PSOE y Sumar necesitan controlar la Mesa del Congreso para contrarrestar un Senado con mayoría conservadora

Semana decisiva en la política española. Los distintos grupos políticos se presentan al primer examen de la legislatura el jueves 17 de agosto. En juego, la composición de la Mesa del Congreso y la presidencia del mismo. No es un asunto trivial: se trata de un órgano con capacidad para declarar la "admisibilidad o inadmisibilidad" de los textos parlamentarios, con el reglamento en la mano. Ahí estriba la importancia de que el bloque progresista o el conservador logren la mayoría.

El jueves 17, entonces, se deciden los nueve miembros de la Mesa. Tanto el entorno socialista cercano a las negociaciones, como el de Sumar insisten en la "discreción" con la que ambos grupos quieren llevar a cabo las negociaciones, aunque desde Sumar sí conceden que la predisposición por parte de los dos partidos es total. 

El hermetismo que se ha instalado en las conversaciones se hizo evidente en la comparecencia del ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, que recogió su acta de diputado el jueves día 10, justo una semana antes de la votación. "Discreción en el contenido, el continente y en quién negocia", zanjó.

En las elecciones del 23J, el Partido Popular logró 120 senadores de los 208 que estaban en juego, más los 57 senadores designados desde las comunidades autónomas. En total, 177 senadores y mayoría absoluta. En otras palabras, un palo en las ruedas de un eventual Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar resultado de los votos favorables de Esquerra, EH Bildu, PNV, BNG y Junts. Estos últimos son los que decidirán la partida y los que más en el aire se mantienen.

Esa previsible oposición constante de la Cámara Alta —tal y como se detalla en este artículo— alargaría los procesos de las iniciativas legislativas que se impulsaran desde el Congreso, aunque no tendría el poder de derribarlas, toda vez que, en caso de que el Senado no las aprobara, volverían al Congreso. La Cámara Baja tiene la última palabra para revocar la decisión del Senado y aprobar la iniciativa por mayoría absoluta en primera votación o, incluso, mayoría simple en segunda.

Solo existen dos excepciones en ese sentido. En el caso del artículo 155 de la Constitución sí es imprescindible la aprobación del Senado, como también en la fijación del techo de gasto que delimita el marco económico de los Presupuestos Generales del Estado, esto último desde la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que promovió Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda del Gobierno de Rajoy en 2012.

La Mesa y la agilidad de la legislatura

Pero, ¿qué pasa si el Gobierno tiene, también, la Mesa del Congreso en contra? Es decir, en el caso de que las negociaciones en el bloque progresista —especialmente con Junts— progresaran de cara la investidura, pero el partido de Puigdemont diera esquinazo a los socialistas en lo referente a la Mesa allanando el camino al PP para coronar esa cima, ¿cuál sería la repercusión en el devenir de la acción política del Gobierno en cuestión?

Si un Senado en contra es un palo en las ruedas, una Mesa con mayoría conservadora podría convertirse en un bache técnico constante. Es importante el matiz "técnico". La Mesa tiene la capacidad para admitir o no iniciativas legislativas o enmiendas, pero siempre con arreglo al reglamento y, en principio, no por motivos políticos.

El recorrido de una iniciativa legislativa en la Mesa, grosso modo, es el siguiente. Se presenta, por ejemplo, un proyecto de ley (la iniciativa que llega directamente desde el Ejecutivo) y la mesa lo publica en el BOCG, establece el período de enmiendas y, por último, envía el texto a la Comisión correspondiente para que se discuta y se redacte el texto final. En este sentido, una de las acciones que podría emprender la Mesa en ese margen (a veces con intencionalidad política) que tienen los asuntos técnicos es retrasar o ampliar ese período de enmiendas, y, en consecuencia, eternizar los procesos.

Para que la Mesa pudiera tumbar una iniciativa en su totalidad tendría que justificar, eso sí, una razón técnica. 

En cualquier caso, una Mesa del Congreso contraria al signo político del Gobierno comprometería, igual que en el caso del Senado, la agilidad de la legislatura. Cabe concretar, también, que este órgano no tiene acción en los procesos asociados a los decretos-leyes.

Negociaciones para una Mesa "plural"

La semana comenzó con una posición más o menos clara tanto entre los partidos que integran Sumar, como entre el resto de formaciones del bloque, acerca de que podría llegarse al consenso de incluir a algún diputado independentista o del PNV en la Mesa, que tiene, también, funciones de organización, de gastos y de calendario de la Cámara.

Sin embargo, el escenario ha ido mutando y, en estos momentos, parece transitar, tal y como informa Europa Press, a que sean el PSOE y Sumar los que se repartan la presidencia, las vicepresidencias y las secretarías del Congreso, mientras que los partidos minoritarios incluidos en las negociaciones (ERC, el PNV, EH Bildu y, en última instancia, Junts) podrían asumir presidencias de Comisiones.

En el caso de ERC o Junts también entra en juego la formación de un grupo parlamentario propio, habida cuenta de que ni uno ni otro partido cumplen los requisitos necesarios. "Parece que las primeras conversaciones con el PSOE garantizan que podamos tenerlo", deslizaba la diputada de ERC Teresa Jordà en comparecencia desde el Congreso.

Las posturas están fijadas y el diálogo abierto. El lunes 14 empieza la última etapa de las conversaciones, aunque, si se amplía el foco, quizá lo que termina es la primera fase de una negociación más amplia, la de la investidura. Sin duda, la madre del cordero.