El salario mínimo ha sido tradicionalmente uno de los últimos asuntos abordados por el diálogo social al final de cada año. El Ministerio de Trabajo dará este martes el pistoletazo de salida a las negociaciones con una reunión a la que se ha convocado a las principales asociaciones sindicales (Comisiones Obreras y UGT) y a la patronal (CEOE y Cepyme).

Este será el primer encuentro en el que se aborde el salario mínimo de cara a 2021, y la disyuntiva y la apuesta de cada actor en esta cuestión son claras: el Ministerio dirigido por Yolanda Díaz y los sindicatos apuestan firmemente por una subida, mientras que la patronal aboga por congelar el SMI el próximo año debido a las consecuencias económicas del coronavirus.

Aunque a esta primera reunión Trabajo no llevará una propuesta y se limitará a escuchar las posiciones de los sindicatos y del empresariado, el ministerio tiene claro que defenderá la subida, y Díaz ha lanzado importantes mensajes en la última semana en este sentido. Son varios los argumentos que ha esgrimido, y que van desde compartir la dinámica del resto de países europeos, que han cerrado acuerdos para subir sus salarios mínimos en plena pandemia, hasta la necesidad de no dejar atrás a los trabajadores asalariados después de la subida del sueldo de los trabajadores públicos y de las pensiones.

Uno de los mensajes más repetidos por la ministra es que el SMI se ha subido todos los años y con todos los gobiernos en 42 años de democracia, con una sola excepción: la congelación que llevó a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, duramente criticada en ese momento por el PSOE.

La apuesta por subir el salario mínimo es compartida con los sindicatos, que desde hace semanas están poniendo este asunto sobre la mesa, sobre todo después de que la patronal advirtiese de que no está de acuerdo con el incremento salarial. Aunque las posiciones están claras, no sucede lo mismo con las propuestas: Trabajo defenderá una subida, pero, al menos de momento, no se ha puesto por parte del ministerio ninguna cifra encima de la mesa.

Sí que se ha apelado a la cifra del 0,9% que representaron los incrementos del sueldo de los funcionarios y de las pensiones públicas, y también a la necesidad de "acompañar" estas subidas para "no dejar a ningún trabajador atrás" y que nadie pierda poder adquisitivo mientras se sufren las consecuencias económicas de la covid-19.

Los sindicatos plantearán una propuesta conjunta

Los sindicatos sí que han puesto sobre la mesa propuestas concretas, aunque han diferido en un principio. Desde UGT se pidió elevar el SMI a 1.000 euros, una cifra relevante, ya que se trata de uno de los compromisos adquiridos por el PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de coalición. Sin embargo, este objetivo está fijado a "largo plazo", concretamente a lo largo de la legislatura, y el Ejecutivo ya viene de protagonizar dos importantes subidas en apenas dos años (primero a 900 euros, en diciembre de 2018 y con el Gobierno socialista, y después a 950 euros, en enero de este año y con el Ejecutivo de coalición).

Comisiones Obreras, al igual que Trabajo, tampoco planteó una subida concreta, aunque se insistió en que el incremento debería ser, al menos, igual que el que experimentaron este año el salario de los trabajadores públicos y de las pensiones, es decir, del 0,9%. Este lunes ambos sindicatos se encontraban ultimando una propuesta conjunta para llevar el martes a la mesa de diálogo, donde es muy probable que planteen una cifra concreta, según avanzaron fuentes sindicales.

Fuentes del ministerio dirigido por Díaz insisten en que en esta primera reunión se limitarán a recoger las posiciones y propuestas de los agentes sociales, y que será en posteriores encuentros donde se pueda poner sobre la mesa un contenido concreto, más allá de una posición que defiende la subida.

La del salario mínimo interprofesional será una de las últimas negociaciones de un diálogo social que este año ha alumbrado acuerdos como el de los ERTE. Otros asuntos que Trabajo, patronal y sindicatos tienen pendientes de resolución y cuyas conversaciones están avanzadas son la regulación de los denominados riders (que se aborda en la mesa de plataformas digitales y que en estos momentos sufre un estancamiento) y la definición de las denominadas políticas activas de empleo.

Tras esto, el próximo año se abordarán cuestiones tan relevantes como la derogación de la reforma laboral o la reforma de la jornada laboral para modificar las leyes y usos con el objetivo de acercar trabajo y conciliación.