El recorte a la cooperación en Andalucía limita el acceso al agua en Ecuador y a la salud en Burkina Faso

Decisiones tomadas en Sevilla por responsables del Gobierno andaluz tienen, como si fuera un efecto mariposa, consecuencias en la Amazonía ecuatoriana o en el corazón de África. Más de 150 proyectos de organizaciones para el desarrollo se quedaron en 2020 sin financiación de la Junta por falta de presupuesto, tras una reducción del 41% en las ayudas de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional a unas entidades que trabajan en más de 20 países con necesidades prioritarias.

La Junta alegó que debía reducir la dotación de la cooperación internacional para hacer frente a la grave crisis sanitaria y económica causada por la pandemia en Andalucía, aunque ya en el acuerdo que en enero de 2019 firmaron PP, Ciudadanos y Vox para la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente se comprometieron a trabajar para dar "pasos decididos hacia una gestión nacional" de la ayuda al desarrollo, lo que supondría quitarle las competencias a la comunidad andaluza en una materia que ocupa un capítulo entero de su Estatuto de Autonomía.

Vox ha vuelto a arremeter contra la ayuda al desarrollo en la aprobación de los presupuestos andaluces de este año, que recogen su exigencia de reducir en tres millones de euros la dotación de la Agencia de Cooperación, un 13% menos de lo asignado inicialmente, para destinar ese dinero al Banco de Alimentos a fin de solucionar los "graves problemas de pobreza alimentaria" en la región. Eso no ha sido obstáculo, sin embargo, para aumentar las subvenciones a las escuelas taurinas o ampliar las medidas de seguridad en los centros de protección donde están acogidos menores migrantes, otras de las exigencias de la fuerza de ultraderecha para aprobar los presupuestos.

En el noreste de Ecuador, en una región con graves problemas de acceso al agua potable por los vertidos de las compañías petrolíferas que durante años han contaminado esteros, ríos y pozos, ya han notado los efectos de esas decisiones. El proyecto de la Fundación Apy para dotar a una población indígena de 1.500 personas con tanques para abastecerse con agua de lluvia purificada fue uno de los más de 150 rechazados el año pasado por falta de dotación presupuestaria.

El proyecto, con un presupuesto de 300.000 euros, consistía en instalar unos 200 tanques con sistemas de potabilización, uno por familia, formar a sus integrantes en el mantenimiento y capacitar a la comunidad para adecuar las infraestructuras en el futuro. No era mucho dinero y hubiera permitido garantizar el acceso al agua potable en una zona devastada por las explotaciones petrolíferas, objeto de uno de los mayores litigios del mundo por contaminación que mantiene desde hace décadas la comunidad indígena contra las empresas responsables. Según la Unión de Afectados por las operaciones petroleras de Texaco, hay 64.000 millones de litros de agua tóxica en la zona por el uso de tecnologías obsoletas e inadecuadas de una explotación que ocupaba 500.000 hectáreas entre las regiones de Sucumbíos y Orellana.

"Ha sido inexplicable que no haya salido adelante este proyecto, porque era una intervención muy clara, muy directa, permitir el acceso seguro al agua, y más en un contexto de pandemia por la covid. Ha sido muy frustrante y nos hemos sentido profundamente decepcionados", dice la coordinadora general de la Fundación Apy, Libia Arenal.

La falta de acceso a agua potable, la cercanía a cientos de piletas con residuos tóxicos sin aislamiento conveniente, a decenas de mecheros que queman al aire el gas de extracción pueden ser, además, la causa del alto índice de casos de cáncer y otras enfermedades en la región, que los afectados sitúan entre ocho y diez veces superior al promedio nacional. Y a eso se le ha añadido ahora la covid-19, en la que el agua, la higiene, desempeña un papel fundamental para evitar su contagio. "La pandemia está influyendo muchísimo –advierte la responsable de Apy-, porque es una población muy empobrecida, muy aislada, que tiene acceso a muy pocos recursos, sanitarios y de otro tipo, y sus condiciones de vida se han visto muy dañadas por la contaminación del petróleo".

