Los hermanos Ruiz Mateos culpan a su padre fallecido de la operación de compra de dos hoteles en Palma por lo que están juzgados por la presunta estafa relacionada con esta operación. Álvaro Ruiz-Mateos, durante su declaración este jueves en Palma ha asegurado que la compra-venta "fue negociada" por su padre y los vendedores y que él la firmó, una vez negociada, "como avalista a petición de los vendedores".

Los seis hermanos Ruiz-Mateos, dos de ellos en prisión por otros casos, declaran este jueves en la Audiencia Provincial de Palma por la presunta estafa relacionada con la compra de los hoteles Beverly Playa en Paguera (Mallorca) y Beverly Park en Maspalomas (Gran Canaria). El fiscal les acusa de no haber pagado el precio acordado de la adquisición, 11,7 millones de euros, y pide siete años de cárcel para cada uno.

Álvaro Ruiz-Mateos, que permanece en prisión por otras causas, ha explicado que él era administrador de derecho de Dhul y Clesa pero que cobraba como "empleado" de Nueva Rumasa. "Nunca he sido consejero de Nueva Rumasa", ha aseverado.

Así, ha destacado que la operación fue llevada a cabo por su padre y por su grupo, apoyado en lo financiero por Manuel Sánchez y en lo legal por Joaquín Yvancos. "La operación se negocia y una vez negociado, se me avisa para avalar", ha dicho.

En concreto en esta causa, están acusados, además de Álvaro, Zoilo, José María, Javier -también en prisión-, Alfonso y Pablo Ruiz-Mateos, además de Jose María Ruiz-Mateos, su padre, empresario fundador de Rumasa y Nueva Rumasa, fallecido en septiembre de 2015.

El tribunal ha determinado no aceptar las peticiones del abogado defensor de los hermanos Ruiz-Mateos, Juan Manuel Gallardo, relacionadas con la anulación de la declaración y la documental presentada por Joaquín Yvancos o la nulidad de la acusación por el delito de insolvencia punible, entre otras cuestiones.

Por su lado, el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, ha presentado cerca de una quincena de documentos que demostrarían que los investigados estarían "cerca de la insolvencia" antes de la compra de los dos hoteles.

El fiscal sostiene que para obtener la titularidad de los hoteles, presentaron garantías y avales falsos y una vez se habían entregado los hoteles no pagaron el precio acordado de 11,7 millones de euros.