Rafael Redondo, el socio de José Manuel Villarejo, ha negado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga tres piezas separadas de Tándem (las piezas Land, Pintor y Iron) cualquier ilegalidad en la investigación que Cenyt, el grupo empresarial del ahora comisario jubilado, llevó a cabo para un despacho jurídico de gestión y defensa de patentes, atribuyendo las frases comprometedoras que quedaron registradas en las grabaciones que hacía el propio Villarejo a los excesos verbales de éste como parte de sus "labores de marketing".

Redondo ha comparecido como acusado por presuntos de delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad en documento mercantil y extorsión en grado de conspiración por su supuesta intervención en las labores de espionaje que Cenyt habría ejecutado en los proyectos Iron, Land y Pintor, por los que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a 102 años de cárcel.

En esta decimocuarta sesión, el interrogatorio a Redondo se ha centrado en la pieza Iron, un trabajo que Cenyt desarrolló entre 2013 y 2014 para el bufete jurídico de gestión y defensa de patentes Herrero & Asociados que consistía en investigar una supuesta deserción de socios del mismo para montar un despacho competidor tras supuestamente robarles la base de datos de clientes, con el supuesto objetivo de apoyar un arbitraje a la vez que acciones legales por competencia desleal.

Redondo, que trabajaba con Villarejo desde hacía dos décadas, posee un 10% de Stuart Mckenzie SL (como se bautiza en 2011, coincidiendo con su reconversión en bufete, la firma que el comisario constituye en 1992 bajo la razón social Estrelluelo SL). Es la empresa de la que cae en cascada todo el conglomerado de Villarejo, incluyendo su buque insignia, el Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (CENYT) del que Redondo se describe en Linkedin como "director general".

No obstante lo anterior, en el juicio, el socio de Villarejo se ha definido como un mero "empleado de Cenyt" cuya labor se habría limitado a la de "abogado de empresa" y "director jurídico" del bufete Stuart&McKenzie: "Yo tengo mi trabajo y mi función, y no me salgo de ahí", ha dicho al responder a las preguntas del fiscal César de Rivas (uno de los sustitutos del fiscal Ignacio Stampa, desplazado del caso Villarejo con gran polémica).

En el caso concreto, ha aseverado que su papel en el proyecto Iron fue únicamente el de preparar la denuncia contra los supuestos socios desertores de Herrero & Asociados y dirigir el procedimiento judicial que desencadenó la misma, negando que participara en la obtención de datos reservados o que llegaran a sus manos.

"Más ilegal que una patata"

El fiscal De Rivas le ha enfrentado a comentarios realizados por el comisario jubilado en las reuniones con miembros de Herrero & Asociados a las que Redondo asistió, recordando que Villarejo, entonces policía en activo, presumía de estar en disposición de conseguir, en una acción según palabras "más ilegal que una patata", un documento tributario de carácter confidencial que Hacienda solo puede entregar bajo orden judicial: el Modelo 347 de Balder, el despacho montado por los socios disidentes. Esta declaración es clave para soportar o dar realismo una denuncia de Herrero a Balder por competencia desleal, pues el Modelo 347 es nada menos que la declaración anual obligatoria que se envía a la Agencia Tributaria de los clientes y proveedores de una empresa, que incluye identidad de los mismos y las cuantías facturadas.

"Es un comentario que hizo que a lo mejor ahora, sacado de contexto, no resulta apropiado", ha declarado la mano derecha de Villarejo, quitándole hierro para enmarcarlo a continuación en una "charla de comercial" con los clientes.

En este punto, el fiscal ha querido saber por qué no advirtió a Villarejo sobre lo que estaba diciendo, a lo que Redondo ha contestado que, si bien eran "tonterías", "nunca" se le habría ocurrido, para a continuación descargar en su jefe, el comisario jubilado, toda la responsabilidad en todos los proyectos que se contrataban, añadiendo que a las reuniones con los clientes iba "para acompañarle, darle apoyo en las labores de marketing, para dar la impresión de una empresa más sólida" pero "no para discutirle". En esta estrategia de defensa de desmarque, ha venido en su ayuda el fiscal De Rivas cuando le ha cuestionado sobre palabras específicas de Villarejo a los socios de Herrero & Asociados acerca del trato preferente que tendrían sus problemas judiciales (entre los que se encontraba el Caso Emperador, tema recurrente en sus conversaciones como informó Público en exclusiva) por parte de la Policía Nacional debido a su influencia personal en este cuerpo; lo que explicó como factor determinante en el devenir de los procesos judiciales que les atañían.  

