Los recientes escándalos por los pelotazos de parientes y amigos con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia tienen otra vertiente: las sospechas de que los productos no eran de calidad, no servían para protegerse de la covid. En el triángulo de casos que salpican al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y a la Xunta de Galicia hay un componente común añadido al presunto tráfico de influencias. Y es que en los tres casos existen certificados falsos sobre la calidad de las mascarillas procedentes de un mismo laboratorio italiano. 

La empresa italiana Ente Certificazione Macchine SRL (ERM) figura como entidad europea que certificó que las mascarillas FFP2/KN95 que vendieron Alberto Luceño y Luis Medina a través de la mercantil malasia Leno cumplían con los estándares de la Unión Europea en cuanto a su capacidad para filtrar partículas víricas, como ha podido comprobar Público. Sin embargo, este laboratorio italiano no puede certificar mascarillas, puesto que no está habilitado para ello.

Así lo ha confirmado Luca Bedonni, director de servicios de ECM, a este diario. "Nos han falsificado muchos documentos estos importadores. Han usado inapropiadamente nuestro número certificador 1282". Este número acompaña al sello CE de las mascarillas de Leno, de las que Luceño y Medina se lucraron con seis millones de euros.

ERM también aparece en el inicio de la actividad importadora de mascarillas de la gallega Sibucu 360 SL, un caso que ha destapado Público. Esta mercantil es una de las que más volumen de ventas ha tenido en estos dos años de pandemia, pese a que con anterioridad no se dedicaba al suministro de material sanitario, sino al sector de la ingeniería e iluminación.

Su entrada en el Ayuntamiento de Madrid, el 20 de marzo, para proporcionar mascarillas de China en un momento de imperiosa necesidad fue presuntamente favorecida por la amistad con Alberto Núñez Feijóo de uno de los socios del grupo de empresas vinculadas a Sibucu. 

Cuatro de los modelos de mascarillas FFP2/KN95 que vendió Sibucu presentaban ilegalmente el sello CE procedente de la italiana Ente Certificazione Machine. A falta de los expedientes de los cuatro contratos con el consistorio madrileño que el equipo de Almeida se niega a entregar a este diario, no se puede verificar la versión de Sibucu, que alega que fueron 80.000 las mascarillas afectadas que tuvo que retirar y que ninguna afectó ni a la Xunta de Galicia ni al consistorio madrileño ni a la Comunidad de Madrid, que también compró a la citada empresa gallega. 

Según el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid, fueron ocho los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia los adjudicados a Sibucu 360 SL, en su mayoría por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. También la de Sanidad contrató la compra de mascarillas quirúrgicas y FFP2 para los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal. En total, 2.432.630 euros ha desembolsado el Gobierno madrileño a esta sociedad. 

Diego Mata, uno de los administradores de Sibucu, afirmó a este diario que existió un "fraude" por parte de la empresa italiana ECM: "Fue un fraude del laboratorio y no sé hasta qué punto no deberíamos haber exigido responsabilidades a Europa por permitir que ese laboratorio italiano estuviese publicando que tenía el alcance para hacer ese certificado cuando no lo tenía". 

Sin embargo, ECM niega con rotundidad su implicación en el caso. "Nosotros no tenemos responsabilidad en esto. Los importadores han importado las mascarillas sin un certificado CE. Nosotros no hemos hecho certificaciones de mascarillas porque no podemos hacerlas. El documento de nuestra empresa no vale como certificado europeo para las mascarillas", insiste Luca Bedoni, director de Servicios de ECM. 

De hecho, esta empresa italiana ha incluido en su web un listado de fabricantes chinos que han usado ilegalmente su sello CE para introducir sus mascarillas en Europa. En ese listado figura uno de los proveedores de Sibucu: la mercantil china Dongguan Huagang Communication Technology, LTD. 

Preguntado por el certificado que consta en el contrato para el suministro de un millón de mascarillas FFP2 con la empresa Leno, en el que intermediaron los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, el directivo de ECM asegura a Público que es falso. Es decir, que no se podía asegurar que las mascarillas fueran eficaces frente a la covid. 

Alertas sanitarias

Sin embargo, en este caso la documentación falsificada no provocó una alerta sanitaria respecto a las mascarillas de Leno. El Ayuntamiento de Madrid no alertó de que los tapabocas por los que había pagado 6 euros la unidad no contaban con el aval de un laboratorio independiente europeo y, por lo tanto, no podía asegurarse su calidad. 

Respecto a las mascarillas de Sibucu, tanto el Servicio Galego de Saúde (Sergas) como el Gobierno de Navarra, a donde habían llegado también, alertaron al Ministerio de Consumo, y éste a la Red de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea, sobre la ilegalidad del sello CE.  

La Federación Europea de Seguridad (ESF, en sus siglas en inglés), una organización de proveedores de EPIS (Equipos de Protección Individual), alertó en la primera ola de la pandemia de la proliferación de fabricantes chinos que usaban certificados falsos para las mascarillas. "Esos 'certificados' no tienen valor legal y no puede utilizarse como conclusión de la evaluación de la conformidad. No está claro si estos documentos han sido realmente emitidos por las propias organizaciones mencionadas o si son falsos (tenemos la impresión de que se están presentando muchos documentos falsos como prueba de cumplimiento)", reza en su web, en un documento actualizado a fecha de 15 de marzo de 2021. 

En el caso que están investigando tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Fiscalía Europea respecto al contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive SL para el suministro de mascarillas, del que se lucró el hermano de la presidenta Ayuso, también aparece un certificado falso con el sello CE de Ente Certificazione Machine, según publicó El País.