El PSOE ha advertido a sus cargos orgánicos y de representación que deben prescindir de las siglas Q+ y limitarse a usar la expresión LGTBI cuando hablen en nombre del partido y se refieran al movimiento por los derechos de homosexuales, lesbianas, bisexuales, personas transgénero, transexuales e intersexuales. Las asociaciones que organizan a esos colectivos creen que esa posición, que excluiría de la causa a quienes se consideran queer y a quienes se reconocen en otras identidades y orientaciones sexuales no normativas, supone un paso atrás en la lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual y la libertad afectiva.

El aviso sobre el veto al Q+ figura en una resolución de la comisión federal de ética y garantías del partido, fechada el pasado 7 de agosto y a la que ha tenido acceso Público. En ella se recuerda que esas siglas no pueden emplearse en las resoluciones políticas de la formación, y que aquellas que las recojan son nulas por contrariar la decisión firme que adoptó al respecto en diciembre pasado el congreso federal.

Entonces, varias militantes presentaron una enmienda a la ponencia marco de los estatutos del PSOE que abogaba por suprimir las referencias al término queer –según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se refiere a quien "tiene una identidad de género o una orientación sexual que no se corresponde con las categorías tradicionales"–, así como el símbolo + cuando identifica a quienes se definen con otras que no están explícitamente incluidas en el resto de siglas. Las defensoras de la enmienda, varias mujeres de las delegaciones de A Coruña, Cáceres, Mallorca y Pontevedra, entre otras, alegaban que el Q+ amparaban en realidad "un significado misógino, ultraliberal y antifeminista".

Su propuesta fue votada y aprobada, pero cuando sus impulsoras advirtieron que varias federaciones –entre ellas las de Madrid, País Valencià, Castilla y León y Cantabria– desafiaban aquella decisión y seguían usando referencias Q+ en sus documentos orgánicos, y que las siglas podían acabar negro sobre blanco en los estatutos autonómicos, elevaron dos protestas. Primero, ante el comité ejecutivo federal, en febrero pasado, y, tras no obtener respuesta en tres meses, ante el comité de garantías, el 22 de mayo. En sus escritos, pedían la anulación de todas las resoluciones autonómicas y de cualquier estatuto regional que incluyan la Q o el + en referencia al citado movimiento. También reclamaban un pronunciamiento expreso en forma de recordatorio a los cargos públicos y orgánicos, para que no las empleen cuando actúen en nombre del PSOE.

Nulas y sin efecto

En su decisión del pasado jueves, el comité ha resuelto que serán consideradas nulas todas las resoluciones de las federaciones territoriales que usen las siglas antes señaladas porque, "como no puede ser otro modo, no tienen ni pueden producir efecto alguno" dado que vulneran lo acordado en diciembre. Y porque, además, los estatutos regionales deben ser aprobados por el comité federal, que no les dará el visto bueno si eso sucede.

En cuanto a la petición de que se le recuerde esa circunstancia a todos los cargos públicos para que se atengan a ella en su actividad política en nombre del PSOE, el comité de garantías advierte de que no tiene competencias para ello, pero sí recuerda literalmente que "todos los compañeros tienen el deber de cumplir lo acordado por el máximo órgano del partido, el congreso federal, cuyo mandato es "vinculante y obligatorio".

"Nuestra organización, sin perjuicio del debate, de la crítica y de las discrepancias, que deben ser expresadas en el seno de los órganos establecidos para ello, funciona bajo las premisas fundamentales de la unidad como principio de acción política”, indica la resolución, firmada por el presidente de la comisión de ética –el exsenador Rafael Román– y la secretaria del organismo –la diputada en el Congreso Susana Ros–. El texto añade que esa es la interpretación correcta de los estatutos del PSOE y la que debe orientar al comité federal a la hora de aprobar o no por ese motivo las normas regionales que surjan de cada congreso autonómico.

Según la encuesta Estado del Odio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales Intersexuales y Más (FELGTBI+), que agrupa 55 entidades de todo el Estado, alrededor de cinco millones de personas, es decir en torno al 11,1% de la población española –hasta el 27,8% en el tramo de edad de 28 a 34 años y el 21,4% en el de 24 a 34–, se autoincluyen en alguna de las categorías de género u orientación sexual a las que se refiere la expresión LGTBI+.

Sin datos sobre cuántas personas se consideran queer

Más de la mitad, el 50,5%, son bisexuales; un 17,5%, gays; un 11%, lesbianas; un 8,5%, no binarias; un 8,25%, asexuales; un 6,75%, transexuales, y un 0,5%, intersexuales. No existen datos estadísticos sobre cuántas de ellas se definirían también como queer, una fórmula que han adoptado muchas personas que se sienten incómodas con las etiquetas tradicionales y que identifican esa palabra como una forma de resistencia dialéctica contra las normas y conceptos sociales y culturales establecidos sobre el género y la diversidad.

Público se ha dirigido al PSOE para obtener la valoración de alguno de sus responsables, pero fuentes de la dirección de comunicación del partido han indicado que la resolución del comité de garantías sobre la exclusión de la Q y el + en el argumentario interno y externo del partido es "muy básica" y "absolutamente técnica y no política". En el sentido, añaden, "de que los estatutos o resoluciones del congreso federal son de aplicación en los estamentos inferiores". "No haremos ninguna declaración más, precisamente por eso, porque se explica perfectamente en la aplicación de los estatutos", concluyen.

"No es que el concepto queer sea filosóficamente inadmisible, pero jurídicamente sí es inviable"

Este diario también se ha dirigido al Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG), la federación gallega de la formación, a la que están adscritas varias de las militantes que suscribieron la ponencia que reclamaba la exclusión del Q+. Según Aitor Bouza, secretario autonómico de Acción Territorial y Formación y líder del partido en Santiago, a quien el PSdeG dirigió a Público cuando se interesó por el tema, en el congreso de diciembre "no se quitó nada porque esas siglas no estaban en los estatutos". "Hubo un debate, que se magnificó, tras el que se votó una propuesta que fue aprobada y que nos vincula a todos y a todas", afirma.

Para Bouza, además, el sentido de no incluir las siglas citadas está en que, a su juicio, la categoría queer "invisibiliza al resto de géneros y orientaciones" y su asunción impediría "que se combatan efectivamente los discursos de odio, la homofobia y la transfobia". "No es que el concepto queer sea filosóficamente inadmisible, el partido no va en contra de lo queer, pero jurídicamente sí es inviable. Ser queer no es un derecho, se trata de una lucha distinta, es cierto que complementaria de la causa LGTBI, pero distinta", concluye.