El programa de recuperación de servicios de salud privatizados en la época del PP ha quedado encallado a pesar de ser una de las principales señales de identidad de los gobiernos del Botánico. Después del éxito de la reversión del hospital de Alzira, materializada a pesar de la fuerte oposición de Ribera Salud, la empresa que lo gestionaba, ahora tocaba el de Torrevieja. Aquí, la socialista Ana Barceló, consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, optó por un cambio en el modelo de integración del centro a la red pública con la creación de una Empresa Pública de Salud. La propuesta desató una unánime oposición sindical y las críticas de sus socios de Gobierno. Ante la polémica, Ximo Puig optó por retirar el documento y aceptó "comenzar un proceso de diálogo".

Pero, ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de reversión del hospital de Alzira y el que se quería implementar en Torrevieja? "En Alzira se integró el centro en la red pública de forma completa, subrogando la plantilla que había como personal a extinguir. En cambio, en Torrevieja quieren crear una empresa que se encargue de la gestión. Sería una empresa de capital 100% público, pero una empresa al fin y al cabo, sujeta al derecho mercantil privado", explica Rosa Atienza, secretaria general de la federación de salud de CCOO-PV. Para esta sindicalista, esto supone una serie de problemas, entre los cuales destaca la facilidad de reprivatización "en caso de que cambien las mayorías parlamentarias". Pero también el hecho crear un "precedente peligroso", con una gestión de la sanidad pública con criterios empresariales. El borrador de documento sobre la Empresa Pública de Salud le permitía gestionar, no solo el hospital de Torrevieja o los servicios de resonancias magnéticas y los de farmacia sociosanitaria, como se preveía en un principio, sino cualquier tipo de asistencia en salud. "Es una puerta abierta al modelo de gestión privada y a la atomización del sistema público de salud –insiste Atienza-, quizás no es un riesgo inmediato, pero de cara al futuro sí".

Desde CCOO también critican que este modelo supone un freno a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores: "Al ser empresa pública, acumulan las peores restricciones del sector público que impone la ley Montoro y los del sector privado, además de aislarlos de la red general de traslados, promociones...". Finalmente añaden "la opacidad y la carencia de controles" de las que disfrutan las empresas públicas. "Esta propuesta no supone una reversión real", concluye Atienza.

La subsecretaria de la conselleria de Sanidad, Mónica Almiñana, discrepa profundamente y defiende que la Empresa Pública de Salud "es una buena opción y un buen instrumento para ordenar la situación del sector público" surgido con las reversiones. "Hay que pensar que las privatizaciones se hicieron de tal forma que se garantizara que aquello nunca volvería a ser público. Los contratos que nos hemos encontrado son una auténtica vergüenza y el debate actual no nos tendría que hacer olvidar cual es el problema y quien lo generó", defiende Almiñana. Para la subsecretaria, a pesar de que el modelo Alzira tiene muchos aspectos positivos, también ha generado problemas, "como la creación de una bolsa de 1.500 trabajadores en una figura jurídica de personal a extinguir, a quienes no se los puede ofrecer ciertas ventajas, como prejubilaciones, movilidad o excedencias, puesto que la ley no lo permite", el que provoca que la situación generada "no es buena". "Por eso la consejera pensó que esta era una buena opción, puesto que es un instrumento público directo con el máximo de garantías". Para la conselleria –a diferencia de los sindicatos o sus socios del Botànic- una empresa 100% pública es equiparable al sector público general y no lo ven un problema y sí una opción "para buscar un equilibrio" entre todos los intereses diferentes que se crean en este proceso.

Carles Esteve, diputado de Compromís y miembro de la Comisión de Sanidad de les Corts, reclama "dejar de poner parches y elaborar una hoja de ruta de la reversión de las privatizaciones, que empiece a Alzira y acabe en Manisses", para "evitar que genere fricciones" dentro de la coalición de Gobierno, puesto que este es "un tema troncal" de los acuerdos del Botànic. "Desde la lealtad institucional pedimos a la conselleria más transparencia y debatir propuestas". "No puede ser que el borrador del documento nos haya llegado a través de una sección sindical", reclama Esteve, para quien "la pandemia nos ha demostrado la necesidad e importancia de la sanidad pública y ahora es el momento de reforzarla, no de dejarla en una situación más precaria".