Las izquierdas parlamentarias se alían para presionar al PSOE en materia de vivienda de cara a los Presupuestos

La aprobación de la ley de vivienda, que acumula nueve meses de retraso por las discrepancias que Unidas Podemos y el PSOE mantienen en el seno del Gobierno sobre esta materia, se ha convertido en un asunto crucial de cara a la negociación para las cuentas del próximo año. No solo es un tema sine qua non para Unidas Podemos, sino también para el resto de fuerzas parlamentarias que el Gobierno necesita para que el proyecto de ley de Presupuestos llegue a buen puerto.

Antes de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, iniciara este martes la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, los diferentes portavoces del espacio confederal, ERC, EH Bildu, Más País y Compromís rebajaron el optimismo exhibido por el PSOE de cara a la negociación de las cuentas públicas, dejando claro incluso que harán "sudar" al Gobierno a cambio de su voto favorable.

Asimismo, en las reuniones que Bolaños ha mantenido a lo largo de esta semana con los representantes de los socios habituales del Ejecutivo, estos han transmitido al ministro que la negociación presupuestaria debe producirse sobre medidas sociales y económicas profundas que supongan avances para la clase trabajadora, en cumplimiento de las promesas y acuerdos que el Gobierno ha adoptado desde la investidura de Pedro Sánchez. Y, en concreto, la mayoría de estos partidos han reclamado que la futura ley de vivienda no se demore más en el tiempo.

Por su parte, los miembros del Gobierno de Unidas Podemos han insistido a lo largo de esta semana en que el acuerdo entre las dos fuerzas que sostienen el Ejecutivo en materia de Presupuestos está "aún lejos". Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, exigió avanzar en el acuerdo para regular los precios del alquiler antes de aprobar las cuentas públicas. "Entendemos que ese acuerdo tiene que estar sustanciado antes de que pueda haber unos Presupuestos, la ciudadanía no entendería que un acuerdo público de hace un año no estuviera ya aprobado", sostuvo.

Y es que, ambos socios alcanzaron ese compromiso para impulsar los vigentes Presupuestos, acordando habilitar una regulación de los alquileres para poder rebajar los precios. Sin embargo, esta nueva ley sigue estando encallada ante las resistencias del PSOE para intervenir los precios.

Ley de garantía del Derecho a la Vivienda

En este sentido, en un nuevo intento de elevar la presión sobre el PSOE en este asunto y aprovechando el inicio de las negociaciones presupuestarias, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias han acordado este jueves que registrarán previsiblemente en el Congreso una Ley de garantía del Derecho a la Vivienda elaborada por los sindicatos CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La norma que estas organizaciones han presentado en la Cámara Baja a los grupos, a la que también se han sumado Junts y la CUP, está dirigida a hacer real y efectivo el derecho de toda persona "a una vivienda digna, adecuada y asequible". En esta línea, establece la prohibición expresa de los desahucios sin alternativa habitacional en situación de vulnerabilidad y también trata de garantizar los suministros básicos. Asimismo, establece una tarifa social de agua, gas y electricidad, financiada con porcentajes de reparto entre productoras, distribuidoras y comercializadoras.

En cuanto al alquiler, el texto legislativo propone declarar zonas tensionadas a partir de una serie de circunstancias, como que la renta media supere el 30% de los ingresos medios o que en cinco años se acumule un crecimiento de los precios de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma correspondiente. También establece un objetivo para que los municipios con más demanda residencial dispongan en un plazo de veinte años de un 20% de vivienda social respecto al total del parque de viviendas.