El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha planteado ampliar los servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta ampliación está recogida en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 con una partida de 49 millones de euros, lo que, tal y como ha señalado el ministro, ayudará a evitar que se produzcan situaciones de cierre como las de las clínicas dentales iDental y Dentix, entre otras.

"Lo que está sucediendo es un reflejo bastante representativo cuando un segmento de la sanidad está privatizado y se rige por criterios distintos a los que imperan en lo público. Mucha gente ahora se tiene que endeudar para un servicio público. Y muchas personas están ahora mismo en una situación muy grave. Esto tiene que llamar a una reflexión para que no vuelva a suceder, naturalmente está dentro de las líneas políticas de este Gobierno", ha señalado Garzón en respuesta a una pregunta en el Pleno del Senado de este martes realizada por Jordi Martí Deulofeu, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.

Martí ha criticado la poca cobertura de esta asistencia en el sistema público y ha culpado al Gobierno anterior y al actual de una "inacción" que ha dejado -ha dicho- la salud bucodental en manos de empresarios con criterios únicamente económicos. Al pleno en la Cámara Alta también han asistido algunos de los afectados de varias provincias por los cierres de clínicas.

El ministro ha apuntado que una de las soluciones a este tipo de cierres pasa por aplicar el acuerdo del Gobierno de coalición, que estable la "incorporación progresiva" de los servicios de salud bucodental al sistema sanitario público. "Eso creo que es lo que resuelve el problema de raíz", ha defendido.

De la misma forma, Garzón ha resaltado que este problema también es "una desigualdad de clase". "La clase social también se ve por la dentadura de una persona. Cuando un servicio público está regido por criterios públicos se evitan los problemas y se refuerza la importancia de la sanidad pública, como hemos visto durante la pandemia, que es fundamental", ha esgrimido.

Entre otras actuaciones, Garzón ha detallado que el Ministerio de Consumo está "en contacto" con las comunidades autónomas para atender los requerimentos de los afectados por el cierre de estas clínicas dentales, se está informando a los afectados sobre sus derechos y se ha enviado "toda la información pertinente" al juzgado, donde se está investigando. "Estamos en contacto con las entidades financieras, especialmente aquellas con mayor carga de trabajo, ya que hay muchos casos de familias que están endeudadas por servicios que no se han podido llevar a cabo", ha agregado.

Incorporación gradual y dentista municipal

La incorporación del dentista en la sanidad pública es una cuestión que lleva en el horizonte del Gobierno desde hace tiempo. Antes de formar el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos pactaron la inclusión gradual de la salud bucodental en el sistema público y la creación de un plan de Salud Bucodental para fijar las prestaciones a cargo del Sistema Nacional de Salud. Algo sobre lo que Garzón no dio más detalles durante su intervención.

La anterior ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ya apuntaba en abril de 2019 que era el "momento" de incluir la salud bucodental en el sistema público. "La salud bucodental es tan importante como el resto de la salud orgánica y mental", declaraba Carcedo en una entrevista, donde lamentaba que todavía no se hubiera introducido el dentista en la cobertura pública. 

Otro de los proyectos más importantes relacionados con la salud bocodental es el dentista municipal impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona. La alcaldesa, Ada Colau, anunció en enero de 2019 un plan que tras un recurso del  Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya fue paralizado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El tribunal ha levantado las medidas cautelares en febrero de este año y el proyecto está cogiendo cada vez más impulso y atendiendo a un mayor número de personas. En paralelo, en septiembre el Parlament de Catalunya aprobó una medida para que el dentista sea gratuito en un plazo de cinco años.