Una década después de que Caixa Galicia y Caixanova se convirtiesen en NovaCaixaGalicia (NCG), un proceso impulsado por el gobierno del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la controvertida fusión vuelve a ocupar el centro del debate político en la comunidad. A raíz de que la Audiencia Nacional se pronunció acerca de la intervención del FROB desmontando la iniciativa del PPdeG, las fuerzas políticas negociaron un acuerdo para abrir el órgano de investigación y destapar, si el grupo de Feijóo lo permite, la realidad de lo que significó el punto y final para las cajas de ahorro gallegas.

La Audiencia Nacional sostuvo que la "única razón" por la que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tuvo que intervenir "fue por la situación económica-financiera en la que se encontraba, en 2010, Caixa Galicia, antes de que se produjera la fusión". Y más concretamente, añade que "Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia".

La reactivación de la comisión irrumpe en O Hórreo en plena crisis del coronavirus y aunque el auto haya modificado las circunstancias, semeja a un dèjá vu para los diputados y las diputadas. Es la tercera vez que se pone en marcha esta investigación en el Parlamento que después de las elecciones de julio ocupan solo tres grupos políticos, el PP, BNG y PSOE, y la decisión irá a pleno la semana que viene, pero de momento ya están negociando y los tres se muestran de acuerdo para dar luz verde al cometido. El primer objetivo será conseguir un informe de la consultora KPMG que según la Xunta "avala la solvencia de la fusión de las cajas gallegas" pero no hay ni rastro de él. En 2012 y con los populares ya en el Gobierno, la Cámara aprobó de manera consensuada el inicio de los trabajos de indagación por parte de los partidos, pero de ellos nunca se extrajeron conclusiones, y la idea es recuperar y aprovechar los pasos avanzados en los anteriores procesos para esta nueva etapa.

Desde aquella, cuando Feijóo solamente sumaba tres años al frente del Ejecutivo autonómico, han caído los integrantes que conformaban la cúpula de NovaCaixaGalicia (NCG) por atribuirse jubilaciones millonarias antes de la desaparición de las cajas. Entre ellos, el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, condenado a dos años de prisión que finalmente se quedaron en poco más de seis meses, salió en 2017. Gayoso declaró en el Congreso de los Diputados que la fusión fue "la peor de las opciones posibles".

Hace dos años, Francisco Gibert, consultor de KPMG y coautor del famoso informe que auspiciaba el proceso y en el que se basó el Gobierno gallego, negó que ese documento fuese una auditoría de cuentas, sino un informe "factual" que se realizó de manera "acelerada" en un mes y que costó un millón de euros a la Xunta. Además, la alternativa que propuso la compañía era la absorción de Caixa Galicia por parte de Caixanova, puesto que la segunda, en Vigo, gozaba de mejor salud que la primera, en A Coruña.

El portavoz del Grupo Común da Esquerda y diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en aquel momento, Antón Sánchez, solicitó en 2013 la información de lo que considera "la mayor estafa económica a los gallegos", la cual no recibió nunca. Por ello, el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) condenó a la Xunta por vulnerar el artículo 23 de la constitución, y la sentencia ratifica que el Gobierno "ocultó información transcendental en el proceso durante años". Cuatro meses después, el grupo del PPdeG continúa escondiendo la documentación, aún a pesar de que en 2018 Sánchez la solicitó expresamente al presidente de la Cámara, Miguel Santalices.

La entonces conselleira de Facenda, Marta Fernandez Currás, fue la que encargó el trabajo según Gibert, para sostener y blindar sus argumentos y auspiciar la fusión de las cajas asegurando que el resultado mantendría su carácter gallego, pero finalmente, el Gobierno erró en sus previsiones. Un año después de la fusión, NovaCaixaGalicia tuvo que bancarizarse porque siguió arrastrando los mismos problemas, provocados en un primer momento por una gestión presuntuosa fundada en la exposición a la construcción, a las hipotecas subprime, a la inversión de sectores industriales y no financieros y a la expansión nacional e internacional acelerada.

Nació entonces NCG Banco con José María Castellano a la cabeza, vicepresidente de Inditex y de La Voz de Galicia, diario afín a la estrategia de la Xunta. Castellano tampoco acertó e incumplió sus promesas. El directivo fijó como objetivo alcanzar 700 millones de euros de inversión privada para recapitalizar la entidad en apenas tres meses, pero posteriormente tuvo que ser entregada al FROB. El rescate alcanzó los 9.000 millones de euros y supuso la pérdida de miles de empleos en la comunidad. De la muerte anunciada de las cajas se encargó y benefició el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, propietario del Grupo Banesco, que se hizo con ella por mil millones de euros. Cambió la denominación por Abanca y no tardó en recuperar la inversión.

Los grupos que ocupan O Hórreo quieren respuestas. El diputado del PSdeG-PSOE Pablo Arangüena, señala en declaraciones a Público que las aportaciones del tribunal de estas últimas semanas "cambian el campo de juego". El socialista dice que Caixanova era "completamente viable" y que obligaron a fusionarla con Caixa Galicia, mientras que postulaban desde la Xunta que la unión era "necesaria y voluntaria". Por su parte, cree que el PP no tiene "ningún interés" en que el documento de KPMG salga a la luz. "El informe desmonta las explicaciones que dieron, promovieron a bombo y platillo que iban a mantener los puestos de trabajo y que iba a ser competitiva".

La diputada del BNG, Noa Presas, recuerda que las dos comisiones anteriores no funcionaron porque el PP no actuó "activamente" para que los diputados recibiesen la documentación, y que mucha de ella fue negada por algunos organismos con base a la Ley de protección de datos. "El parlamento no tuvo una voluntad activa para reclamarla". Ahora, y tras los nuevos indicios, considera que el PP "parece que entra en razón" y que facilitará y colaborará para descubrir la verdad sobre lo que pasó con las cajas.

El futuro de la comisión de investigación dependerá de la voluntad del Partido Popular, que sustenta, por cuarta vez consecutiva, mayoría absoluta con 42 diputados. En 2009 y recién llegado a la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo tropezó con las graves consecuencias del crac financiero que comenzaba el año anterior, y ante el pudor de que interviniese el Banco de España, al que hoy responsabiliza por autorizar la fusión de las cajas, decidió apostarlo todo a una carta. Lo que sí permanece de aquellas primeras comisiones es la esperanza de descubrir lo que hay detrás del proceso de unión de Caixa Galicia y Caixanova, pero eso no ocurrirá hasta que los diputados tengan en sus manos el informe que tanto trata de encubrir el Partido Popular.