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¿Ruptura o construcción? La brecha política impide la renovación del CGPJ y el TC

Los canales entre PSOE y PP están abiertos, pero fríos. Sus líderes Pedro Sánchez y Pablo Casado están en las antípodas del pacto debido a una pésima relación personal entre ambos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado en un encuentro en el mes de diciembre de 2019. .EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado en un encuentro en el mes de diciembre de 2019. .EFE

julia pérez

"Si no hay un acercamiento entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, no habrá renovación". Así de tajante se muestra una fuente conocedora de los intentos de acercamiento que ha habido entre dirigentes del PSOE y PP para alcanzar un pacto de Estado y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC), entre otras altas instituciones pendientes de ser designadas como el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Los canales entre PSOE y PP están abiertos, pero fríos. Los máximos dirigentes de ambas formaciones están en las antípodas del pacto debido a una pésima relación personal entre ambos.

"Aunque también había una mala relación entre Sánchez y Pablo Iglesias y ahora están juntos", replican en  una fuente jurídica gubernamental que considera prioritario llegar antes a un pacto de Estado en Sanidad y en Economía ante las necesidades sociales derivadas de la pandemia; el CGPJ "es más un lujo en estos momentos tan graves", apostillan.

"No hay ningún movimiento bilateral", destacan fuentes jurídicas próximas a ambos partidos que confirman: sólo existe un canal abierto, el que conforman Juan Carlos Campo y Enrique López, ministro de Justicia y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, respectivamente.

Campo busca un pacto en julio

El ministro de Justicia quisiera alcanzar un pacto en julio, pero el enrarecido clima político impide la renovación de estas instituciones del Estado.

El mes de julio es visto oportuno porque existe un margen de cierta estabilidad política tras el fin de las elecciones vascas y gallegas. La 'ventana' de oportunidad se cierra el 17 de septiembre, cuando el Tribunal Supremo celebre la vista sobre la condena que inhabilitó al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia a la Junta Electoral Central al colocar símbolos independentistas en el balcón del Palau en plena campaña.

Se prevé que Torra convoque en septiembre elecciones autonómicas, una vez conocida la decisión del Supremo. Y ese mes llegarán las negociaciones a cara de perro de los Presupuestos Generales del Estado, que serán duros a causa de la recesión económica originada con la covid-19.

Al otro lado del hilo está López, el secretario de Justicia del PP que reporta ante Teodoro García Egea, el secretario general popular. Casado descarta todo acercamiento actualmente debido a las críticas de Pablo Iglesias a los jueces, el apoyo de ERC y Bildu al Gobierno y la abisal distancia que separa a ambas formaciones políticas.

López, García Egea y Ana Pastor representan al sector popular negociador y, así, la expresidenta del Congreso negocia el pacto de Estado de Sanidad con el ministro Salvador Illa.

Bloqueo del PP desde hace año y medio

La anomalía institucional llega a tal punto que el CGPJ lleva año y medio en funciones y sigue eligiendo a la cúpula judicial para los próximos cinco años. Con estas designaciones condiciona al próximo mandato del órgano constitucional.

Ni el Congreso ni el Senado se han propuesto la renovación de sus veinte vocales -doce de procedencia judicial y seis juristas de reconocido prestigio- a pesar de que no sería difícil: la mayoría de los candidatos está sobre la mesa.

En el TC venció en noviembre pasado el mandato de los cuatro magistrados que elige el Congreso, entre ellos su presidente, Juan José González Rivas, y la vicepresidenta, Encarnación Roca. Tampoco se atisba pacto alguno.

Ambas renovaciones van juntas, porque requieren una mayoría de tres quintos de parlamentarios, que en el caso del Congreso supone 210 diputados de cada cámara. Esto es, PSOE y PP están condenados a entenderse.

Si fuera sólo por Campo y López, hace tiempo que el CGPJ y el TC estarían renovados. Y hasta hubieran pactado sottovoce -o no tanto- al presidente del CGPJ, cuando en realidad debe ser elegidio por los vocales una vez designados por las Cortes Generales. Otra anomalía que sorprende en el resto de Europa.

