El enredo sobre la competencia para investigar el contrato de mascarillas por el que el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso cobró una comisión se disipa: este lunes la fiscal general del Estado ha acordado que la Fiscalía Anticorrupción seguirá con sus diligencias prejudiciales en torno a los presuntos delitos de tráfico de influencias o falsedad documental, según ha sabido Público de fuentes fiscales; y por otro lado, la Fiscalía Europea asumirá la investigación sobre un presunto delito de malversación. 

La cuestión sobre la competencia, que Dolores Delgado ha resuelto este lunes en la Junta de fiscales de Sala, deriva en clave nacional: la investigación sobre el contrato de 1,5 millones de euros que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa amiga de la presidenta para la dotación de mascarillas en la pandemia y por el que Tomás Díaz Ayuso percibió unos 280.000 euros seguirá en Anticorrupción, tal y como el fiscal jefe Alejandro Luzón había solicitado. 

Por su parte, la Fiscalía Europea investigará un presunto delito de malversación ya que el millón y medio de euros investigado salió de fondos europeos Feder. Inicialmente la adquisición de las mascarillas se pagó con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Madrid y "no es hasta que se promulga el Reglamento UE 2020/558, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 cuando se aprueban medidas específicas a cargo de los fondos europeos y se imputan a estos el importe del citado contrato", consta en el decreto firmado la tarde de este lunes por Delgado.  

Horas antes de la decisión de la fiscal general, la Fiscalía Europea había emitido un comunicado en el que señalaba que se había puesto en contacto con Dolores Delgado para solicitarle que si tiene dudas sobre quién tiene la competencia para investigar el contrato de emergencia vinculado a Tomás Díaz Ayuso, eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Los tres pivotes de la investigación española 

Dolores Delgado indica en su decreto que a diferencia de la investigación que ha iniciado la Fiscalía Europea, concerniente a los intereses financieros de la Unión Europea, la asumida por la Fiscalía Especial en sus Diligencias de Investigación 3/2022 se refiere a delitos de corrupción. "Se pretende aclarar si un funcionario contrató con una empresa determinada inducido por su superior; si un particular obtuvo de una empresa una remuneración indebida a cambio de ejercer influencias sobre un funcionario público; o si un particular pudo emitir a una empresa una factura con datos inveraces respecto de la causa o cuantía de tal remuneración". 

"Estos hechos--prosigue la fiscal general-- no serían constitutivos de malversación ni de fraude a la Hacienda Europea ni de cohecho, sino de tráfico de influencias o falsedad en documento". 

En cuanto al cohecho, Delgado lo descarta de entrada: "En las diligencias de investigación no aparecen elementos indiciarios de su comisión; ni se indica posible funcionario perceptor de una supuesta dádiva; ni se reflejan hechos compatibles con esa conducta".

Así pues, la Fiscalía General del Estado se opone a traspasar toda la causa a la europea, ya que entiende que no existió delito de malversación porque con los fondos públicos se compraron efectivamente las mascarillas acordadas. Otras cosa son los delitos que podrían derivar de la presunta intermediación del hermano de Ayuso y en concepto de qué cobró los 280.000 euros; algo que el fiscal Luzón está investigando desde el pasado mes de febrero, a raíz de las denuncias presentadas por PSOE, Más Madrid y Podemos. 

La semana pasada la Fiscalía Europea solicitó a Anticorrupción que le remitiera la causa para su investigación, pero Luzón se resistió y solicitó a la fiscal general que resolviera la cuestión de competencia. Ahora, una vez resuelta, falta por conocer la reacción de la Fiscalía Europea respecto a la decisión de Dolores Delgado de dejar en España parte de la causa: si lleva el pleito con Anticorrupción al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) o admite el decreto de avocamiento de la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía Europea (EPPO) es la responsable de investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la UE, por ejemplo, varios tipos de fraude, blanqueo y corrupción. Este departamento tuvo conocimiento de la polémica por el contrato que salpica al hermano de Ayuso a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, adscrito a la Intervención General del Estado, entre cuyas funciones está la coordinación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.