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Renovación del CGPJ Calvo niega que se vaya a cambiar la mayoría para renovar el Poder Judicial después de registrarlo con Podemos

"No vamos a tramitar nada que esté afectando a la mayoría necesaria para la renovación del CGPJ. No está en el ánimo del grupo mayoritario de la Cámara, el Grupo Socialista", ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, a pesar de que el PSOE registró la modificación de la mayoría de la mano de Unidas Podemos.

Los vicepresidentes del Gobierno Carmen Calvo y Pablo Iglesias. - EFE
Los vicepresidentes del Gobierno Carmen Calvo y Pablo Iglesias. - EFE.

alexis romero / manuel sánchez

El PSOE se baja de la proposición de ley registrada junto con Unidas Podemos para, entre otras medidas, modificar la mayoría necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial y bajarla de los tres quintos actuales a una mayoría absoluta. Así lo ha anunciado este martes la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros.

Preguntada sobre si los socialistas siguen siendo partidarios de reformar la mayoría (después de que desbloquearan la tramitación de una de las patas de la iniciativa, la relativa a limitar las funciones del Poder Judicial cuando ha finalizado su mandato), la vicepresidenta se ha mostrado contundente y ha afirmado que "no está en el ánimo" de su grupo parlamentario acometer esta reforma.

"No vamos a tramitar nada que esté afectando a la mayoría necesaria para la renovación del CGPJ. No esta en el ánimo del grupo mayoritario de la Cámara, el Grupo Socialista", ha dicho Calvo. Esta posición dista notablemente de la defendida por el propio PSOE en el registro de la tramitación, cuando la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, defendió la reducción de la mayoría como forma de sortear el bloqueo del PP al Poder Judicial y de establecer una mayoría "viable".

"Lo que proponemos es un cambio de mayoría habitual en distintos procedimientos. En todo caso, mantiene una exigencia de buscar el consenso en parlamentos fragmentados como los actuales y obliga a alcanzar acuerdos entre distintas fuerzas políticas", afirmó entonces Lastra.

La iniciativa registrada en octubre plantea reformas en dos sentidos: un cambio en las mayorías necesarias para renovar el órgano; y un "régimen jurídico" aplicable a un CGPJ en funciones, que limite las atribuciones actuales. Según la proposición, la mayoría se seguirá situando en un principio en los tres quintos iniciales (210 diputados), pero cuando se produjera un bloqueo motivado por no alcanzar esta mayoría, se podría sacar adelante la renovación con una mayoría absoluta (176 diputados) 48 horas después de la primera votación.

Respecto a limitar las atribuciones de un Consejo que ha expirado su mandato, la norma prevé excluir de sus competencias la propuesta de nombramientos de altas instancias judiciales. El PSOE viene mostrando desde hace semanas un distanciamiento respecto a la parte de la reforma que propone rebajar la mayoría ante eventuales bloqueos.

La negociación el PP, estancada

Aunque nunca se posicionaron en contra, hasta que lo hizo Calvo este martes, dejaron de defenderla en público, y a principios de diciembre pactaron con Unidas Podemos desbloquear la tramitación de solo la parte referida a limitar las atribuciones del Poder Judicial cuando su mandato haya caducado, una norma que sigue su curso en el Congreso.

El PSOE comenzó a recular con esta medida cuando los de Pedro Sánchez retomaron las negociaciones con el PP para elegir una nueva cúpula judicial. Sin embargo, pese a que los socialistas llegaron a dar por cerrado un acuerdo, Pablo Casado desmintió este supuesto y las negociaciones volvieron a estancarse. Desde Unidas Podemos, Pablo Iglesias animó a impulsar la reforma para que el Poder Judicial respondiera a la mayoría parlamentaria actual, conformada por un bloque de la investidura que en la tramitación de los Presupuestos en el Congreso logró sumar 189 escaños.

Esta posibilidad pasa por la incorporación de partidos como ERC o EH Bildu a las negociaciones, a los que Iglesias quiere hacer partícipes de las instituciones del Estado. Calvo sí que ha defendido tras el Consejo de Ministros la limitación de atribuciones del CGPJ cuando haya expirado su mandato: "Nos parece que coloca a uno de los tres poderes del Estado en una situación distinta a la de los otros dos, que tienen muy limitadas sus competencias en funciones. No se le puede amarrar el futuro a quien va a llegar con la legitimidad de las urnas, igual que ocurre en el Parlamento. Si esto lo hacen los dos poderes del Estado, parece razonable que el Judicial tenga también regulado qué competencias tiene cuando están en funciones".

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