El Estado español ha elegido la senda del olvido para abordar la cuestión saharaui. No es de extrañar. Lo que ha sucedido en el Sáhara Occidental en estos últimos 45 años ha sido un problema que ha generado -y genera- una incomodidad patente en las esferas de poder del país. Las delicadas relaciones con Marruecos han sido siempre un freno a cualquier solución al conflicto y un factor clave en tímido papel que ha jugado España, siempre inclinada a barrer este tema debajo de la alfombra.

Por eso, la decisión del Tribunal Supremo de no considerar a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1975 –año en el que España abandonó deprisa y corriendo el territorio del Magreb– no tienen derecho a la nacionalidad española es algo más que el enésimo golpe contra la capacidad de resistencia saharaui. Es la constatación del desentendimiento de España de una cuestión de la que es directamente responsable.

Así lo entiende Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en España, movimiento de liberación del pueblo saharaui, quien ha asegurado a Público que se trata de un dictamen "sorprendente" del Alto Tribunal. "Es un derecho que corresponde a cualquier saharaui", ha afirmado. Aunque considera que "lo más preocupante" de esta decisión es que "se intenta eludir una responsabilidad histórica del Estado español".

Porque España, pese a sus intentos de ceder la administración del territorio a Marruecos y Mauritania en 1975, sigue siendo a ojos de la ONU la potencia administradora del Sáhara Occidental. Pero, a tenor de lo visto en la sentencia del Supremo, no existe demasiado interés en inmiscuirse para buscar una salida al conflicto en forma de referéndum.

Para Arabi no se puede "negar el derecho a la nacionalidad a un pueblo que ha formado parte de España, que ha tenido representantes en las Cortes y que ha tenido pasaportes nacionales españoles". Hasta ahora, las sentencias de los tribunales reconocían el derecho de estas personas a acceder a la nacionalidad española.

Eso sí, no sin grandes dificultades. El hecho de que España no reconozca a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) supone una traba importante para todos aquellos que quieran recuperar su nacionalidad española a la hora de presentar los documentos pertinentes que les permitan acceder a ese derecho.

El rechazo a la sentencia del Supremo también ha llegado desde la sociedad civil española. La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS), por boca de su presidente Pepe Taboada, ha calificado como "un nuevo atropello" contra el pueblo saharaui. "Es una nueva conspiración contra los saharauis. La primera fue en 1975, con la firma de los Acuerdos de Madrid, con los que se quería borrar al pueblo saharaui de su tierra", advierte a Público sobre el tratado que firmó España en el que repartía la administración del territorio junto a Marruecos y Mauritania.

"Los saharauis tenían todos los derechos y obligaciones, como cualquier provincia española", recuerda Taboada, que señala a los magistrados del Alto Tribunal. "De la noche a la mañana, quieren cortar todos esos lazos, esa Memoria Histórica", apunta el dirigente de CEAS.

El rastro de la provincia 53

En su sentencia, el Supremo basa su decisión en que el Sáhara Occidental nunca adquirió el rango de provincia. Para ello, se apoya en las leyes del régimen franquista que se aprobaron para posibilitar la salida española del continente africano y en las que se afirma que el territorio saharaui poseía "un régimen peculiar con analogías al provincial".

Sin embargo, existen voces que han aducido que el Sáhara sí formó parte de las provincias españolas. Es el caso del periodista y escritor saharaui Ali Salem Iselmu, quien afirma que la decisión de tribunal "no es coherente" con la historia que une a ambos territorios. "Había una población censada con documentación española", argumenta Salem, que también señala que el Estado español disponía de dos sedes del Registro Civil en territorio saharaui.

De la misma opinión es Raabub Mohamed Lamin, para quien este último parecer de la Justicia española es un intento de "sacudirse la responsabilidad" por todo lo sucedido desde el abandono del Sáhara. "La historia de España y todos los españoles son testigo de que todos los saharauis teníamos DNI español", resalta.

Precisamente los documentos de la época suponen otro de los grandes argumentos a la hora de defender el estatus de provincia del Sáhara Occidental. Muchos saharauis, entre ellos Salem Iselmu, conservan documentos de identidad, pasaportes o libros de familia que atestiguan su nacionalidad española. "Los hechos y la realidad superan a la propia sentencia", asevera el escritor.

Lo cierto es que incluso en la tumultuosa salida española de los territorios saharauis se reconoció el derecho de sus habitantes a acceder a la nacionalidad. Según el Real Decreto 2258/1976 del 10 de agosto, se establecía que “optar por la nacionalidad” los naturales del Sahara que residían en el territorio nacional, así como los que estuvieran fuera del mismo.

El problema es que para entonces la retirada española ya se había hecho efectiva, Marruecos ya había ocupado la región y muchos saharauis se encontraban o luchando o huyendo de las tropas marroquíes. "Desde un principio se obró y se actuó mal", denuncia Salem Iselmu, que considera que existen "intereses políticos" para que se siga actuando de la misma forma 45 años después.

La situación se vuelve especialmente dolorosa cuando se compara con el trato dado con España con otros pueblos. Es el caso de los sefardíes, los descendientes de los judíos españoles expulsado de la península por los Reyes Católicos. En 2015 y tras cinco siglos, el Ejecutivo de Mariano Rajoy les devolvía la nacionalidad española, mientras que los saharauis son sistemáticamente ninguneados y se topan con trabas para acceder a ese mismo derecho.

Ante este agravio comparativo surge una pregunta: ¿por qué es diferente para los saharauis? "Existe una complicidad entre España y Marruecos para mantener esta ocupación, porque aquí hay mucha gente que se está beneficiando de esta cuestión", sentencia Mohamed Lamin.