Las negociaciones hasta el último día y exprimir cada segundo de un calendario que tiene fecha límite es ya una costumbre en el diálogo social. Así se han cocinado (a fuego lento, con dificultades y, en ocasiones, con muchas dudas) buena parte de los 12 acuerdos que Gobierno, sindicatos y patronales han rubricado desde el comienzo de la legislatura; y la negociación para derogar la reforma laboral del PP no iba a ser una excepción.

Desde el principio se sabía que iba a ser una negociación difícil por dos cuestiones fundamentales: la complejidad y trascendencia de los contenidos, por un lado (se quieren hacer reformas de calado en materias como los modelos de contrato, la reducción de la temporalidad o el reequilibrio de las fuerzas en la negociación colectiva); y la lejanía de las posiciones entre las partes, por otro (sobre todo entre la patronal y el resto de actores).

Sin embargo, pese a conocer las dificultades del punto de partida y las expectativas que se tenían a priori, la derogación de la reforma laboral constata avances, lentos y medidos, pero avances al fin y al cabo.

El problema en este sentido radica en que el "cocinado a fuego lento" de este acuerdo choca de bruces contra un calendario que fija que la normativa debe estar aprobada antes de acabar el año.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se bregó en las instituciones europeas por fijar un plazo concreto para acometer la reforma, con la intención de blindarla y de que todos los actores se comprometieran con una fecha (sindicatos y patronales, pero también el ala socialista del Ejecutivo y la parte económica, dirigida por Nadia Calviño) y las medidas no se postergaran sine die. Sin embargo, ahora ese plazo juega en contra de una mesa de diálogo que necesita de todo menos prisas.

A un mes de que finalice este plazo (la norma debe estar aprobada antes de que finalice el año), la negociación ha avanzado en algunas materias; el Gobierno y los agentes sociales han perfilado un mecanismo de ERTE permanentes (el denominado mecanismo RED) con el objetivo de evitar despidos en épocas de crisis conómicas y de transformaciones profundas en determinados sectores.

También se ha avanzado en la recuperación de la denominada ultraactividad (la obligación de que las condiciones de un convenio se mantengan hasta que se negocie uno nuevo, aunque haya expirado su validez, para que los trabajadores no tengan que negociar un nuevo documento partiendo de peores condiciones y contra el reloj) y en el blindaje de la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa.

En el otro lado de la báscula, cuestiones como la limitación de la temporalidad, el diseño de un nuevo catálogo de contratos (con el objetivo de simplificar las modalidades actuales de manera notable y acotar sus límites) o la formación en el empleo no han obtenido, al menos de momento, el acuerdo entre las partes.

Pese a todo estoo, el optimismo en el Gobierno parece mantenerse. El diálogo social ha forzado al máximo su calendario y esta semana se reunirá hasta en tres ocasiones (este martes, el miércoles y el viernes). Precisamente en la última reunión, la de este martes, las patronales han hecho aportaciones a las diferentes materias que se tratan en las negociaciones, mostrando su predisposición a debatir y llegar a acuerdos, según ha podido saber Público.

Tanto la vicepresidenta económica como la de Trabajo se han mostrado convencidas este martes de que la reforma se hará en tiempo y forma y de que, por lo tanto, se legislará antes de que acabe el año. También parece que se tiene claro en el Ejecutivo que la prioridad es sumar a los empresarios al acuerdo, pero, que de ser necesario, la reforma laboral saldrá adelante sin ellos, como ya ocurrió con los planes de igualdad retributiva y con la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Calviño: "Nos jugamos mucho"

Calviño también mostró un optimismo inusual en ella sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, donde aseguró que ve "buena disposición" de los agentes sociales para llegar a un acuerdo antes de que finalice el año.

La vicepresidenta económica indicó que cree que todos los agentes sociales son conscientes de que "nos jugamos mucho" y aseguró que el Ejecutivo desea que el acuerdo se alcance entre las tres partes; "Gobierno, sindicatos y empresarios".

Dicho esto, fuentes del Ejecutivo lo que aseguran es que se aprobará un nuevo marco laboral antes de final de año, aunque sea el viernes 31 de diciembre, que sería el último Consejo de Ministros del año, y que la reforma cumplirá con los compromisos acordados con la Unión Europea.