Pablo Casado sigue bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que decide los nombramientos y ascensos de la carrera judicial, pese a que lleva en funciones desde hace casi dos años. El actual Consejo se conformó el 4 de diciembre de 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy ostentaba una holgada mayoría absoluta, por lo que el reparto de asientos beneficia claramente a la formación conservadora: once miembros fueron propuestos por los populares, siete por el PSOE, uno de IU y otro del PNV. 

La Comisión Europea reclamó recientemente a España la renovación del Poder Judicial en su informe sobre el Estado de derecho. El documento advertía de que esa "anomalía institucional" puede desacreditar al órgano, que continúa realizando nombramientos pese a estar en funciones. Eran decisiones que hubieran correspondido al próximo Consejo y que condicionarán a la Justicia en los próximos 20 años. A juicio del titular de Justicia del PP, Enrique López, "no hay ninguna cortapisa ni obstáculo legal" a que realicen estos nombramientos.

Los conservadores ponen el foco en la presencia de Unidas Podemos en la negociación, a los que acusan de querer "erradicar" la independencia de la Justicia. Esto ocurre el mismo día en el que el juez García Castellón ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por su implicación en el 'caso Dina'.

Pese a las presiones de Europa y del propio Gobierno, que ya plantea una modificación del método de elección del CGPJ rebajando el respaldo necesario -actualmente de 210 parlamentarios- para el nombramiento de sus vocales, Casado ha sido respaldado este miércoles por los exministros de Justicia del PP, tras una reunión mantenida en Génova con Ángel Acebes, José María Michavila, Alberto Ruíz Gallardón y Rafael Catalá. "Hemos querido contar con la opinión de los servicios de justicia, han sido referentes y queríamos conocer su opinión", ha explicado López.

A juicio del actual consejero de Justicia en Madrid, todos ellos "han coincidido en que la actual situación no debe ser asumida por el PP, precisamente porque están preocupados por la deriva de este gobierno por su intento de colonización de las instituciones", ha dicho. Sin embargo, los cuatro exministros de Justicia con los que se ha reunido este miércoles Casado han sido protagonistas de polémicas en sus mandatos y Público te las resume aquí.

Alberto Ruiz Gallardón

Gallardón tomó posesión en diciembre de 2011 como ministro de Justicia. Dimitió tres años después dejando tras de sí un reguero de decisiones y leyes polémicas con las que logró pocos apoyos. La contrarreforma de la ley del aborto fue su tumba política.  Sustituir la ley de plazos —con la que una mujer puede interrumpir libremente su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación— por una de supuestos en la que sólo estaría permitido en caso de violación o riesgo para la salud de la madre no logró ni convencer a sus propios compañeros de equipo de Gobierno ni de partido.

Otra de sus polémicas tuvo que ver con la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Al inicio de la legislatura aseguró que era inconstitucional la elección parlamentaria, después cambió de criterio y pactó con el resto de formaciones sin volver a mencionar la supuesta inconstitucionalidad. El conservador también impulsó un anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, rechazada por todos los sectores de la Justicia, que limitaba los casos en que un juez español podía investigar delitos cometidos en el extranjero.

También fue muy criticada por ciudadanos juristas y grupos políticos la ley de Tasas Judiciales, el endurecimiento del Código Penal o la cesión a los registradores mercantiles la gestión de los registros civiles.

Ángel Acebes

Ángel Acebes fue alcalde, senador, tres veces ministro, coordinador general y secretario general del PP. Ejerció como ministro de Justicia apenas dos años, eso le valió para ostentar el récord de todos los ministros de esa cartera desde 1978 en la concesión de indultos, mayoritariamente a políticos indultados por delitos de corrupción. En el año 2000 indultó a 1.333 personas en un solo día.

Sin embargo, el episodio más oscuro de Acebes tuvo lugar durante el atentado terrorista del 11 de marzo en Madrid, en el año 2004, cuando ocupaba la cartera de Interior. Esa semana compareció en varias ocasiones señalando como autores intelectuales al terrorismo etarra. "ETA buscaba una masacre", decía el conservador. Un discurso que Acebes mantuvo días después del ataque, y en el que no dudó al afirmar que ETA seguía siendo "la principal línea de investigación", hasta que al final reconoció -en su sexta rueda de prensa- la autoría de Al Qaeda, registrada en una cinta de vídeo.

José María Michavila

Ministro de Justicia entre 2002 y 2003, Jose María Michavila cuenta con unas cuantas polémicas en su gestión. En su época como ministro, el fiscal jefe de Madrid, Mariano Bermejo, presentó una querella contra él -avalada por doces fiscales del Supremo- por "mentir gravemente" después de que éste le acusara de boicotear la implantación de los juicios rápidos. Bermejo consideró un insulto que Michavila dijera que los trabajadores del cuerpo de justicia eran "unos vagos". "Está insultando a la carrera fiscal que estamos ahí en el día a día intentando sacar a flote como podemos esta ley con tantos problemas", señaló.

El político conservador también fue fiscalizado por sus actividades fuera de la Cámara: ejerció como asesor financiero a grandes fortunas, MdF Achievers, cuando todavía era diputado, tal y como informó El Confidencial. También se dedicó a representar a estrellas del espectáculo como Alejandro Sanz o Shakira, a presidir una fundación a favor de la educación infantil o a ejercer de abogado de directores de cine. Es más, según el citado medio fue el diputado más sancionado por el PP, dadas sus continuas ausencias.

Además, su nombre apareció en los medios de comunicación ya que uno de sus asesores durante su etapa como ministro de Justicia, Carlos Clemente Aguado, fue uno de los imputados por el juez Garzón en la trama 'Gürtel'.

Rafael Catalá

El expresidente Mariano Rajoy nombró a Rafael Catalá como sucesor de Gallardón, buscando en él a un ministro con un perfil más discreto. Meses después de ser nombrado, anunció una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para acortar los plazos de instrucción de las causas a seis meses y sólo doce más si eran complejas, lo que se interpretó como una forma de que las causas por corrupción -que afectaban especialmente al PP- llegaran sin la investigación necesaria. Más de 850 fiscales de las tres principales asociaciones firmaron un documento en el que rechazaban esta decisión.

La ley LECrim renunció a algunas de las propuestas iniciales más polémicas, como la posibilidad de que el Ministerio del Interior pudiera intervenir comunicaciones sin autorización judicial. Sin embargo, sí ratificó la sustitución del actual "imputado" por "investigado".

Asimismo, Catalá recurrió a las puertas giratorias tras su salida de la política activa el pasado 21 de mayo de 2019. El exministro fichó por Codere, una de las grandes empresas del sector del juego –casinos, apuestas 'online' y máquinas recreativas– como colaborador externo y asesor global de relaciones institucionales.