"Fanfarronería" o "marketing"

La capacidad de llegada de Villarejo a las fuerzas de seguridad, fiscales y jueces era el reclamo comercial principal que el comisario hacia constar en las propias webs de sus empresas con centro en la investigación y gestión de crisis, un hecho que Redondo ha obviado en su declaración en el juicio, y del que se ha desmarcado cuando ha manifestado que "Villarejo ya ha explicado que, a veces, para vender una imagen de empresa o unas capacidades que él mismo ha reconocido que no tenía, pues (hacía) lo que otras personas han llamado fanfarronería o él lo llamaba marketing".

Ha remarcado también que hay frases, como la mencionada por el fiscal, que ha escuchado "infinidad" de veces de boca de Villarejo, pero que no se correspondían con la "realidad" del trabajo de Cenyt. "Lo importante es el trabajo que se realizaba día a día, y en el trabajo que he hecho día a día durante muchísimos años no había esas cosas", ha recalcado el socio del comisario jubilado, siendo que la documentación incautada sobre este proyecto (y muchos otros del pasado para otros clientes) tanto a Villarejo como al propio Redondo en su domicilio y despacho indica lo contrario.

Igualmente, ha indicado que era un "discurso frecuente" de Villarejo que contara que había sido comisario, pero asegura que siempre dejaba claro a los clientes "que ya no estaba en activo" (otra afirmación que entra en colisión con lo que se puede escuchar en las conversaciones grabadas por el propio comisario con sus clientes). Consciente de la existencia de dichas grabaciones, Redondo ha renegado en particular de una presentación que Cenyt habría hecho a Herrero & Asociados en su primera reunión (grabada también), donde se hacía patente que la vinculación policial de Villarejo y sus relaciones con jueces funcionaba a la vez ante el cliente de aviso y de reclamo para la consecución del contrato de colaboración para apoyarles en sus problemas judiciales.

Redondo también se ha desvinculado de los archivos mostrados por el fiscal De Rivas que evidenciarían irregularidades, como acceso a bases de datos restringidas (del Censo, de la Agencia Tributaria, y de sumarios en instrucción, como el caso Emperador según se desprende de la documentación incautada al comisario) no reconociendo esos documentos como suyos. 

En su línea de defensa de desmarque del rol de Villarejo como policía en activo, Redondo ha señalado que el comisario les decía que, cuando empezó a trabajar por su cuenta, hizo uso del modus operandi de la Policía, pero que con el tiempo había desarrollado su propio método. Lo que no ha dicho Redondo es en qué consistía este "método propio": basado en obtención de información reservada de manos de la Policía para luego usarla o revenderla con fines de lucro; el trabajo lo facturaban las empresas de Villarejo pero lo hacía la Policía. Así lo explicó el propio Villarejo en 2008, cuando, junto a Jose Luis Olivera (entonces Jefe de la Udief), comentaba al inspector jefe en segunda actividad Antonio Giménez Raso su papel y futuro cometido como socio y empleado suyo: intermediario en la recogida de información de manos de la Policía.

El lugarteniente de Villarejo ha restado veracidad a audios y documentación que les fue incautada, subrayando que su defensa ha impugnado las conversaciones grabadas y los papeles intervenidos durante los registros policiales (que constituyen uno de los ejes probatorios de estas tres piezas y del conjunto de Tándem), agarrándose a la tesis del comisario de que o bien han sido manipulados o bien han sido "sembrados" (en el argot policial, la introducción maliciosa de una prueba en un registro) por los investigadores o por "el CNI" (el sempiterno enemigo imaginario que el comisario y sus afines construyen como estrategia de defensa).

