Pedro Sánchez presentó este martes un documento con el que busca convencer a Unidas Podemos de pactar un acuerdo programático. Sin coalición, como intentan negociar desde abril. El presidente en funciones se reunió durante el mes de agosto con colectivos sociales — muchos de ellos son colectivos con los que ya se vieron los dirigentes de Unidas Podemos durante los meses de junio y julio —. Tras estos encuentros, los socialistas fueron elaborando un documento sobre el que  avanzaron que habría claros guiños a sus socios de la pasada legislatura. 

Sin embargo, en el documento no se han plasmado — y mucho menos concretado — tantos guiños a Unidas Podemos como se anunciaba. Tampoco hay grandes novedades ya que las principales medidas del documento ya estaban incluidas en el programa electoral del PSOE o en el Pacto Presupuestario de 2019. Y no hay medidas exclusivas del partido morado que hayan reivindicado como prioritarias en la última negociación.

Sí se abre la puerta a algunas de las reivindicaciones del grupo confederal como garantizar permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles y no simultáneos o la movilización de la vivienda vacía. Además, el PSOE está abierto a negociar e incluir más medidas aunque el documento base sigue estando lejos de muchas medidas esenciales de Unidas Podemos.

Y, siendo todo lo contrario a un guiño, destaca la negativa a celebrar un referéndum en Catalunya. El PSOE siempre se ha posicionado en contra de la consulta, pero no lo plasmó en su programa electoral de abril. Ahora lo incluye en este documento a sabiendas de que Podemos considera que el referéndum es la vía para resolver la situación territorial.

Regular el precio del alquiler: un paso atrás

Una de las medidas más reivindicadas por Podemos es la regulación del alquiler con medidas de control de precios. Esta medida que Sánchez descartó hace unos días durante una entrevista en Onda Cero se acordó en el pacto presupuestario de 2019 firmado entre el presidente en funciones y Pablo Iglesias. Entonces se pactó "modificar la normativa del mercado del alquiler inmobiliario para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" y "habilitar a los Ayuntamientos para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia" para que “puedan regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas”.

Esto mismo lo redactó Podemos en la oferta que mandó el pasado 20 de agosto al PSOE para retomar el diálogo, además de añadir que el objetivo es "que ninguna familia pague más del 30 % de su renta en concepto de alquiler". Sin embargo, el PSOE en este documento no dice nada sobre la habilitación de los Ayuntamientos y se limita a hablar del índice estatal de rentas de referencia que ya se aprobó en el decreto de vivienda: "Profundizaremos en las medidas ya adoptadas para frenar las subidas abusivas del alquiler, estudiando nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico, como el índice estatal de rentas de referencia". 

Movilización de la vivienda, pero no se frenan desahucios

La gran novedad en vivienda es en realidad la movilización de la vivienda vacía. El PSOE abre la puerta a establecer "un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran tenedor de vivienda, y que ponga a disposición de las comunidades autónomas y los ayuntamientos distintas herramientas para su detección y para movilizarlas con fines sociales a precios razonables”.

Sin embargo, no se prohíben los desalojos sin alternativa habitacional. Esta es otra de las principales medidas que ha reivindicado Podemos pero tampoco llegó a plasmarse como tal en el pacto presupuestario ya que sólo se acordó establecer “un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional”. Respecto a esto el PSOE ahora plantea fomentar el alquiler social "para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional, evitando las situaciones de desamparo y exclusión residencial".

El PSOE no se compromete a derogar la reforma laboral

Otro de los temas principales en las negociaciones en lo programático ha sido la derogación de la reforma laboral. La propuesta incluye la elaboración de un nuevo Estatuto de Trabajadores - como en su programa electoral - pero respecto a la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma de 2012 los socialistas se limitan a estudiarlo: "Analizaremos, con carácter de urgencia, la conveniencia de aprobar las modificaciones de los aspectos más lesivos de esta legislación", indican en el documento.

Fiscalidad: pasos atrás respecto a los PGE

En este apartado se recogen varias de las medidas pactadas en los PGE: sobre el Impuesto sobre Sociedades se comprometen a bajarlo del 25% al 23% para las pymes y la creación del tipo mínimo del 15% sobre la base imponible positiva del Impuesto de Sociedades para las grandes corporaciones, hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. 

Pero no viene nada sobre el control fiscal sobre las SOCIMI, que tributan bajo un régimen especial. Tampoco se habla del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se acordó incrementar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.

Desaparece el incremento del 1% en el Impuesto de Patrimonio para grandes fortunas de más de 10 millones de euros. Y muchísimo menos del impuesto a la banca que pide Podemos y defendía Sánchez hasta la moción de censura.
Sí se reitera la intención de poner el marcha dos nuevos impuestos: para gravar las transacciones financieras (un 0,2% sobre las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero) y un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (tasa Google).

Energía: el único avance es frenar los cortes

En la materia de energía no hay muchas novedades excepto la prohibición de realizar cortes de agua luz y gas a hogares vulnerables. El PSOE no asume la empresa pública de energía que reclama Podemos insistentemente. Tampoco se deciden acabar con la sobrerretribución (los conocidos "beneficios caídos del cielo") que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías. los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, como sí pactaron en los PGE.

Respecto al bono social eléctrico, los socialistas ya llevaban en su programa electoral de abril el compromiso a mejorarlo, además de crear un bono social térmico. Ahora sí que especifican más concretando la reforma: crear un bono social general, que incluya el bono gasista para que “cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo vital”.

Tampoco se dice nada sobre otra de las medidas claves de los PGE: bajar la factura de la luz. Entonces acordaron que para eliminar los benefecios caídos del cielo establecerían un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico: "La diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y será destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores", explicaron en el documento. 

Ninguna de las peticiones económicas y laborales

Iglesias desde que pasaron las elecciones puso el foco sobre las medidas económicas y laboral que se podían llevar a cabo en esta legislatura. De hecho, las primeras que anunció que reclamaría al PSOE estaban dentro de este marco. Sin embargo, los socialistas no incluyen ninguna de estas reclamaciones que no llevaran ya en su programa electoral, como ocurre con la subida del SMI, el Salario Mínimo Interprofesional Europeo o el Seguro Europeo de Desempleo.

No aparece en el documento nada sobre la reducción de la jornada laboral a 34 horas semanales ni sobre las medidas concretas para acabar con el fraude de los contratos temporales limitando el uso de la temporalidad se limitará casos puntuales — con indemnización por despido a 33 días, y duración mínima de 1 mes y máxima de 6 — ni la Ley de Suficiencia de Ingresos, limitándose a comprometerse con avanzar sobre el Ingreso Mínimo Vital, tal y como contemplaban también en el programa electoral.