PSOE y Unidas Podemos discrepan sobre cómo bajar la factura de la luz ante el preocupante incremento del precio

No hay ninguna duda en el Gobierno de coalición de que es necesario intervenir para reducir el precio de la factura de la luz de los consumidores. Con unos precios disparados que han alcanzado picos históricos, en el Ejecutivo son conscientes de que este problema afecta especialmente a las familias más vulnerables y daña la imagen de la coalición, sobre todo después de la reforma de la tarifa eléctrica llevada a cabo por el Ministerio de Transición Ecológica (criticada por varias asociaciones en defensa de los consumidores).

Sin embargo, aunque en el PSOE y en Unidas Podemos comparten la meta, no terminan de estar de acuerdo en el camino a seguir. Las dos formaciones difieren sobre cómo acometer la bajada de los precios de la forma más rápida y eficaz posible, y se preparan para abrir una negociación sobre una serie de medidas para alcanzar este objetivo.

El departamento que, en principio, tiene la potestad para corregir esta situación (y el que, por lo tanto, lleva la voz cantante) es el Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera. Es a la vicepresidenta cuarta del Gobierno a la que Unidas Podemos, a través del Ministerio de Derechos Sociales, ha enviado una serie de propuestas para empezar a negociar cómo bajar el precio de la factura de la luz, aunque todavía no han habido contactos.

En concreto, el ministerio dirigido por Ione Belarra propone acometer una bajada de los precios a través de dos vías: la aprobación de un decreto de forma inmediata para limitar los denominados beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas, por un lado, y la reducción del IVA eléctrico desde el 21% hasta el 10%, por otro.

Hace unas semanas, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para prohibir que las empresas le cobren al consumidor los costes de los derechos de emisión de CO2 cuando la producción de la energía no implica la emisión de este gas (en centrales hidroeléctricas y nucleares). En la actualidad, las eléctricas se lucran con estos costes por derechos de emisión en toda su producción, incluida la que no precisa de este gas para generar energía (de ahí los denominados "beneficios caídos del cielo").

Limitando estos beneficios, la factura podría rebajarse alrededor del 5%. A juicio de Unidas Podemos, la situación de emergencia creada por las subidas de los precios de la luz hace que no se pueda esperar a que el anteproyecto de ley culmine su tramitación parlamentaria (que se espera que sea larga), por lo que abogan por la aprobación de un decreto para que la medida entre en vigor tras su aprobación.

La segunda pata de la vía que propone Derechos Sociales para bajar los precios afecta directamente a la fiscalidad (y por lo tanto incumbe al Ministerio de Hacienda). Desde el espacio confederal se propone bajar el IVA eléctrico desde el 21% al 10% de forma permanente. Esta reforma, defienden, no se saldría de la estructura impositiva del IVA que tiene España, con tres tramos: normal (21%), reducido (10%) y superreducido (4%); sin embargo, sí que son conscientes de que habría un descuadre en el déficit generado por la bajada de la recaudación que provocaría la implantación de esta medida.

En este sentido, el Gobierno de coalición tiene el compromiso de llevar a cabo una reforma fiscal que reequilibre la carga impositiva entre las clases más bajas y las más altas, y gravar más las rentas y patrimonios más altos podría volver a hacer cuadrar el déficit ante un eventual desfase provocado por la bajada del IVA eléctrico. Sin embargo, lo cierto es que la reforma fiscal no está ni siquiera iniciada, y se tardaría mucho tiempo en tenerla lista, mientras que la bajada de los precios de la luz es urgente para el Gobierno.

Sánchez quiere una propuesta inmediata

La propuesta fiscal que está estudiando el Ministerio de Transición Ecológica, sin embargo, parece inclinarse por otro tipo de medidas que, básicamente, consisten en repetir las reducciones y suspensiones de impuestos que ya se hicieron en 2018.

En concreto, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica y una exención en el impuesto de Hidrocarburos, para desactivar el gravamen del llamado "céntimo verde" en los combustibles de producción eléctrica. Ambas medidas, en todo caso, serían de carácter temporal.

No obstante, las fuentes consultadas por Público indicaron que se están estudiando todas las posibilidades para abaratar la factura de la luz lo antes posible, aunque hay mayor resistencia a rebajar el IVA. Dichas fuentes apuntan que podría conllevar problemas con la Unión Europea, además de un brusco descenso de la recaudación. Sin embargo, aseguran que se podría valorar esa bajada en familias vulnerables, aunque su aplicación sería muy compleja.

En todo caso, hay orden de la propia Presidencia del Gobierno de actuar de forma inmediata y, a ser posible, llevar una propuesta al próximo Consejo de Ministros para que entre en vigor lo antes posible.