El Gobierno aún tiene grabado en la mente el periplo que afrontó en las últimas prórrogas del estado de alarma decretado en marzo. En la primera ampliación solicitada al Congreso, el 25 de marzo, Pedro Sánchez salió de la Cámara Baja con 321 votos a favor de la prórroga y ningún voto en contra. En la votación de la última prórroga, el 3 de junio, la ampliación se aprobó con 177 votos a favor, 155 en contra y un bloque de la investidura a punto de romperse y de hacer peligrar la legislatura.

De este recuerdo parte la votación que se celebrará este jueves en el Congreso para prorrogar el estado de alarma decretado por los de Sánchez este fin de semana, a raíz de las preocupantes cifras de contagios de covid-19 que se están produciendo en las últimas semanas. El Ejecutivo ha propuesto, en base a las recomendaciones sanitarias que habría recibido, que el estado de alarma tenga una vigencia inicial de seis meses, y que la previsión de mantenerlo activo se extienda hasta el nueve de mayo.

La justificación deviene, según los de Sánchez, de la necesidad de disponer de las herramientas jurídicas que posibilita el estado de alarma el tiempo suficiente para rebajar la incidencia media de España por debajo de los 25 contactos por cada 100.000 habitantes. En el caso de que este objetivo se alcanzase antes de mayo, el Gobierno se ha abierto a levantar la alarma antes de la fecha prevista.

La extensión de esta situación excepcional responde, según ha defendido Sánchez, a las recomendaciones de los expertos que asesoran e informan al Ejecutivo; pero lo cierto es que, además de las opiniones expertas, la experiencia sobre la gestión de las prórrogas del anterior estado de alarma podría estar forzando al Gobierno a mirar hacia una alarma cuya extensión en el tiempo y vigencia facilitaran algunos trámites importantes que se darán en los próximos meses.

Seis veces se llegó a ampliar el estado de alarma decretado en marzo, durante la primera ola del coronavirus; seis debates que terminaron por comprometer a los de Sánchez ante sus socios de investidura. El 25 de marzo, el presidente del Gobierno acudía por primera vez al Congreso para solicitar 15 días más de prórroga, una petición que fue respaldada por casi toda la Cámara Baja (obtuvo 321 votos a favor y ningún voto en contra). 

Desde entonces, y hasta el 3 de junio, el Ejecutivo fue perdiendo apoyos, hasta terminar aprobando la última prórroga con 177 votos a favor (casi la mitad de los obtenidos en la primera votación, la de marzo) y 155 en contra. En las otras prórrogas, el Gobierno se vio obligado a modificar sus propuestas y a aceptar varias resoluciones planteadas por las formaciones del hemiciclo (incluso la que posibilitó la celebración de unas elecciones en Galicia y Euskadi, en pleno estado de alarma).

Seis meses de alarma a cambio del control a Sánchez

De hecho, más allá de las modificaciones legales, el Gobierno vivió el peor momento en sus relaciones con el bloque de la investidura, ya que muchos de estos partidos acusaban a Sánchez de plantear un estado de alarma centralista que no tenía en cuenta la estructura del Estado autonómico y que no respetaba competencias. El Ejecutivo acabó recurriendo a Ciudadanos para salvar sus prórrogas, y el acercamiento a los de Inés Arrimadas tensó, más si cabe, su relación con sus socios.

Este miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llevado al Congreso el proyecto de Presupuestos Generales para 2021, una iniciativa que ya ha sido calificada por la Mesa de la Cámara Baja y que, por lo tanto, ha iniciado su tramitación parlamentaria. El objetivo del Gobierno es tener sus cuentas aprobadas en enero de 2021, por lo que  en los dos próximos meses serán cruciales las negociaciones de los de Sánchez con las formaciones políticas del hemiciclo.

Afrontar negociaciones periódicas para salvar sucesivas prórrogas del estado de alarma a la vez que tiene lugar una negociación presupuestaria (y con el fantasma de las elecciones catalanas recorriendo el hemiciclo), podría llevar al Gobierno a superar los niveles de tensión política que afrontó en los meses de abril, mayo y junio. Sin embargo, la propuesta de los seis meses de estado de alarma no convence a la mayoría de los grupos parlamentarios, ni a los de la derecha de la Cámara, ni a los partidos que permitieron la investidura de Sánchez.

Los grupos temen que, tras garantizar la seguridad de un estado de alarma de medio año de duración, el Ejecutivo pueda aprovechar esa situación para desinflar el control parlamentario que la Constitución exige cuando el país entra en esta situación excepcional. Sin embargo, parece que la mayoría del Congreso respaldará que el estado de alarma se prorrogue hasta mayo, a cambio de que el presidente del Gobierno comparezca cada dos meses en la Cámara.

Este acuerdo es fruto de una negociación entre el Grupo Socialista y ERC. Los catalanes han presentado una propuesta de resolución al estado de alarma por la que el líder del Ejecutivo se compromete a acudir cada dos meses al Congreso a dar explicaciones sobre la situación sanitaria del Estado, pero donde no habrá más votaciones sobre la prórroga (que se extenderá hasta el 9 de mayo).

Sánchez había comprometido en un principio comparecencias periódicas del ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante la Cámara, pero muchos partidos no veían que esto se correspondiera con un control parlamentario efectivo (sobre todo teniendo en cuenta que en el anterior estado de alarma los grupos tenían, al menos, la oportunidad de modificar las medidas contenidas en el decreto cada 15 días, a través de las resoluciones presentadas).

Está previsto que el PSOE apoye esta resolución del grupo catalán, a cambio de que ERC apoye la prórroga hasta mayo. Bildu también ha registrado una resolución que pide la comparecencia de Sánchez cada dos meses (además de un refuerzo sanitario en la atención primaria y la extensión de las bonificaciones sociales que se aprobaron durante el estado de alarma decretado en marzo para proteger a los más vulnerables); mientras que Compromís y Más País piden en su resolución que el presidente acuda una vez al mes al Congreso.

Se espera que estas formaciones, además del PNV y de Unidas Podemos, den el visto bueno a la prórroga hasta mayo que este jueves solicitará el Gobierno al Congreso a través del ministro de Sanidad, que será quien acudirá al debate.