Antes de que llegaran las petroleras, los pueblos indígenas de esta zona de Ecuador (siona, secoya, cofán, waorami) podían beber el agua de sus ríos y esteros. Ahora, según Libia Arenal, si metes un palo en la tierra, sale viscoso, negruzco, de tantos vertidos descontrolados como se han hecho durante años. El agua de la lluvia, caída del cielo, es la única que se puede salvar de esa polución masiva. Pero los tanques que Apy iba a instalar para recogerla en una zona en la que habitan más de 600 niños tendrán que esperar a una nueva convocatoria de la Junta.

Atención sanitaria desbordada en Burkina Faso

El norte de Burkina Faso registró en 2020 la mayor crisis del mundo de desplazamiento de personas en el interior de un país, según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Más de un millón de personas abandonaron sus casas, sus pueblos, a causa de la violencia, de los ataques indiscriminados de organizaciones terroristas yihadistas del Sahel, unas veces, de grupos de autodefensa, en otras, o simplemente de bandas de delincuentes voraces. A esa población desplazada iba dirigido otro de los proyectos de acción humanitaria que no se han podido llevar a cabo por los recortes de la Junta, uno de los presentados por Medicus Mundi Sur (http://medicusmundi.es/es), con un presupuesto de 300.000 euros.

A esta organización le cogió un poco a contramano la denegación del proyecto porque, según su director, José Luis Ayerbe, ya tenían todo el trabajo preparado para intervenir en los distritos sanitarios de Kaya y Kongussi, donde se tiene que atender a una población desplazada de casi 140.000 personas ubicadas en 14 asentamientos, además de en casas particulares. Medicus Mundi Sur conoce muy bien Burkina Faso porque lleva trabajando allí desde 1980 y es uno de los países africanos prioritarios para la cooperación al desarrollo andaluza debido a su extrema pobreza y vulnerabilidad.

El objetivo fundamental de este proyecto era reforzar, durante año y medio, la atención sanitaria que ha quedado desbordada por la llegada de miles de personas desplazadas de otras localidades huyendo de la violencia cada vez más extendida en la región del Sahel. Se trataba de dotar a los servicios locales con personal sanitario de apoyo y capacitación profesional para la atención, sobre todo, de las mujeres y sus hijos, y en un contexto de pandemia a causa de la covid-19. Por esa razón, el programa contemplaba también, según Ayerbe, el reparto de mascarillas, guantes y equipos de protección individual para evitar la propagación del coronavirus en la población desplazada.

La pandemia no ha hecho más que aumentar la presión sobre unos centros sanitarios precarios, muy mermados, que ya se encontraban saturados antes de la aparición de la covid-19, porque tenían que atender a miles de personas que huían de sus casas, a veces solo con lo puesto, que llegaban deshidratadas, con problemas de salud, a veces graves, en el contexto de un país donde, por ejemplo, sólo hay una ciudad que cuenta con respiradores para tratar insuficiencias respiratorias. "La consecuencia es que había una serie de servicios que ya estaban planificados en coordinación con las autoridades locales que no se podrán ofrecer a esa población", se lamenta el director de Medicus Mundi Sur.

En Andalucía también hay afectados

Son otros muchos los proyectos de cooperación al desarrollo y de acción humanitaria que por la falta de presupuesto de la Junta no se han podido ejecutar en Bolivia, en Perú, en El Salvador, Mozambique, Congo, Guinea Bissau, Mauritania, en un buen número de países de África y América, fundamentalmente, para garantizar el acceso a la salud, para atender a la población infantil, para la alfabetización, inserción laboral o la erradicación de la violencia de género, entre otros ámbitos. Pero también han sido excluidos por los mismos motivos proyectos que se llevan a cabo en Andalucía en el campo de la educación para el desarrollo, como es el caso del presentado por la asociación Paz con Dignidad.

