La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 11 años y 4 meses de prisión y multa de más de 6,5 millones de euros a la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla Bielsa, por delitos continuados de cohecho pasivo, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y prevaricación, delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación y fraude a la Administración, con la atenuante de dilaciones indebidas, en relación a varias operaciones urbanísticas y adjudicaciones irregulares realizadas en dicho municipio entre finales de los años 90 y 2009.

El alto tribunal mantiene básicamente las conclusiones de la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 25 de junio de 2019, en la investigación sobre la corrupción urbanística que fue objeto del caso. En cuanto al fallo de la Audiencia, la condena a Pinilla, que fue de 16 años y 1 mes, se reduce en cuatro años y nueve meses al resultar absuelta de los delitos de tráfico de influencias y fraude de subvenciones, y del de fraude a la Administración en una de las operaciones de la causa.

El Supremo destaca la gravedad de la corrupción urbanística que, como se expresa en la sentencia impugnada, aunque no constituya un delito con esa denominación específica, tiene lugar "mediante la ejecución de hechos que, generalmente, pueden ser constitutivos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho", y subraya que "es indiscutible que el sistema democrático se resiente cuando quienes alcanzan cargos públicos, por elección o por nombramiento, emplean para el lucro personal, de la clase que sea, las potestades y poderes que se les confieren para la satisfacción del interés general". La sentencia de TS confirma las condenas por responsabilidad civil, que incluyen el pago por la exalcaldesa al Ayuntamiento de La Muela de más de 1,5 millones de euros, y a la Hacienda Pública de casi medio millón de euros.

Más acusados

El TS confirma la condena de 8 años de inhabilitación y multa de 1.440 euros impuesta por la Audiencia Provincial al exconcejal de la Muela, Fernando Miguel Barba, por delitos continuados de prevaricación administrativa y falsedad documental por imprudencia.

Reduce la pena a Antonio Fando, el representante de la empresa a la que el Ayuntamiento adjudicó el servicio de abastecimiento de aguas en 2007, y absuelve de un delito continuado de fraude a los constructores Julián de Miguel Ortega y Juan Ignacio Unsain Azpiroz. También ha sido absuelto de un delito contra la Hacienda Pública David de Miguel Santander, copropietario de una inmobiliaria.

Viajes al Caribe para los vecinos

La trama de corrupción que ha girado en torno al Ayuntamiento de La Muela está marcada por un ingente desarrollo urbanístico durante los años de la burbuja inmobiliaria. La localidad pasó de tener 1.008 vecinos en 1996 a casi 5.000 en 2009, cuando comenzaron las investigaciones bajo la operación Molinos. 

En aquellos años, se produjeron sobornos, tráfico de influencias y pelotazos económicos. El Consistorio llegó a costear viajes al Caribe a los vecinos. Se edificó una plaza de toros en la que llegó a actuar Julio Iglesias en unas fiestas del municipio. El caso implicó a la familia de la entonces alcaldesa, a sus concejales, del PAR,  y a empresarios de la construcción ya mencionados.