El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude este jueves al Consejo Europeo con la completa seguridad de que no están en riesgo los fondos pactados con Europa para luchar conta la pandemia del coronavirus, pese a la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según aseguraron fuentes del Gobierno.

Desde el Ejecutivo se asegura que esta reforma puntual, justificada por el bloqueo del PP a esta renovación -el mandato del Consejo expiró en noviembre de 2018-, nada tiene que ver con las amplias reformas institucionales y democráticas que se le exigen a Hungría y Polonia para poder acceder a dichos fondos, ni pone en cuestión la independencia judicial. 

Además, recuerdan que un reciente informe de la Comisión Europea sobre el estado de Derecho en los países miembros llamaba la atención a España precisamente por no renovar el órgano de gobierno de los jueces, lo que sí se consideraba como una auténtica "anomalía" democrática.

De hecho, fuentes del Ejecutivo aseguraron a Público que "renovar democráticamente el Poder Judicial no puede tener consecuencias para los fondos". Por contra, señalaron que es precisamente el PP quien intenta sembrar dudas y miedos aprovechando esta reforma.

No obstante, no deja de haber cierta inquietud en el Ejecutivo tras el pronunciamiento de la Asociación Europea de Jueces por las críticas vertidas ante esta reforma, a las que se han sumado de forma virulenta tanto PP como Ciudadanos.

De hecho, tanto Pablo Casado como Inés Arrimadas han anunciado que recurrirán por todas las vías posibles para frenar esta reforma, y una de ellas será la vía europea.

El Gobierno espera que ambos partidos no sean los impulsores de este debate, que para el Ejecutivo no tiene fundamento alguno y sólo podría perjudicar los intereses de España en un momento muy decisivo. Lo cierto es que no sería la primera vez que el PP torpedease la actuación del Gobierno, como ya hizo en etapas anteriores de la negociación de este fondo.

En cualquier caso, el debate sobre condicionar los fondos europeos al Estado de Derecho está creciendo en Europa, y es este jueves cuando empieza la negociación en el Parlamento Europeo para aprobar los 750.000 millones de euros que se van a poner encima de la mesa para luchar contra la pandemia.

Además, los cerca de 140.000 millones que corresponden a España -entre transferencias directas y préstamos- son considerados imprescindibles para armar los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que el Ejecutivo espera aprobar a finales de este año o en las primeras semanas del próximo. Hoy por hoy, nadie quiere contemplar que estos recursos se retrasen.