El PSOE presume de logros del Gobierno a los que se resistió ante Unidas Podemos

El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha estado protagonizado hasta el momento por numerosos debates ideológicos. Las diferentes sensibilidades en el Ejecutivo se han vislumbrado públicamente e internamente desde prácticamente el comienzo de la legislatura. Aunque el Gobierno sigue estable y desarrollando muchos de los puntos del acuerdo progresista (otros quedan pendientes), cada fuerza política intenta, como es lógico, arrastrar a la otra a sus posiciones.  

En el contexto del cuarto aniversario de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de Moncloa y llevó a Pedro Sánchez a ser investido como presidente del Gobierno, los socialistas han echado el resto para presentar los logros conseguidos. "Gobernar para transformar" es el nombre elegido para la web propia y la campaña lanzada esta pasada semana. 

En el documento de medidas destacadas por el PSOE se incluyen varios bloques temáticos. "Desde la llegada al Gobierno del PSOE hemos avanzado hacia un país más feminista, más verde y con mayor justicia social. Un país con récord en creación de empleo y con una legislación laboral que recupera derechos y protege a los trabajadores. Un país con voz en Europa que ha restablecido el diálogo y la convivencia entre españoles", recoge la introducción. 

Entre los logros que destaca la campaña del PSOE se encuentran varios que en un primer momento contaron con ciertas resistencias precisamente del ala socialista. Entre ellas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la denominada 'ley rider' y algunos aspectos del "escudo social" para hacer frente a la pandemia como la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional. 

Subida del SMI

Una de las medidas que más confrontación han provocado entre el PSOE y Unidas Podemos (y, en concreto, entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz), son las sucesivas subidas del SMI que han tenido lugar durante la legislatura. "Hemos subido el Salario Mínimo Interprofesional hasta en tres ocasiones desde el año 2018. El SMI ha pasado de 735 euros en 2018 a los 1.000 euros en la actualidad. Un incremento del 35,8%. (2018-2022)", señala el texto del PSOE. 

En este caso, los socialistas no se resistían directamente a incrementar su cuantía (es un compromiso del acuerdo de coalición), pero sí que discreparon de los momentos en los que se tenía que producir, lo que se conoce como la senda de crecimiento del SMI.

En prácticamente todos los casos, desde el PSOE se argumentó que no era momento de acometer una subida porque el escenario económico no acompañaba y se corría el riesgo de destruir empleo. De hecho, en 2020 la cuantía se congeló y no hubo subida, una decisión que respaldaron tanto Pedro Sánchez como Calviño. Este incremento se acometió finalmente en 2021. 

Díaz conformó entonces un grupo de expertos en el seno de su departamento para clarificar una senda concreta de crecimiento del salario mínimo, y su libro blanco marcó el último incremento de la cuantía (previa negociación entre Gobierno, patronales y sindicatos). La tesis de la vicepresidenta segunda fue respaldada posteriormente por un estudio de David Card que argumentó que la subida del SMI no destruía empleo (un trabajo que recibió el Premio Nobel de Economía en 2021) y por la propia evolución de los datos de empleo de la legislatura.

Ley 'rider'

También hubo resistencias por parte del Ministerio de Economía a la hora de abordar la regulación de las plataformas digitales a través de la denominada 'ley rider'. "Combatimos la precariedad laboral a través de la Ley Rider. Garantizamos así los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales", destaca ahora el documento de los socialistas. 

A juicio de Calviño, si se legislaba de forma "rígida" y contundente eso podría afectar a la creación de empleo y "espantar" a negocios basados en estas fórmulas de trabajo (Deliveroo dejó de operar en España tras aprobarse esta legislación).

Díaz, en cambio, abogaba por legislar sin reservas y por basarse en una sentencia del Tribunal Supremo que afirmaba que la situación de los repartidores de plataformas digitales era la de falsos autónomos, ya que existía una relación laboral muy clara entre la empresa y los 'riders', de manera que, a juico de la ministra de Trabajo, había que reconocer todos los derechos y obligaciones que eso implicaba. Finalmente Calviño perdió la batalla y la 'ley rider' salió adelante en los términos planteados por Díaz.

Desahucios durante la pandemia

En su documento, el PSOE incluye otra medida a la que también puso algunos reparos en su momento: la prohibición de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional durante la pandemia. En el escudo social aprobado en marzo de 2020 se incluyó esta medida, que fue prorrogándose mientras las restricciones por la covid-19 estuvieron vigentes.

En diciembre de ese año, la Vicepresidencia de Derechos Sociales liderada por Pablo Iglesias planteó la necesidad de prorrogar la prohibición de los desahucios de familias vulnerables ante la llegada del invierno y la bajada de las temperaturas. Aunque en un principio la prórroga se daba por aprobada, las negociaciones empezaron a enquistarse, y desde Unidas Podemos señalaron directamente a los Ministerios de Economía y de Justicia (entonces dirigido por Juan Carlos Campo).

Los de Pablo Iglesias denunciaron que estos ministerios exigían una compensación a los grandes tenedores de vivienda para que no vieran reducidos sus beneficios por esta medida. En concreto, la propuesta socialista era la de abonar con dinero público a los grandes propietarios, en su mayoría bancos y fondos buitre, el 100% del alquiler derivado de la paralización de los desahucios.

En ese momento, ya estaba sobre la mesa la aprobación de una ley de vivienda, y Unidas Podemos tenía el objetivo de convertir una medida coyuntural, como la prohibición de desahucios de personas vulnerables en pandemia, en estructural. En las negociaciones de esta norma también hubo discrepancias entre el PSOE y el Ministerio de Derechos Sociales, ya dirigido por Ione Belarra, en materia de desahucios.

Unidas Podemos sigue presionando con algunos asuntos que quedan pendientes antes de que acabe la legislatura. Especialmente relevante es para el espacio confederal el desarrollo de una reforma fiscal de calado, que grave más los impuestos a las rentas más altas. En el Gobierno saben que la economía será clave para sus aspiraciones en las elecciones de 2023. Los dos partidos, frente a la mirada también de la derecha, no dejarán de tomar posiciones para transmitir qué medidas llevan el sello de cada una.