Catalunya no pondrá en marcha el plan piloto de la Renta Básica Universal (RBU). Al menos durante el 2023. Si no hay una sorpresa monumental en una semana, cuando el pleno del Parlament apruebe definitivamente los presupuestos de la Generalitat y la ley de acompañamiento, lo que debía ser un proyecto innovador, demandado por parte de la ciudadanía y de un carácter marcadamente redistributivo, desaparece.

La razón es la alianza entre el PSC y Junts per Catalunya, que a través de una enmienda que se ha votado en la Comisión de Economía de la cámara han tumbado el plan piloto, pese a que el acuerdo presupuestario entre Esquerra y los socialistas catalanes no especificaba cambios en este proyecto. El plan piloto de la RBU fue uno de los elementos que ERC y la CUP acordaron en el 2021 para pactar la investidura de Pere Aragonès como presidente.

La enmienda del PSC ha contado con el apoyo también de Cs, Vox y PP, es decir, del conjunto de la derecha y la extrema derecha de la cámara, mientras que se han opuesto ERC, la CUP y En Comú Podem. En la práctica, significa suprimir del plan piloto contemplado en el artículo 58 de la ley de medidas fiscales o ley de acompañamiento de los presupuestos.

El próximo viernes, en el pleno del Parlament, se volverá a votar, pero nada hace prever que haya un cambio de posiciones, porque tanto PSC como Junts han reiterado su rechazo al proyecto. La diputada de ERC Raquel Sans ha denunciado que la votación pone de manifiesto la existencia de una "sociovergencia real". Y ha recordado al PSC que en la página 25 del acuerdo de presupuestos alcanzado el 1 de febrero se establece que no se incorporarán nuevas cuestiones en las votaciones en el Parlament.

En su intervención, el diputado de Junts Joan Canadell ha argumentado su voto a favor de la enmienda del PSC porque, según ha dicho, la Renta Básica Universal es un "engaño a la ciudadanía". "Hasta que no tengamos un estado independiente no podremos ponerla en marcha por falta de recursos", ha añadido. La diputada de ERC Raquel Sans le ha replicado que, precisamente, el plan piloto debe servir para que cuando Catalunya sea un estado independiente se pueda aplicar esta medida "pionera e innovadora". "El plan piloto es para ver lo que va bien y que no va bien", ha resumido.

El artículo 58 de la ley de acompañamiento recoge la creación de la asignación monetaria del plan, pero no se fija una cuantía total para el plan, si bien la estimación era de unos 40 millones. De hecho, se expone que el Govern aprobaría la dotación económica necesaria para poder implementar el plan piloto el día que entre en vigor la normativa que debe regularlo.

Apoyo social al proyecto

La RBU es una prestación económica de carácter individual, incondicional y universal. Precisamente esta misma semana, una vez se conoció la intención de los socialistas de torpedear el plan piloto para implementarla a pesar del acuerdo presupuestario con ERC, se han recogido más de medio centenar de firmas en defensa del proyecto. Impulsado por la Red Renta Básica, entre los adheridos al manifiesto se encuentran personalidades como los actores Lluís Homar, Ariadna Gil y Sergi López, artistas como Clara Peya y Paula Grande, académicos, periodistas, actores y directores de teatro.

Titulado "Renta Básica Universal un derecho no una caridad", el manifiesto sostiene que "Catalunya debe avanzar en derechos, no retroceder ante aquellos que tienen miedo a la libertad de su población". Los firmantes apuntan a que la renta básica universal es "un complemento de los derechos fundamentales" y una garantía "para que la vida que valga la pena ser vivida sea un derecho asequible para todas las personas".

¿Qué se sabía del plan piloto?

El Govern había puesto en marcha la Oficina del Plan Piloto para implementar la Renta Básica Universal en septiembre de 2021, con el doctor en Sociología Sergi Raventós al frente. A la espera de acabar de definir sus detalles, hace meses que Raventós había esbozado algunos de los posibles aspectos claves del plan, que establecía una cuantía en torno a los 800 euros mensuales por persona adulta y de 300 para los menores. En total debían recibirla 5.000 ciudadanos.

La prueba piloto quería llevarse a cabo en una serie de municipios que aún no se habían decidido, durante un período de 24 meses. Finalizados estos dos años, habría una evaluación de su implementación y de su impacto con encuestas, grupos de discusión, entrevistas y otros métodos que se están acabando de definir.