La política de vivienda es desde hace tiempo una disputa soterrada en el seno del Gobierno de coalición que, con cierta periodicidad, emerge y provoca enfrentamientos que evidencian las diferencias entre los dos espacios que conforman el Ejecutivo. 

La primera batalla por la vivienda se libró hace más de cuatro años, a finales de 2019, cuando el PSOE y Unidas Podemos bregaron por fijar un modelo en esta materia en el acuerdo de coalición. En ese documento se pactó aprobar la primera ley para regular los alquileres y tratar de hacerlos asequibles, y eso dio pie a una nueva batalla, que duró prácticamente toda la legislatura pasada, sobre la aprobación de esa norma.

Cuando la ley vio la luz (tras años de enfrentamientos entre ambos socios), comenzó una nueva pugna sobre su aplicación, entrada en vigor y sobre la urgencia de desplegar las herramientas que hacían posible limitar los alquileres (el diseño y aprobación de un índice de referencia de precios para las denominadas zonas de mercado tensionado).

El último capítulo de este enfrentamiento crónico se dio en la negociación entre los socialistas y Sumar para cerrar un nuevo acuerdo de coalición para la nueva legislatura, después de las elecciones generales del 23J.

En ese documento, ambas organizaciones asumieron dos preceptos: la aprobación del despliegue de una serie de avales de dinero público con el objetivo de facilitar a los jóvenes la compra de vivienda; y la aprobación "con carácter inmediato" del índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres.

La chispa del conflicto, los avales para comprar vivienda

El pacto pretendía de esta manera soterrar de nuevo la batalla por el modelo de vivienda mediante el principio de que todos ceden. Sin embargo, la tregua no ha durado ni tres meses, y la pugna ha vuelto a situarse bajo el foco principal tras librarse de las ataduras que Sánchez y Díaz quisieron ponerle a través del acuerdo de coalición.

La chispa que encendió el polvorín fue la aprobación de una serie de avales públicos (mediante créditos del ICO) para la compra de viviendas destinados a personas jóvenes. Sumar se posicionó en contra y los socialistas despejaron las críticas de sus socios recordando que Díaz había firmado el acuerdo que contenía esta medida.

Sin embargo, en la izquierda alternativa también quisieron recordar algo al PSOE: los avales estaban en el acuerdo, pero también otras medidas en materia de vivienda que señalaban la aprobación "con carácter inmediato" del índice para declarar zonas tensionadas, un índice que desde hace tiempo reclaman territorios como Catalunya para poder intervenir los alquileres abusivos.

En este sentido, la pugna por la política de vivienda vuelve a la primera línea en forma de batalla de prioridades entre un PSOE que ha apostado por fomentar la compra de inmuebles entre uno de los colectivos que menos capacidad adquisitiva tiene para ello, y un Sumar que apuesta por resolver el problema de los alquileres para no empujar a los jóvenes hacia la peligrosa salida de fiar todas sus expectativas sobre tener un hogar a la compra de una casa.

Para los de Díaz, destinar recursos públicos a avalar hipotecas firmadas con entidades financieras en un momento como el actual (con unos tipos de interés muy altos debido a las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo para tratar de luchar contra la inflación) es un error. Sobre todo, trasladan, porque "mucha de la necesidad de compra de los jóvenes viene motivada por la dificultad de pagar unos alquileres que son imposibles en muchísimas ciudades de nuestro país".

La vivienda, eje de la negociación de los Presupuestos

En este momento, además, Sumar y el PSOE mantienen abierta una negociación para los Presupuestos Generales del 2024 en la que los de Díaz han incluido medidas en materia de vivienda enfocadas a rebajar los precios de los alquileres.

Entre ellas está la de extender la cobertura de la ley de vivienda a aquellos territorios que ya han manifestado el rechazo a la norma y que se oponen a declarar zonas de mercado tensionado, o alcanzar el 20% de vivienda en alquiler social (a través de la movilización y transferencia de suelo público y de vivienda propiedad de la Sareb hacia las comunidades autónomas, condicionando su uso como vivienda pública de alquiler con fines sociales).

La batalla por la vivienda vuelve a tensionar el Gobierno de coalición, una vez más, en un enfrentamiento entre distintos modelos que dura ya más de cuatro años.