Pintor: desprestigiar a una persona ya totalmente desprestigiada

Antes de Redondo, han comparecido los detectives privados subcontratados por Villarejo para el proyecto Pintor Thew que, según la versión de todos los implicados (Villarejo, clientes y contratados) y única contemplada por el juez Manuel García Castellón, el trabajo se redujo a desactivar un antiguo procedimiento fiscal por uso de facturas falsas que se instruía en Sevilla desde 2007. El procedimiento iba contra Fernando Muñoz Támara, cuñado de la periodista Ana Rosa Quintana, como administrador de la empresa receptora de las facturas, y contra un empresario llamado Mateo Martín Navarro, como articulador de la emisión de las mismas. Según esta versión, el encargo tenía un doble objetivo: o bien anular una prueba principal contra los Muñoz  logrando que Martin Navarro se desdijera de la confesión que realizó a Hacienda al inicio del proceso, o bien que el empresario afrontara el pago de su parte en la multa (alrededor de un millón y medio de euros). Para ello, planean presionar con amenaza de desprestigio a su ultimo letrado defensor, el entonces ya famoso y desprestigiado ex juez Francisco Javier de Urquia, expulsado de la carrera judicial por favorecer a imputados (supuestamente a cambio de precio) en un caso de blanqueo que instruía en la costa del sol (Operación Hidalgo).

La pieza Pintor Thew fue analizada por Público,  concluyendo en que el caso de Sevilla, calificado por los Muñoz Tamara de "tema gordo penal", inminente y gravoso en términos de multa (y, por tanto, justificativo de la contratación de Villarejo),  ni era "gordo penal", ni inminente, ni gravoso: llevaban retrasando el juicio durante años sin problema con argucias de cambio de abogados (definidas como "guarrerías" por el abogado de los Muñoz). El asunto termina, como casi todos los de esta índole, con un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y Hacienda y una multa (la mitad ya pagada) asumible para la caja que maneja el grupo constructor-inmobiliario de los Muñoz Támara.

En otras palabras: en la primavera de 2017 el asunto fiscal sevillano no justificaba el riesgo reputacional que corrieron los Muñoz Tamara y Ana Rosa Quintana requiriendo los servicios del ya entonces comisario más famoso de España (incluyendo reuniones a la vista de todos en restaurantes concurridos de postín). Pero había otro procedimiento contra los hermanos que sí podía justificar ese riesgo: el caso Marchelo, procedimiento que se instruía en un juzgado de la Calle Pintor Juan Ruiz, de la localidad granadina de Santa Fe, en el que se pedían largos años de cárcel para miembros de la familia Muñoz. La contratación de Villarejo coincidió en el tiempo con la tramitación de un recurso crucial puesto por los Muñoz en ese procedimiento. 

No obstante lo anterior, entre la documentación incautada figuran documentos que escenifican un espionaje al exjuez Urquía en busca de pruebas de una vida personal licenciosa que ha sido reconocido por la detective contratada, Nuria Morales, y otro dos subcontratados por ésta, Elisa Gabán y Juan Manuel León Leiva, para la ejecución propiamente dicha. Todos están procesados. 

La detective Morales ha seguido la línea de defensa general que adoptan algunos acusados o imputados: que Villarejo se les presenta como "agente encubierto" (sin que de momento exista la mínima constancia de que tuviera semejante condición), que dice que usa Cenyt como "una empresa tapadera que realiza investigaciones para el Estado". La detectiva ha añadido que le pagó en negro y que todo ello la llevó a pensar que todo era legal y trabajaba para el Estado: "Y yo, sabiendo que era un tema legal, que estaba legitimada, no quería preguntar más",  ha manifestado.

La detective también, ha echado un doble capote a Villarejo: de un lado, ha corroborado su declaración en la que dijo que el asunto del marido y el cuñado de Ana Rosa Quintana fue un favor de amigos y no un encargo profesional, y de otro, le ayuda a alegar la tan cacareada (y falsa) compatibilidad de la actividad privada de Villarejo, dando a entender que sus negocios eran conocidos por todos. Sobre esto último, Nuria Morales ha explicado al juez que conocía "de oídas" al comisario ya antes de la reunión personal que tuvo con él en 2017 en su oficina de la planta 9 de la Torre Picasso de Madrid, porque era una "referencia" de la "investigación privada" en España.

Los otros detectives imputados, Elisa Gabán y Juan Manuel León Leiva, han realizado una exposición en una línea similar a la de ésta, incidiendo en que se les subcontrató para un trabajo "amparado" por las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, y han ofrecido a la sala múltiples detalles del supuesto espionajes (como, por ejemplo todo lo relativo al uso de cámaras en cuartos de baños y pubs, todo recogido y destacado con profusión por los medios afines al comisario y sus colegas).