Prórroga del estado de alarmaEl Congreso aprueba la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo

El Congreso ha validado este jueves la petición del Gobierno para prorrogar el estado de alarma declarado el pasado domingo durante seis meses, hasta el 9 de mayo de 2021. La Cámara Baja ha respaldado esta propuesta con 194 votos a favor, 99 abstenciones (entre las que se encuentran la del PP) y 53 votos en contra (los de Vox). El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sido el encargado de defender la solicitud de la prórroga ante un escenario que, ha asegurado, "preocupa mucho" al Gobierno.

Illa ha recordado que el Ejecutivo ha recurrido al decreto de alarma tras solicitarlo varias comunidades autónomas, y tras constatar que tanto la incidencia de contagios como la presión hospitalaria estaban alcanzando niveles "muy preocupantes". El ministro ha explicado que el estado de alarma aprobado es muy distinto del decretado en marzo, y que en esta ocasión tiene el objetivo de servir de herramienta jurídica para que las comunidades puedan adoptar medidas ante la pandemia de forma ágil y con seguridad jurídica. También ha avanzado que se espera "un invierno largo" y unas fiestas de Navidad "distintas, a las que nos tendremos que adaptar".

"El Gobierno es consciente de que la ciudadanía está cansada de sacrificios, de no poder hacer lo que hacía antes, pero no es el momento de relajar medidas", ha insistido Illa, que ha hecho un repaso de las decisiones y situaciones que se han producido desde que se declarara el estado de alarma de la primera ola de la pandemia, en el mes de marzo.

La mayoría de los grupos han respaldado la prórroga de seis meses solicitada por el Ejecutivo, pero han afeado lo que entienden como una intención de Pedro Sánchez de eludir el control parlamentario. El miércoles, el PSOE y ERC llegaron a un acuerdo para que el grupo catalán respaldase la prórroga a cambio de que el presidente acudiera una vez cada dos meses a la Cámara a dar explicaciones sobre la situación de la pandemia (también acudirá una vez al mes Illa, en su caso a la Comisión de Sanidad).

Además, el 9 de marzo se llevará a cabo una revisión de la vigencia del estado de alarma y el Consejo Interterritorial y la Conferencia de Presidentes podrán solicitar al Ejecutivo el levantamiento de esta herramienta jurídica, si el contexto sanitario lo permite. Durante el debate se ha producido un cara a cara entre el ministro de Sanidad y el líder del PP, Pablo Casado, que ha acusado al Gobierno de tener una gestión "ineficaz", de ocultar cifras y de tratar de eludir el control parlamentario.

"No se puede hurtar a la separación de poderes la función del legislativo. Esta Cámara es la soberanía nacional, no lo es el Consejo Interterritorial, ni usted, señor ministro ¿Por qué hurtan al Parlamento durante 6 meses de la posibilidad de levantar el estado de alarma? Esto no lo hace ningún país europeo", ha afirmado Casado, que le ha pedido a Illa "humildad".

Illa, a Casado: "Su abstención es la inanidad"

"Yo soy solo un ministro de Sanidad ante la mayor calamidad en un siglo en toda la humanidad. Le diría, señor Casado, que llevan tiempo sin pisar la Tierra", ha respondido Illa, que ha criticado la abstención del PP: "Su abstención debe ser crítica pero no vergonzante, la abstención es la inanidad en un debate sanitario, en una cuestión de Estado. No quisiera estar en su lugar, pero usted ante la mayor calamidad en un siglo no ha querido estar ni en el mío ni en el de este Gobierno. Y esta es la verdadera razón de su abstención, la no posición, la ausencia de su sentido de Estado. Todavía tiene tiempo de rectificar su voto".

Desde los partidos del denominado bloque de la investidura se ha pedido al Ejecutivo que acompañe el estado de alarma con medidas sociales, como la prohibición de desahucios, las ayudas a autónomos y a pymes o la garantía de los suministros de luz, agua y el resto de servicios básicos durante la situación de emergencia.

Además de la resolución de ERC, también se ha aprobado una resolución presentada por el PNV para que aquellos municipios que constituyan enclaves reciban el tratamiento propio de la provincia que les circunda, independientemente de la comunidad autónoma a la que pertenezcan organizativamente.