El PP permanece enrocado en el bloqueo y Casado quiere utilizar al CGPJ como ariete contra el Gobierno.

Si se produjera un avance, López partiría del siguiente reparto: 10 vocales del CGPJ serían nombrados a instancia del PP y 10 por el PSOE más el presidente, de tal manera que si hay alguna cesión a otro partido que salga de la 'tarta' socialista. En el PSOE explican que este reparto no se corresponde con la realidad política reflejada en el Congreso tras las últimas elecciones generales.

La 'pistola'de Lesmes o el beneficio conservador

El actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha decidido seguir adelante con los nombramientos más sensibles, a pesar de llevar año y medio en funciones.

En este tiempo de interinidad, ha designado a la mitad de la cúpula judicial que ejercerá en los próximo cinco años, durante el mandato del próximo Consejo: 46 hasta enero y otros 25 altos cargos en septiembre.

Destaca entre los nombramientos previstos el de los presidentes de las Salas de lo Social y de lo Militar del Supremo por jubilación de los actuales. Estas plazas podrían quedar vacantes, ocupadas por el magistrado con más antigüedad de cada Sala. Pero Lesmes ha optado por nombrarlos él y su mayoría conservadora.

Sea por convicción o por interés, con esta decisión Lesmes pone una 'pistola' sobre la sien de Sánchez y Casado para forzar un acuerdo que no llega y donde él se juega su futuro: quiere ser magistrado del TC en esta renovación.

En septiembre culminará también el mandato del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la sala de su especialidad.

Estas designaciones por cinco años condicionarán al futuro presidente del CGPJ y del Supremo, no en vano los presidentes de sala del Supremo son miembros nato de Sala de Gobierno del máximo tribunal de España.

El control judicial y el poder

En el PP, explican en fuentes jurídicas progresistas, "se llenan la boca de llamadas al pacto de Estado, pero lo que ocurre es que como no tienen la mayoría política en el Congreso, se ha refugiado en su mayoría conservadora del CGPJ para ejercer el poder y el control judicial".

De 130 altos cargos de la cúpula judicial española que nombra un CGPJ, Lesmes y su mayoría conservadora en funciones ya han designado o designarán a 75 de ellos para los próximos cinco años. Con estas designaciones ha dado un vuelco a a las presidencias y salas de los órganos judiciales más relevante: Supremo, Audiencia Nacional y buena parte de los tribunales superiores de Justicia.

"Lesmes va por libre", afirma por el contrario una fuente jurídica conservadora, quien insiste en que no cuenta con el apoyo del PP porque allí le responsabilizan de la sentencia del caso Gürtel que tumbó al gobierno de Mariano Rajoy.  "Otra cosa es que nos venga bien", admiten fuentes populares defensoras de continuar con el bloqueo.

Un ejemplo del cambio que ha introducido Lesmes es la sección del Supremo que juzga los actos del Gobierno. Cuatro de sus cinco integrantes son 'GAL' (Grupo de Amigos de Lesmes), como se denominan en el alto tribunal. Esta sección dictó el auto que confirma la absolución de Ana Botella en la venta de viviendas sociales a un fondo buitre. El ponente, Fernando Román, fue secretario de Estado de Justicia con Alberto Ruiz Gallardón y fue quien aupó a Lesmes al frente del CGPJ. 

Voladura controlada

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha hecho llegar a los vocales en funciones su malestar por la decisión de Lesmes de seguir realizando estos nombramientos  y condicionando al próximo mandato, según fuentes jurídicas.

"Campo tiene sobre la mesa la idea de pedir a los vocales progresistas que dimitan en bloque para evitar estos nombramientos y forzar a la renovación, pero aún no ha dado el paso porque tendría que pedir lo mismo en el TC", reconocen en fuentes jurídicas. "Pero quiere evitar una crisis institucional", añaden. Aunque la voladura controlada está sobre la mesa.

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