Este tipo de proyectos no intervienen directamente en los países pobres, sino que se ocupan de fomentar la sensibilización y formación de la población andaluza en temas relacionados con el desarrollo, la sostenibilidad y la promoción de la igualdad en el mundo. Paz con Dignidad, que trabaja en la educación para la transformación social desde una perspectiva ecofeminista, iba a ejecutar su proyecto en seis municipios de la provincia de Córdoba, continuando una labor que ya había iniciado en cuatro de ellos en años anteriores. Se proponía llegar a unas 3.000 personas, 2.000 de ellas mujeres, entre alumnado y profesorado de institutos e integrantes de diversos colectivos sociales. Pero todo se quedó en nada a causa de los recortes.

Su objetivo, según su vicepresidenta, Mari Carmen Gutiérrez, es promover la responsabilidad compartida en el cuidado de la vida, generar conciencia de lo que se puede hacer en cada municipio compartiendo responsabilidades. "Cuidar la vida –explica- es un término ecofeminista, que lo que hagamos se ponga en el centro de la vida misma por encima del beneficio económico. En Latinoamérica le llaman el buen vivir y aquí le llamamos el decrecimiento, vivir mejor pero con menos, para que todos podamos vivir, porque lo importante no es tener, sino ser, algo que en los jóvenes está muy vinculado al consumo, y en las personas mayores, al cuidado".

En este proyecto frustrado iban a participar también asociaciones de cuatro países latinoamericanos que desarrollan programas con perspectivas de género y que iban a mostrar vía online su experiencia para superar dificultades en entornos con mucha más violencia, pobreza e injusticia social que la que se pueda vivir en el interior de una comunidad europea como Andalucía. Esa conexión es la que funcionó, por ejemplo, en un audiovisual que produjo Paz con Dignidad en la localidad de Montalbán de Córdoba, donde hicieron un corto (https://vimeo.com/127700151) sobre la explotación de las mujeres en una fábrica de ajos (Ajo erse se tituló) teniendo en cuenta la experiencia de la lucha de las empleadas de una maquila de El Salvador. El estreno en el teatro del pueblo, según Mari Carmen Rodríguez, resulto todo un éxito, con lleno hasta la bandera, y a las trabajadoras al menos les pagaron los salarios que les debían.

"Todas estas experiencias fortalecen a las personas y los colectivos que participan en ellas. La educación para el desarrollo genera ciudadanía crítica, concienciada y comprometida para mejorar el entorno, una mejor ciudadanía. Lo importante es que avancemos todas y todos juntos, no sólo unos pocos, porque está demostrado que la precariedad laboral, la injusticia social, la desigualdad no nos hace avanzar", señala la vicepresidenta de Paz con Dignidad.

La Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo (CAONGD), que representa a 73 organizaciones con 345.000 socios que trabajan en proyectos de los que se benefician 21 millones de personas en el mundo, advirtió en la Comisión de Hacienda del Parlamento autonómico en la que se debatió el proyecto de ley de presupuestos de la Junta de este año: "No podemos obviar la interdependencia y la ecodependencia que existe entre todas las latitudes, ya que, como venimos anunciando desde mucho tiempo atrás, lo que ocurre en el Norte Global tiene relación con lo que ocurre en el Sur Global y viceversa". Y luego apostilló: "Una política que construye desde la miopía, que se aprovecha del miedo razonable de las personas que ven empeoradas su condiciones de vida para inocularles el rechazo y el odio al otro, como si eso fuera la solución a sus males, no sólo es injusta e insolidaria, sino que atenta al principio más importante de la identidad andaluza".

Tras la reducción de los tres millones de euros por petición de Vox, el presupuesto que ha destinado a las ONGD la Agencia Andaluza de Cooperación de la Consejería para la Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta ha quedado este año en 19,7 millones de euros, 4,7 millones más que en 2020, pero 6 menos que los que se habían asignado en 2019.