, el presidente Carlos Lesmes, un magistrado afín al PP, haya renovado a 46 altos cargos de la cúpula judicial. Y prevé realizar otros nombramientos.

Casado no se da por aludido y desde su entorno aseguran que no "cederá" a las presiones. Este miércoles, durante un acto en Sevilla junto a la cúpula del PP andaluz, ha asegurado que el presidente del Gobierno "intenta atacar la independencia del Poder Judicial" porque "quiere mandar en todos los poderes del Estado" y "no se conforma con el Ejecutivo y el Legislativo.