MADRID.-  El Gobierno ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que pide al órgano de garantías constitucionales que ejerza sus nuevas competencias cuando resuelva su recurso contra la declaración independentista del pasado lunes adoptada por el Parlamento catalán. A este respecto, requiere al TC que aperciba a las autoridades catalanas de que incurrirán en un delito de desobediencia en caso de que no acaten la resolución del órgano de garantías constitucionales y que podrán ser suspendidas de sus funciones.

El TC admitirá a trámite esta tarde y suspenderá de forma cautelar la resolución del Parlament, tal y como está previsto. Por ello, el Ejecutivo quiere que el alto tribunal notifique personalmente la providencia que adopte a 21 autoridades de Catalunya, a las que cita con nombres y apellidos, o a quien resulte elegido presidente de la Generalitat en el proceso de investidura que está en marcha en la Cámara autónoma.

Reclama además que las 21 autoridades sean apercibidas de que podrán incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial en el caso de que no acaten las resoluciones del Tribunal Constitucional.

La Resolución del Parlament es un "todo", un "conjunto sistemático, ordenado a la secesión de España por medio inconstitucionales y no democráticos", dice el recurso

El Gobierno pide también que la resolución que adopte el alto tribunal se publique en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Catalunya "para que alcance conocimiento y eficacia general de terceros".

De esta manera, ninguna autoridad podrá acogerse a que las resoluciones del TC eran genéricas y dirigidas a instituciones y ningún funcionario o persona particular podrá argumentar en el futuro ignorancia en caso de que sea acusado de cooperar en el delito de desobediencia a la autoridad judicial.

En su recurso, el Gobierno pide que el TC imponga a la presidenta del Parlament y al secretario general la "prohibición expresa de admitir a trámite", ya sea para su toma en consideración, debate o votación, de "iniciativa alguna de carácter legislativo o de cualquier otra índole que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la Resolución suspendida".

Y para el Gobierno autónomo, requiere adicionalmente "la prohibición de promover iniciativa legislativa o de dictar norma de rango reglamentario o de realizar cualquier otra actuación con la misma finalidad".

Las 21 autoridades citadas expresamente son la presidenta del Parlament catalán, Carmen Forcadell; el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas o la persona que desempeñe su cargo tras el auto de investidura; cada uno de los miembros de la Mesa del Parlamento y cada consejero del gobierno catalán, ya sea el actual o del futuro ejecutivo.

Recto de la Cámara autonómica, el recurso cita expresamente al secretario del Parlament, Pere Sol, así como a los miembros de la Mesa de la Cámara: Lluís Corominas (vicepresidente primero), José María Espejo-Saavedra (vicepresidente segundo), Anna Simó (secretaria primera), David Pérez Ibáñez (secretario segundo), Joan Josep Nuet (secretario tercero) y Ramona Barrufet (secretaria cuarta).

También pide la notificación a todos los miembros del Govern catalán: desde la vicepresidenta y consejera de Bienestar Social Neus Minté a los consejeros Francesc Homs, Merritxell Borrás, Andreu Mas-Colell, Irene Rigau, Boi Ruiz, Jordi Jané, Santi Vila, Ferran Mascarell, Jordi Ciuraneta, Felip Puig y Germá Gordó, responsables respectivos de las carteras de Presidencia, Gobernación, Economía, Enseñanza, Salud, Interior, de Territorio, Cultura, Agricultura, Empleo y Justicia, así como a quienes les sucedan tras el acto de investidura del Parlament.

La Resolución 1/XI del Parlamento de Catalunya fue aprobada el pasado lunes, 9 de noviembre, y donde los diputados proclaman "solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república".

El recurso de la Abogacía del Estado considera que la Resolución "debe ser interpretada como un todo, como un conjunto sistemático, ordenado a la secesión de España por medio inconstitucionales y no democráticos".

El documento destaca que la Resolución "viola frontalmente el propio fundamento de la Constitución, la indisoludibilidad de la Nación y la indivisibilidad de la patria de todos los españoles".

El recurso incide, además, en que sin el acto de soberanía del pueblo español, "que reconoció el derecho a la autonomía de las nacionales y regiones, no existiría un pueblo catalán como sujeto jurídico y político del derecho a la autonomía". 

El Tribunal Constitucional comenzó esta tarde, a las 16:39 horas el pleno que estudiará y previsiblemente admitirá a trámite la impugnación del Gobierno contra la resolución independentista del Parlament catalán, lo que conlleva la suspensión de la Resolución. El recurso ha sido aprobado en la mañana de este miércoles, 11 de noviembre, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, previo dictamen favorable del Consejo de Estado.

El TC otorgará el preceptivo plazo de 20 días hábiles para que se presenten alegaciones contra su decisión de admisión a trámite y suspensión de la Resolución. Dicho plazo se cumpliría en el ecuador de la campaña de las elecciones generales, convocadas por Mariano Rajoy para el 20 de diciembre.